El Gobierno nacional informó que avanzó en el proceso de concesión de rutas al aprobar los pliegos y habilitar a 12 empresas a competir por la ejecución de obras en corredores estratégicos. La medida forma parte del plan para modernizar más de 9.000 kilómetros de la red vial nacional mediante inversión privada.
La decisión se conoció tras el cierre del período de impugnaciones, lo que permitió avanzar a la Etapa II A de la Red Federal de Concesiones, bajo criterios de “transparencia y rigor técnico”, según destacaron desde la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía en un comunicado oficial.
De acuerdo con la información difundida, en esta instancia se recibieron 19 ofertas, de las cuales 12 fueron admitidas tras acreditar capacidad técnica y solvencia financiera, mientras que las 7 restantes fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos establecidos en los pliegos.

La etapa en curso contempla la concesión de más de 1.900 kilómetros de rutas nacionales, divididos en dos tramos. El primero corresponde al Sur Atlántico – Acceso Sur, con 1.325,17 kilómetros que incluyen corredores clave como las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de accesos estratégicos como la Autopista Ricchieri y la Ezeiza-Cañuelas. El segundo tramo, denominado Pampa, abarca 546,65 kilómetros sobre la Ruta Nacional 5.
En el caso del tramo Sur Atlántico – Acceso Sur, se presentaron 10 ofertas, de las cuales 6 fueron aprobadas y 4 desestimadas. Entre estas últimas se encuentra Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), cuya exclusión —según aclaró el Gobierno— respondió a “cuestiones técnicas y objetivas”.
Desde el Ejecutivo detallaron que la empresa no logró acreditar capacidad para ejecutar obras con recursos propios, una condición considerada central para garantizar la correcta realización de los trabajos. Además, se detectaron incumplimientos en los requisitos económico-financieros, con niveles de endeudamiento que superaban ampliamente los límites fijados en el pliego.
A pesar de que se le brindó la posibilidad de presentar documentación complementaria durante la evaluación, las inconsistencias no fueron subsanadas. También se señaló la falta de presentación del balance contable-financiero en los términos requeridos.
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El comunicado oficial remarcó que los criterios aplicados fueron uniformes para todos los oferentes, sin distinción, y que otras empresas también fueron excluidas por motivos similares. En ese sentido, se subrayó que las exigencias buscan asegurar que los futuros concesionarios puedan asumir el riesgo económico y ejecutar las obras sin recurrir a asistencia estatal.
El proceso cuenta con la participación de distintos organismos de control y supervisión, entre ellos la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Oficina Nacional de Contrataciones y la Comisión Evaluadora, lo que —según el Gobierno— garantiza la transparencia del procedimiento.
En paralelo, se informó que una de las empresas desestimadas presentó una impugnación que actualmente se encuentra en análisis, mientras que AUBASA no había objetado los pliegos en la etapa correspondiente, lo que implica su aceptación previa de las condiciones.
El Gobierno destacó que el esquema impulsado busca consolidar un modelo basado en “reglas claras, competencia genuina y responsabilidad técnica”, con el objetivo de mejorar la calidad, eficiencia y previsibilidad del sistema vial argentino mediante la participación del sector privado.
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