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El recurso de amparo laboral presentado en defensa de los ocho ex policías cesanteados en octubre de 2024 sigue radicado en el Superior Tribunal de Justicia de Misiones. Una de las abogadas patrocinantes, Roxana Rivas, adelantó que el equipo espera un fallo adverso y que ya evalúan elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Esperamos un rechazo del Superior Tribunal de Justicia, porque es difícil pensar que van a ir en contra de un decreto provincial”, sostuvo Rivas, al tiempo que adelantó en Argentina Divina Comedia por Radio Up que “la intención es poder sacarlo hasta la Corte Suprema, y si es necesario, llegar a instancias internacionales”.
Recordó que el amparo fue presentado tras la cesantía de los agentes acusados de presunta sedición, a pocos meses de las protestas salariales que ocuparon cuadras de acampe sobre la avenida Uruguay, y por estar sospechados de integrar un grupo de WhatsApp en el que habrían organizado la toma de la Jefatura de la Policía. Según explicó la abogada, el planteo central del recurso es la violación de derechos laborales y constitucionales, además de una “falta de división de poderes muy explícita”.
“Lo que vivimos en este caso refleja una de las peores vulneraciones del sistema republicano, porque los tres poderes actuaron de manera conjunta en una conferencia de prensa donde se anunció la destitución de los trabajadores cuando ni siquiera existía una sentencia”, señaló.
Los ex policías “están en absoluto estado de abandono”
Como ya informó Radio Up, los ocho ex policías fueron puestos en disponibilidad y luego cesanteados mediante el decreto 2084/24 firmado por el gobernador Hugo Passalacqua en septiembre del 2024. El escrito, según explicó Rivas, “sigue vigente plenamente hasta que se decrete su nulidad”.
Aclaró que algunos de los agentes imputados por sedición todavía perciben el 50% de sus sueldos, mientras que la mayoría “está en un absoluto estado de abandono, fuera de cualquier posibilidad de sostenimiento económico” y sin percibir sus haberes desde septiembre del año pasado.
Rivas recordó que el amparo fue presentado ante el Juzgado Laboral N°2, pero rechazado “in límine” apenas minutos después de ser ingresado al sistema. “Lo subimos a las 7 de la mañana y a las 7:02 ya figuraba el rechazo”, narró con cierta ironía.
La abogada consideró que el proceso judicial estuvo “marcado por el prejuzgamiento” y acusó que no existió posibilidad de defensa real. “Si la máxima autoridad del Poder Judicial se sienta junto al Ejecutivo y al Legislativo para anunciar una medida, ¿qué independencia puede esperarse de los jueces inferiores?”, cuestionó.
Sobre la situación económica y administrativa de los afectados, detalló que algunos fueron excluidos incluso con “la sola notificación de un llamado a indagatoria”, y que otros lograron mantener parte de sus ingresos “tras gestiones administrativas individuales”.
Para la letrada, el caso respondió a un “proceso disciplinante, que un poco logró desmovilizarlos”. Pero, por sobre todo, “aparecieron decretos posteriores que modificaron normas internas de la Policía para facilitar que fueran separados”, explicó.
Denuncian falta de división de poderes
Uno de los ejes centrales del amparo que todavía se analiza en el STJ es la presunta vulneración del principio republicano de división de poderes. Según Rivas, la conferencia conjunta del gobernador, la Policía y representantes judiciales, en la que se anunció la destitución de los efectivos, configuró “una señal inequívoca de alineamiento institucional que dejó a los trabajadores sin vías de defensa”.
“El Superior Tribunal, que debía ser el órgano revisor de la legalidad del decreto, ya se había manifestado públicamente sobre el caso. Eso nos deja en un estado absoluto de indefensión”, advirtió.
La abogada señaló que el rechazo del amparo por parte de las instancias locales “minimizó la gravedad del hecho”. Ahora, el reclamo apunta a lograr que se reconozcan las garantías constitucionales de los trabajadores.
De no llegar a juicio, “deberían poder recuperar el estado policial”
En cuanto a la causa penal por sedición, Rivas -que no acompaña en ese proceso- consideró como especialista que, si la instrucción no logra avanzar hacia un juicio, los policías deberían ser restituidos a sus cargos. “La cesantía quedaría superada y deberían poder recuperar el estado policial, pero habría que ver cuál es la situación de cada uno, de si lo que desean es eso o no”, recalcó. Por el contrario, si hubiera una condena, “se convalidaría la exoneración y se cerraría definitivamente su carrera”.
De todos modos, la abogada insistió en que el proceso penal “carece de sustento fáctico sólido” y que se basa en conversaciones privadas “sin posibilidad real de ejecución”. “Lo que está en juego acá no son sólo los derechos de estos policías, sino la vigencia misma del Estado de derecho, y por eso, si la justicia local no responde, vamos a insistir en que alguien, aunque sea un tribunal internacional, diga que se equivocaron”, concluyó Rivas.
Liberaron al oficial Diego Correa tras 10 meses preso por la causa de sedición en Misiones; ya no quedan policías detenidos por el acampe de 2024. https://t.co/9T1hJoURc6
— Radio Up 95.5 (@radioup955) July 29, 2025
