En la continuidad de la polémica que se cierne sobre el gobierno de Misiones por la implementación de agroinsumos no aprobados, se sumó la denuncia del presunto desvío de fondos nacionales destinados a la compra de éstos.
En este sentido, Fernando Acosta, abogado patrocinante en la causa, dialogó con Radio Up 95.5 durante el ciclo “El País de la Libertad” y expuso los detalles de esta controversia, que ya ha sido llevada a los tribunales federales en Comodoro Py por el diputado Miguel Nuñez.
Según apuntó el abogado, “la denuncia se originó a partir de una investigación llevada a cabo por el diputado provincial Miguel Núñez”. Además, el abogado indicó que la documentación recopilada sugiere que los fondos utilizados para adquirir productos de la empresa Agro Sustentable provendrían del Fondo Especial del Tabaco (FET), un recurso nacional con afectación específica. “Estos fondos fueron destinados a la compra de un producto fitosanitario sin la correspondiente aprobación por parte del SENASA”, subrayó Acosta.
Uno de los puntos más controvertidos de la denuncia es la rapidez con la que se aprobó el uso de los insumos adquiridos. Acosta explicó que “el decreto 386 del gobernador, fechado el 19 de abril de 2023, encomendó a tres ministerios—el del Agro, Ecología y Salud Pública—la investigación y evaluación de este producto. Sin embargo, apenas dos días después, el 21 de abril, el Ministerio de Ecología ya había aprobado su utilización, lo cual es sumamente llamativo”.
En tanto, el abogado cuestionó la credibilidad de los ensayos realizados en tan corto tiempo: “No es creíble que en un día y medio se hayan realizado todos los ensayos necesarios y se haya llegado a la conclusión de que eran satisfactorios. Además, en el expediente del Ministerio de Ecología no hay ninguna constancia de que se hayan realizado estos ensayos”.
Leé también: “Fui a Comodoro Py, porqué siento que en Misiones no hay garantías” dijo el diputado Miguel Nuñez
Fondos nacionales, competencia federal
La gravedad de las acusaciones radica en que, si se confirma el desvío, podría tratarse de un caso de malversación de fondos, lo que justifica la intervención de la justicia federal. “Estamos hablando de recursos nacionales que, al menos según la información que presentamos, fueron destinados a un uso que no estaba claro”, explicó Acosta. “La competencia federal se justifica porque se trata de un supuesto desvío de fondos nacionales”.
Por otro lado, Acosta reveló que la denuncia incluye “grabaciones y actas que comprueban la utilización de los fondos del FET”. Sin embargo, enfatizó que ahora corresponde a la fiscalía federal corroborar esta información: “Lo que nosotros presentamos es información, el fiscal tiene que investigar y probar todo esto. Si se comprueba, entonces se identificará a los responsables y se procederá con la acusación”.
El caso ha generado un fuerte debate sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos en Misiones. Acosta dejó en claro la importancia de la investigación: “Esto se trata de fondos públicos, ya sean nacionales o provinciales. Como tal, el manejo de estos recursos debe ser claro y brindar información, porque son fondos de todos, no del poder”.
La denuncia contra el gobierno de Misiones, que ha prohibido el uso del glifosato mientras promueve los bioinsumos, abre una nueva arista en la discusión sobre la regulación de agroquímicos en la provincia. “La judicialización de estas medidas es un reflejo de los intereses afectados y la complejidad del tema”, concluyó Acosta.
