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La violencia digital dejó de ser una problemática marginal para convertirse en una de las formas de agresión más silenciosas, persistentes y devastadoras de la era contemporánea. La difusión no consentida de material íntimo, el ciberacoso, el doxing, el hostigamiento virtual y el cibercontrol atraviesan diariamente la vida de miles de personas en la Argentina, especialmente mujeres, niñas y adolescentes. Frente a esta realidad, la sanción en 2023 de la Ley 27.736, conocida como Ley Olimpia, representó un hito histórico en la lucha contra las violencias digitales. Pero detrás de ese logro hay historias de sufrimiento, resiliencia, militancia y redes de acompañamiento, como la de Florencia Villegas, sobreviviente y una de las voces más activas del movimiento en el país.
En una entrevista profunda y conmovedora con Radio Up, Florencia puso palabras a una violencia que muchas veces no deja marcas visibles, pero sí heridas que persisten en el tiempo. Su testimonio no solo permite comprender el alcance real del daño, sino también el enorme camino recorrido hasta que el Estado argentino decidió reconocer legalmente esta forma de agresión.
Qué es la Ley Olimpia y por qué marcó un antes y un después
La Ley Olimpia tiene como eje central la protección contra la violencia digital, especialmente ante la difusión de imágenes, audios o videos íntimos sin consentimiento, una práctica que vulnera el derecho a la intimidad, a la dignidad, al honor, al trabajo, a los vínculos afectivos e incluso a la propia identidad. La norma contempla además conductas asociadas al ciberacoso, el hostigamiento digital, el doxxing —la exposición de datos personales para intimidar— y otras formas de persecución virtual.
Su origen se remonta a México, donde Olimpia Coral Melo, entonces una joven adolescente, sufrió la viralización de un video íntimo que su pareja difundió sin su consentimiento. Aquel hecho, ocurrido hace más de una década, dio inicio a una lucha colectiva que avanzó provincia por provincia hasta lograr, en 2021, la aprobación de la ley a nivel nacional en ese país. Ese mismo modelo comenzó luego a replicarse en América Latina.
“Nosotras somos sobrevivientes de violencia digital. La Ley Olimpia nace en México y llega a la Argentina de la mano de mujeres de distintas provincias que también habíamos sido víctimas”, explicó Florencia. Tucumán, Jujuy, Santa Fe y otros puntos del país fueron tejiendo una red de mujeres que se encontraron en el mismo dolor y transformaron esa experiencia en acción colectiva.
En la Argentina, además de la Ley Olimpia, se impulsaron proyectos complementarios como la Ley Belén, que tipifica penalmente la difusión no consentida; reformas vinculadas al hostigamiento digital, el ciberacoso y el cibercontrol; y la llamada Ley EMA, destinada a abordar situaciones entre pares menores de edad, una franja etaria particularmente expuesta a estas formas de violencia.
Una historia atravesada por el engaño, la exposición y el silencio
La historia de Florencia es la de muchas mujeres que confiaron, amaron y fueron traicionadas en el espacio digital. Durante diez años mantuvo una relación de amistad virtual con un hombre al que finalmente conoció en persona. Meses después iniciaron una relación. En ese marco de intimidad, ella le envió imágenes privadas creyendo estar protegida por un vínculo afectivo.
El quiebre llegó de la manera más brutal. “Una amiga me llamó para decirme que me había encontrado en una página de explotación sexual. Yo no entendía nada, no sabía de qué me hablaba”, relató. Cuando lo enfrentó, él negó los hechos, habló de un supuesto robo de un pendrive y hasta instaló cámaras de seguridad en su casa. Florencia le creyó.
Tiempo después, tras la ruptura de la relación, apareció un perfil falso en redes sociales, con el nombre de un familiar suyo, que redirigía a páginas pornográficas donde se exhibían sus imágenes junto a su nombre, apellido y usuario de Instagram, facilitando que cualquier persona pudiera rastrearla.
La búsqueda fue desesperante. “Me encontré en más de diez páginas. Yo no era su única víctima. Éramos al menos 32 mujeres, entre ellas menores de edad”, contó. El horror ya no era individual, sino colectivo.
La denuncia, la desestimación y la herida judicial
Florencia denunció en 2019, cuando todavía no existía en el país una figura legal específica que contemplara este tipo de delito. La causa fue finalmente desestimada, un golpe demoledor que no solo frustró la posibilidad de justicia, sino que profundizó el daño emocional.
