La reducción de la pobreza se convirtió en uno de los principales argumentos económicos y políticos del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, un nuevo informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) introduce un elemento que obliga a revisar el alcance de esa mejora: cuando se modifican algunos de los criterios utilizados para medir los ingresos familiares y el costo de vida, la caída del indicador prácticamente desaparece.
El trabajo del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) reconstruyó la evolución de la pobreza y la indigencia entre 2018 y el segundo trimestre de 2026 mediante dos ajustes metodológicos. El resultado es significativo: bajo una medición alternativa, la proporción de personas empobrecidas permanece prácticamente en el mismo nivel que antes de la llegada de Milei a la Casa Rosada.
La comparación entre el segundo trimestre de 2023 y el mismo período de 2026 permite observar la distancia entre las estadísticas oficiales y los escenarios elaborados por la UCA. Mientras el INDEC registró una caída de la pobreza del 41,3% al 34,4%, equivalente a 6,9 puntos porcentuales, la variante menos exigente del estudio universitario mostró una modificación marginal: pasó del 37,7% al 37,5%.
En la segunda alternativa, que contempla una canasta de mayor costo, el resultado es todavía más desfavorable: la pobreza subió del 40,8% al 42,4%.
La diferencia tiene implicancias que exceden una discusión técnica. En un escenario donde el Gobierno presenta la reducción de la pobreza como uno de los principales resultados de su programa económico, la actualización de los parámetros estadísticos modifica considerablemente la lectura de esos números. La recuperación que exhiben las cifras oficiales pierde magnitud cuando se incorporan otros criterios para evaluar cuánto necesitan los hogares para sostener sus condiciones de vida.

Los cambios metodológicos detrás de la discusión
El informe, elaborado por los investigadores Agustín Salvia y Alejo Giannecchini, identifica dos aspectos que inciden en la comparación histórica de los indicadores sociales.
El primero está relacionado con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, el relevamiento que recoge información sobre los ingresos de las familias. Según el análisis de la UCA, durante 2024 y 2025 se produjo una mejora significativa en la captación de esos recursos, una modificación que puede explicar parte de la reducción de las tasas oficiales de pobreza e indigencia.
La encuesta comenzó a registrar con mayor precisión ingresos que anteriormente podían quedar fuera de las respuestas de los hogares. Entre ellos aparecen prestaciones y transferencias sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, el Potenciar Trabajo, las pensiones y las becas.
La incorporación de esos recursos permite obtener información más completa sobre los ingresos familiares. El problema aparece cuando se comparan períodos en los que los cuestionarios no tenían el mismo nivel de detalle. Si una encuesta registra mejor determinados ingresos que otra, la evolución de la pobreza puede reflejar tanto cambios en la situación económica como diferencias en la manera de relevarla.
El segundo aspecto corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), el conjunto de bienes y servicios que determina el umbral de ingresos necesario para que un hogar no sea considerado pobre.
Actualmente, el INDEC utiliza una estructura de gastos basada en la encuesta de 2004/2005. La UCA propone actualizarla con información de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018, que refleja patrones de consumo más recientes.
Se trata de la misma encuesta que estaba prevista para actualizar la metodología del índice de inflación, cuya implementación fue suspendida por el Gobierno.
La discusión resulta especialmente relevante porque los hábitos de consumo y la distribución de los gastos familiares cambiaron con el paso de los años. Una canasta construida sobre patrones de consumo de hace más de dos décadas puede ofrecer una representación limitada de las necesidades actuales de los hogares.
Una canasta más cara modifica el mapa de la pobreza
A partir de las modificaciones, el ODSA elaboró dos escenarios para observar cómo cambia el resultado de la pobreza según el valor de la canasta utilizada.
La primera alternativa, identificada como V1, establece un umbral de gasto menos exigente. La segunda, V2, utiliza una canasta de mayor costo y requiere ingresos más elevados para que un hogar quede por encima de la línea de pobreza.
En el ejemplo de una familia integrada por dos adultos y dos niños, la Canasta Básica Total oficial utilizada en la comparación se ubicaba en torno a los 1.690.000 pesos. Con la actualización propuesta por la UCA, ese valor ascendía a 1.911.876 pesos en la primera variante y a 2.073.930 pesos en la segunda. La diferencia es considerable. Un hogar que supera el umbral establecido por la medición oficial puede quedar por debajo de la línea de pobreza cuando se incorporan otros patrones de consumo y un costo mayor de los bienes y servicios necesarios para sostener sus condiciones de vida.
