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En los últimos años, distintos países de América Latina avanzaron en la creación de leyes y políticas para garantizar la inclusión educativa de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El objetivo es asegurar el acceso a las escuelas, evitar la discriminación y promover herramientas adecuadas para acompañar las distintas necesidades de aprendizaje.
En Chile, la Ley 21.545, sancionada en 2023, establece medidas para garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión de las personas con TEA. En el ámbito educativo, contempla la eliminación de barreras y la implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje, además de la formación de docentes.
En Argentina, el marco nacional está dado por la Ley 27.043, que establece el abordaje integral del TEA. A nivel provincial, Buenos Aires sancionó en 2025 una ley que establece capacitación obligatoria, gratuita y con puntaje sobre TEA y neurodiversidades para el personal educativo.
Brasil cuenta desde 2012 con la Ley Berenice Piana, que reconoce derechos específicos para las personas con TEA. Además, en 2025 el Gobierno estableció una nueva Política Nacional de Educación Especial Inclusiva, que contempla a estudiantes con discapacidad, autismo y altas capacidades.
En México, durante 2026 se registraron nuevos avances a nivel estatal. Yucatán aprobó una legislación que reconoce el autismo como parte de la neurodiversidad y prohíbe negar la inscripción de estudiantes autistas. En Jalisco, el Congreso aprobó una nueva ley que incluye educación inclusiva, detección temprana y una Red Estatal de Centros de Autismo.
Aunque los marcos legales muestran avances, el desafío continúa siendo llevar estas políticas a las aulas, con capacitación docente, recursos, acompañamiento a las familias y condiciones que permitan una inclusión efectiva.
