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La crisis institucional en Puerto Esperanza escaló a un nuevo nivel tras las declaraciones del presidente del Concejo Deliberante, Sergio Giménez, quien confirmó que avanzará con una denuncia judicial contra el intendente Horacio Zarza y no descartó la apertura de una comisión investigadora que podría derivar en un pedido de destitución.
El anticipo fue brindado en exclusiva al programa “Arriba la radio”, por Radio Up, donde el titular del cuerpo legislativo local describió un escenario de fuerte conflicto entre poderes, con acusaciones de autoritarismo, bloqueo administrativo y parálisis institucional.
“Lo vamos a denunciar”: el conflicto pasa a la Justicia
Giménez fue contundente al confirmar el camino judicial: “No analizamos denunciarlo, lo vamos a hacer”, afirmó al referirse al intendente Zarza. Según explicó, el conflicto no es nuevo, sino que responde a una serie de decisiones que, a su entender, implican una invasión sistemática de las competencias del Concejo Deliberante.
“Es la cuarta vez que invade nuestras competencias”, sostuvo, marcando que existe una reiteración de prácticas que afectan el funcionamiento institucional.
Cuentas bloqueadas y funcionamiento paralizado
Uno de los puntos más graves que expuso el presidente del Concejo es la imposibilidad de operar con normalidad debido a restricciones económicas. “Nos estamos quedando sin productos de limpieza, sin agua, no podemos comprar porque nuestras cuentas están bloqueadas”, denunció.
Incluso relató situaciones que reflejan el nivel de deterioro institucional, como la falta de insumos básicos durante sesiones y la necesidad de cubrir gastos de su propio bolsillo. “En la última apertura de sesiones no teníamos agua y tuve que afrontar ese gasto”, señaló.
Acusaciones de autoritarismo y ruptura institucional
Giménez apuntó directamente contra el accionar del intendente, al que calificó como autoritario. “Hay un gobierno muy autoritario que no respeta la autonomía del Concejo”, afirmó, y advirtió que esta situación podría sentar un precedente peligroso para futuras gestiones.
En esa línea, explicó que existen antecedentes concretos, como la intervención sobre proveedores y la invalidación de firmas del Concejo en operaciones administrativas. “El año pasado mandó una nota a proveedores diciendo que mi firma no valía”, detalló.
Comisión investigadora y posible destitución
Ante este escenario, el presidente del Concejo confirmó que evalúan avanzar en una comisión investigadora como paso previo a medidas más drásticas. “Si tengo que hacer una comisión investigadora, lo voy a hacer”, aseguró.
Si bien evitó confirmar directamente una destitución, reconoció que el proceso podría derivar en ese desenlace dependiendo de la evolución del conflicto y las mayorías dentro del cuerpo deliberativo.
Actualmente, el Concejo está compuesto por seis ediles: dos responden al intendente y cuatro mantienen una postura crítica, lo que abre la posibilidad de avanzar en decisiones institucionales relevantes.
El trasfondo político y social
Giménez también cuestionó la gestión municipal en términos más amplios, señalando reclamos de la comunidad por falta de servicios, seguridad y respuestas del Ejecutivo local. “La mayoría de la gente reclama la falta de gestión y de servicios”, indicó.
Además, criticó la priorización del gasto público en determinadas áreas mientras, según afirmó, no se garantizan recursos básicos para el funcionamiento del Concejo. “Se compraron colectivos por millones mientras no se pagan los gastos del Concejo”, expresó.
Escenario abierto
El conflicto en Puerto Esperanza abre un escenario político e institucional incierto, donde la judicialización del caso y la eventual intervención del Concejo Deliberante podrían definir el futuro del intendente.
Mientras tanto, el enfrentamiento entre el Ejecutivo municipal y el cuerpo legislativo continúa escalando, con impacto directo en la gobernabilidad y en la prestación de servicios a la comunidad.
