//
El Gobierno nacional desembolsó más de $105.000 millones para financiar el retiro anticipado de 795 agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), como parte de un plan para reducir la planta estatal sin avanzar directamente en despidos masivos. La medida, que estuvo vigente poco más de un mes, fue implementada luego del fracaso de una reestructuración más amplia que apuntaba al recorte de más de 3.000 trabajadores, en su mayoría ligados a la gestión anterior.
De acuerdo con información oficial, cada trabajador que adhirió al plan recibió en promedio $132.646.168, en concepto de indemnización especial contemplada en los convenios colectivos de la actividad. El monto total será abonado en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas. La primera se pagó a comienzos de mayo, con el retiro efectivo de los empleados que dejaron la planta de personal, que ahora quedó en 19.256 trabajadores.
Desde el Gobierno aseguran que el plan no implicó un gasto neto, sino una inversión que permitirá un ahorro estimado de más de $196.000 millones, lo que equivale a un promedio de $246 millones por agente retirado. Este cálculo se basa en una proyección de las remuneraciones que cada agente habría percibido hasta su jubilación, sumado a los costos operativos por trabajador, aunque los detalles técnicos del cálculo no fueron divulgados.
El conflicto gremial, sin embargo, no se hizo esperar. Tras la disolución de la AFIP y la creación de ARCA, se sucedieron varias medidas que impactaron en las condiciones laborales, entre ellas el recorte en la Cuenta de Jerarquización y el cierre de receptorías. A eso se sumó un aumento salarial unilateral del 6,46% otorgado en abril y la decisión de acoplarse desde mayo a la pauta salarial del Sistema Nacional de Empleo Público.
El malestar sindical escaló cuando se habilitó un botón en el sistema interno de recursos humanos para facilitar la desafiliación sindical. La medida, que permite conocer cuánto del salario se destina al gremio y cuánto se recuperaría en caso de desafiliación, fue duramente criticada por SUPARA y AEFIP, quienes lo compararon con prácticas de épocas dictatoriales.
En este contexto, los gremios definieron intensificar el plan de lucha, con un plenario de secretarios generales convocado para los días 6 y 7 de mayo. La tensión entre el Gobierno y los sindicatos del sector público vuelve a escalar, esta vez con el telón de fondo de una política de ajuste que, pese a no ejecutarse por la vía directa de los despidos, acarrea un alto costo fiscal y un fuerte conflicto político.
