La referente de la CTAA y asesora de ATE Misiones, Roxana Rivas no dudó en calificar a la iniciativa de “instrumento de persecución”, porque otorga facultades propias del juez, al fiscal especializado en ciberdelitos, “cuando nuestro sistema no lo prevé, siendo por tanto inconstitucional e ilegal”.
En su análisis del proyecto impulsado por el diputado provincial Carlos Rovira y otros legisladores de la Renovación en la Legislatura de Misiones, para crear una fiscalía especializada en ciberdelitos en Misiones, la abogada Roxana Rivas advirtió que se trata de una iniciativa inconstitucional e ilegal, que va a transformarse en un “instrumento de persecución” política en manos del Estado provincial.
“Hay demasiadas facultades que no son propias de la justicia penal, que se supone que es justamente la que pone limite al poder punitivo del Estado, por eso siempre actúa sobre los hechos”, explicó Rivas sobre el proyecto impulsado por Rovira y sus pares renovadores Héctor Rafael Pereyra Pigerl, Anazul Centeno, Karen Victoria Fiege Wutzke, José Luis Pastori y Yamila Lisette Ruiz (MC), con aportes de la diputada radical Lilia Noemí Torres.
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Las críticas de Rivas, se suman a las del penalista Eduardo Paredes y varios abogados del fuero local, que advierten sobre la inconstitucionalidad de la norma, que inclusive contiene graves errores de redacción. Asimismo, cabe destacar que el bloque de diputados provinciales del PRO anticipó que votará en contra del proyecto, porque los artículos 6, 7 y 10 del proyecto, “son inconstitucionales”, “atentan contra la libertad de expresión” y crean la figura del “agente encubierto” digital, que “puede ser utilizada con fines persecutorios, en lugar de procurar justicia”.
En diálogo con el portal www.radioup.com.ar, Rivas mencionó que el inciso 2 del artículo 4, sobre las funciones de la fiscalía en ciberdelitos, es, como mínimo, peligroso. El inciso que sostiene que una de las funciones del organismo será el “Análisis y Prevención: monitorear y analizar tendencias emergentes en ciberdelincuencia para anticipar nuevos tipos de delitos; desarrollar programas de prevención y concienciación sobre delitos cibernéticos para la ciudadanía y las empresas”.
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De acuerdo con Rivas, ese inciso “principalmente es riesgoso”, porque “¿en que contexto hacen ese análisis? ¿Para qué? ¿Con autorización de quién y bajo que parámetros? ¿Qué es anticipar nuevos delitos? Es muy abierto todo y puede dar lugar a la arbitrariedad”, alertó la abogada sobre la ambigua función de “prevenir delitos cibernéticos” por medio del “monitoreo” de las redes sociales y los aparatos electrónicos como celulares, tablets y computadoras.
En tanto, sobre el cuestionado artículo 6 del proyecto de la llamada “ley mordaza” que impulsa Rovira y la Renovación en la Legislatura, Rivas mencionó una serie de graves falencias técnico – jurídicas. Los autores del proyecto sostienen en el artículo en cuestión, que el “Fiscal de Instrucción Especializado en Ciberdelitos, en cuanto la premura del caso lo requiera, queda facultado para disponer el inmediato secuestro y reserva de los dispositivos móviles, informáticos, electrónicos o cualquier otro en virtud de que existan sospechas fundadas de que hayan sido utilizado para premeditar, realizar, ocultar o encubrir el delito, para su análisis, resguardo y recolección de material probatorio. A tal fin podrá solicitar la colaboración de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (S.A.I.C.)”.
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“En nuestro sistema penal, cualquier secuestro necesita la autorización del juez”, aclaró Rivas, sobre las facultades inconstitucionales que la norma otorga al fiscal especializado en ciberdelitos.
De acuerdo con Rivas, con este proyecto se “le está dando facultades jurisdiccionales –propias del juez– al fiscal cuando nuestro sistema no lo prevé, siendo por tanto inconstitucional e ilegal. (El artículo 6) viola el principio del juez natural. Nuestro sistema no es acusatorio por tanto el fiscal no puede hacer mucho, más bien nada, solo proponer medidas e impulsarlas, pero siempre con orden u autorización judicial”, subrayó la abogada.