Detrás de esa discusión aparece otra dimensión de la crisis económica: la distancia entre los ingresos disponibles y los gastos que deben afrontar las familias. La CBT tiene una importante participación de los alimentos, mientras que durante los últimos años los servicios públicos registraron fuertes incrementos y ganaron peso en los presupuestos domésticos.
Así, el hecho de que los ingresos permitan cubrir estadísticamente una canasta determinada no necesariamente significa que una familia tenga margen económico para afrontar el conjunto de sus obligaciones. Las tarifas, el transporte, el alquiler y otros gastos condicionan la capacidad real de consumo.
La recuperación desde 2024 perdió fuerza durante el último año
El informe también reconoce que hubo una reducción de la pobreza respecto del momento más crítico de 2024. Las tres series analizadas registraron una mejora desde el máximo alcanzado durante el primer semestre de ese año, cuando la medición oficial llegó al 52,9%.
Sin embargo, la magnitud de esa recuperación cambia considerablemente según el método utilizado. Entre el segundo trimestre de 2024 y el mismo período de 2026, la pobreza disminuyó 16,6 puntos porcentuales según el INDEC. En las estimaciones alternativas de la UCA, las reducciones fueron de 10 puntos en la V1 y de 8,6 puntos en la V2.
El otro dato que sobresale es que la tendencia volvió a deteriorarse durante 2026. Entre los segundos trimestres de 2025 y 2026, la pobreza aumentó en las tres mediciones.
En la estadística oficial pasó del 31,8% al 34,4%. En la alternativa V1 subió del 35,3% al 37,5%, mientras que en la V2 avanzó del 39,5% al 42,4%.
La coincidencia entre las tres series en este último movimiento constituye un dato relevante. Más allá de las diferencias en los criterios de medición, todas muestran que la pobreza volvió a crecer durante el último año analizado.
De esta manera, la recuperación que el Gobierno exhibe a partir de la comparación con el pico de 2024 convive con un deterioro más reciente y con una discusión sobre cuánto representa realmente la reducción acumulada desde el comienzo de la gestión.
La discusión estadística también es una discusión sobre las condiciones de vida
Los investigadores de la UCA aclararon que sus ejercicios no tienen como objetivo establecer una nueva tasa de pobreza ni sustituir las estadísticas publicadas por el INDEC. La intención es evaluar cuánto inciden los cambios en los instrumentos estadísticos sobre la interpretación de la evolución social.
En la presentación del trabajo, los autores explicaron: "Ninguno de los ajustes busca reconstruir ingresos verdaderos ni reemplazar la medición oficial. Son pruebas de sensibilidad transparentes y revisables".
También advirtieron que las comparaciones deben interpretarse considerando los límites de la información disponible. El segundo trimestre de 2023 funciona como referencia para contrastar los resultados con el mismo período de 2026, pero no representa necesariamente la situación registrada en diciembre de ese año. Además, el estudio no establece una relación causal entre las diferencias encontradas y una administración gubernamental o una política económica determinada.
El aporte del informe está en mostrar que los indicadores sociales también dependen de las herramientas utilizadas para medirlos. Una actualización de los ingresos relevados y de los bienes y servicios que componen la canasta modifica el diagnóstico sobre la pobreza y, con ello, la dimensión de la recuperación que puede atribuirse a la política económica.
Mientras el Gobierno destaca que millones de personas habrían salido de la pobreza, el ejercicio de la UCA plantea un escenario bastante menos favorable: con parámetros alternativos, la pobreza permanece prácticamente en los niveles de 2023 y, bajo una canasta más exigente, incluso aumenta.
La diferencia entre los dos diagnósticos vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central para la economía argentina: cuánto mejoraron efectivamente las condiciones de vida de los hogares y cuánto de la reducción que muestran las estadísticas responde a la forma en que se construyen los indicadores.
AFAMI presentó un proyecto para reducir las asimetrías de Misiones: “Las inversiones están yendo a Paraguay y Brasil”
https://t.co/qkyuhyS8PQ https://t.co/8ZxaseCo10— Radio Up (@radioupar) November 16, 2026



//



