La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) rechazó la nueva etapa de concesiones privadas de rutas nacionales impulsada por el Gobierno de Javier Milei y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para el funcionamiento de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
A través de un pronunciamiento, el gremio calificó la iniciativa como “la entrega de las rutas” y cuestionó la incorporación de 27 trazas nacionales de 16 provincias a la Red Federal de Concesiones. El planteo surgió luego de la publicación del Decreto 1358/2026, que habilita una nueva etapa de licitaciones públicas bajo el sistema de peajes.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, contempla las rutas nacionales 3, 9, 11, 12, 14, 16, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 50, 60, 81, 86, 89, 120, 121, 122, 151, 152, 158, 228, 237 y la autopista A0017.
El decreto establece que el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, tendrá un plazo de 12 meses para convocar a licitaciones nacionales e internacionales. Las futuras concesiones podrán incluir la construcción, reparación y mantenimiento de las rutas, además de su explotación mediante peajes y otras actividades complementarias que generen ingresos.
Todavía resta definir qué tramos específicos de cada corredor formarán parte de las concesiones.
Desde FEPEVINA también cuestionaron las facultades que tendrá la Secretaría de Transporte, que podrá determinar los tramos, aprobar los pliegos, conformar las comisiones evaluadoras, adjudicar las licitaciones y firmar los contratos. Para la federación, esa concentración de atribuciones reduce los controles sobre las decisiones vinculadas con la infraestructura vial.
Peajes elevados o menos obras: la advertencia del gremio

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la cantidad de vehículos que circulan por algunas de las rutas incluidas en el nuevo esquema. Según FEPEVINA, existen trazas con un tránsito estimado de apenas 2.000 a 3.000 vehículos diarios, una circulación que dificultaría sostener las concesiones exclusivamente con la recaudación de los peajes.
“En rutas con tan poco tránsito, esa cuenta solo cierra de dos maneras: con peajes caros o con poca obra”, advirtió la entidad.
El sindicato considera que las condiciones de circulación de esos corredores ponen en duda la viabilidad económica del sistema y podrían trasladar los costos de mantenimiento y reparación a los usuarios mediante tarifas más elevadas o traducirse en una menor cantidad de trabajos.
Otro eje de la crítica apunta al futuro de la Dirección Nacional de Vialidad. La federación advierte que el organismo pierde capacidad de decisión sobre la planificación y ejecución de obras, mientras que el Ministerio de Economía concentra las principales atribuciones para avanzar con las concesiones.
Sin embargo, el decreto establece que Vialidad Nacional conservará el carácter de autoridad de aplicación de los contratos, además de las tareas de supervisión y control.
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El reclamo por el presupuesto y la reducción de trabajadores
FEPEVINA enmarcó esta nueva etapa dentro de un proceso más amplio de concesiones y transferencias de rutas. Según sus estimaciones, las medidas anteriores ya abarcaron más de 9.000 kilómetros concesionados y delegaciones de trazas a las provincias. Con la nueva etapa, el conjunto de las iniciativas alcanzaría aproximadamente 14.500 kilómetros de una red nacional de 40.000 kilómetros.
En materia presupuestaria, el gremio cuestionó los recursos previstos para Vialidad Nacional en el proyecto de Presupuesto 2027. Según detalló, se asignaron 886.745 millones de pesos, una cifra que representa el 42,1% de los fondos que, de acuerdo con sus cálculos, le corresponderían al organismo mediante el Sistema de Infraestructura Vial (SISVIAL).
Además, denunció que más de 1,2 billones de pesos provenientes del impuesto a los combustibles no llegan al financiamiento de la infraestructura vial. También señaló que entre enero y septiembre de 2026 solamente se ejecutó el 23,7% de los recursos que considera correspondientes al organismo.
La reducción de la planta de trabajadores es otro de los puntos incluidos en el reclamo. De acuerdo con los datos difundidos por la federación, Vialidad Nacional pasó de contar con unos 5.600 empleados a tener menos de 4.000.
El sindicato mencionó, además, la salida de 609 trabajadores durante una primera etapa de retiros voluntarios y otros 139 puestos menos a partir de una segunda convocatoria.
Frente a este escenario, FEPEVINA declaró el estado de alerta y movilización y reclamó que el Congreso elabore un informe sobre el alcance de las concesiones, el financiamiento de Vialidad Nacional y las consecuencias de la nueva política de administración de las rutas.
La federación sostiene que el avance del esquema privado, junto con la reducción presupuestaria y de personal, compromete la capacidad del Estado para planificar, ejecutar y controlar las obras de infraestructura vial en todo el país.
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