“La moral, el nombre, la vida de una no importaban. La denuncia fue cerrada”, recordó. Recién en 2022 logró hacer una presentación formal con otra perspectiva, ya acompañada por organizaciones y por un movimiento que comenzaba a ganar visibilidad.
Su caso expuso una de las mayores deudas del sistema judicial frente a la violencia digital: durante años, estas agresiones fueron minimizadas, mal encuadradas o directamente ignoradas.
El impacto invisible: depresión, vergüenza y miedo permanente
La violencia digital no termina cuando se deja de hablar del tema. Las secuelas persisten. Florencia lo explicó con una crudeza que estremece. “Esto no se baja de internet. Vivís con la sensación de que en cualquier momento alguien, en cualquier parte del mundo, puede volver a compartir tu imagen”, dijo.
La depresión, la vergüenza, el aislamiento, la dificultad para sostener vínculos y la necesidad de terapia continua forman parte del después. Incluso años más tarde, los efectos reaparecen. “Hace poco volví a estar mal. Estas cosas vuelven, pero se puede seguir con acompañamiento”, sostuvo.
En ese proceso, su hijo fue un motor fundamental para no rendirse. También su círculo de contención y la red de mujeres que transformaron el dolor en militancia.
De víctimas a activistas: la construcción de una red de acompañamiento
Uno de los aspectos más potentes del relato de Florencia es cómo la experiencia individual se volvió colectiva. Antes incluso de denunciar formalmente, se tomó el trabajo de buscar a otras mujeres que aparecían en las mismas páginas para advertirles lo que estaba ocurriendo. Un enorme trabajo previo a la presentación del proyecto de la Ley Olimpia.
Algunas decidieron no denunciar, otras pidieron solo que se retirara su contenido. “Cada persona lo vive y lo procesa distinto”, explicó. Pero todas compartían el mismo temor, la misma incertidumbre y la misma sensación de desprotección.
Ese entramado se transformó luego en parte de la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, desde donde se impulsaron campañas, proyectos de ley, guías educativas y espacios de contención.
La educación como prevención y la deuda del Estado
Para Florencia, la sanción de leyes y en particular la Ley Olimpia, es solo una parte del camino. “Lo que falta es que el Estado cumpla con las políticas públicas de prevención y acompañamiento”, advirtió.
En ese punto, la Educación Sexual Integral (ESI) aparece como una herramienta clave. “Si llegamos a la instancia penal, es porque el daño ya está hecho. Lo principal es enseñar a niños, niñas y adolescentes el uso responsable de la tecnología, el consentimiento, los límites y el respeto”, sostuvo.
El trabajo en escuelas se volvió una prioridad. Junto a otras organizaciones, impulsaron una guía educativa destinada a directivos, docentes, equipos no docentes, familias y estudiantes, que hoy circula en distintos puntos del país como material de consulta ante situaciones de violencia digital., todos ejes que giran en torno a la Ley Olimpia.
El peso del señalamiento social y la doble victimización
A la violencia sufrida se suma muchas veces otra forma de agresión: el juicio social. Florencia lo vivió en carne propia. “‘¿Para qué mandaste una foto?’, ‘tenías que fijarte en quién confiabas’… el reproche aparece antes que la contención”, lamentó.
Ese discurso no solo hiere, sino que refuerza el silencio. Muchas víctimas no denuncian por miedo a ser juzgadas, estigmatizadas o culpabilizadas por una violencia que no provocaron.
El valor de hablar para salvar a otras
Con el tiempo, Florencia comprendió que su voz podía convertirse en una herramienta de transformación. “Dicen que lo que no se nombra no existe. A esto hubo que ponerle cara, cuerpo y alma para que otras mujeres no pasen por lo mismo”, expresó.
Hoy recibe mensajes de mujeres que lograron denunciar gracias a la Ley Olimpia, que encontraron contención o que simplemente pudieron poner en palabras algo que hasta entonces no sabían cómo nombrar.
Antes de despedirse, Florencia dejó un mensaje que sintetiza el corazón de la lucha. “Que confíen en su círculo, que siempre va a haber alguien que escuche. Que no es su culpa. La única persona responsable es el agresor”, remarcó.
Recordó además que existen organizaciones, redes de acompañamiento y espacios virtuales donde es posible pedir ayuda sin ser juzgada. “Va a haber personas que juzguen, pero también va a haber personas que acompañen. Y eso puede cambiarte la vida”, concluyó.
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