La informalidad laboral en Argentina alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, lo que significa que 4 de cada 10 trabajadores no cuentan con cobertura legal, impositiva ni de seguridad social. El dato surge del informe “Panorama del empleo informal y la pobreza laboral”, elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del IIEP (UBA-CONICET), que advierte sobre el avance sostenido de la precarización.
El estudio reveló que la tasa actual representa un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024 (41,6%). Entre los asalariados, la informalidad llegó al 37,7%, mientras que entre los trabajadores por cuenta propia trepó al 62,5%, y en los patrones al 22,2%. “Más allá de las fluctuaciones, la tasa de informalidad asalariada se mantiene en niveles elevados desde hace 17 años”, destacó el informe, que además recordó que se trata del valor más alto desde 2008, salvo el pico del segundo trimestre de 2022 (37,8%).
Los jóvenes de 16 a 24 años son el grupo más afectado, con una alarmante tasa del 63%, es decir, 6 de cada 10 carecen de derechos laborales básicos. Las mujeres también registraron un índice superior al de los hombres, con 43,2% frente a 41,1%. Por regiones, el Noroeste, Cuyo y Nordeste superaron el 48%, mientras que la Patagonia mostró los niveles más bajos, con un piso del 18% en Ushuaia-Río Grande. Por sectores, el servicio doméstico y la construcción lideraron la informalidad con un crítico 75,4%, frente al 9% del sector público.

El estudio advirtió que el 24% de los trabajadores vive en hogares pobres, cifra que trepa al 42% entre los informales. Además, 4 de cada 10 empleados informales perciben ingresos por debajo de la canasta básica, frente al 5% entre los formales. “Tener empleo en Argentina ya no garantiza salir de la pobreza”, subrayó el informe.
En el plano regional, Argentina se ubica en el rango medio: Chile, Costa Rica y Brasil presentan tasas de entre 24% y 32%, mientras que Ecuador y Paraguay superan el 60%. Para el EDIL-IIEP (UBA-CONICET), el país enfrenta un desafío estructural que golpea a los sectores más jóvenes y vulnerables, profundizando la desigualdad al dejar a millones de argentinos sin derechos laborales ni seguridad social.
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