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El Gobierno de Bolivia ratificó este lunes que las elecciones generales previstas para el 17 de agosto se realizarán sin alteraciones, a pesar de los recursos constitucionales presentados ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que cuestionan aspectos clave de la normativa electoral vigente.
En conferencia de prensa, el ministro de Justicia, César Siles, fue enfático: “No hay ninguna posibilidad legal, jurídica ni constitucional de suspender las elecciones”, afirmó, descartando que las impugnaciones en curso puedan frenar el proceso electoral.
Las acciones legales presentadas —al menos seis recursos— apuntan a dos aspectos centrales: la falta de paridad de género en los binomios presidenciales y la escasa representación de los pueblos indígenas en las listas de candidatos. Sin embargo, según explicó Siles, cualquier resolución del TCP tendrá efectos hacia el futuro, no sobre los comicios ya convocados.
“Toda modificación que haya, que podría darse, tanto del artículo 28 como del artículo 5 de la Ley de Organizaciones Políticas, va a regir para lo venidero”, aclaró el funcionario.
El ministro agregó que, incluso si el TCP declarara inconstitucionales ciertas disposiciones, “lo único que puede hacer el Tribunal es exhortar a que se elabore una nueva norma”, sin impacto directo sobre el actual calendario.
La postura oficial se apoya en el principio de preclusión electoral, que establece que una vez iniciado el proceso comicial, este no puede ser interrumpido.
Los recursos fueron impulsados por figuras de distintos sectores políticos y sociales, como el diputado oficialista Israel Huaytari, el exmagistrado Gualberto Cusi, y organizaciones indígenas como la CIDOB y la Nación Qhara Qhara.
Entre los reclamos más relevantes se encuentra la exigencia de que los binomios presidenciales respeten la paridad de género: si el candidato a la presidencia es varón, la fórmula debería incluir a una mujer como vicepresidenta, y viceversa. Este punto ha generado debate por su alcance constitucional y su aplicación práctica.
Con las declaraciones de Siles, el Gobierno busca despejar dudas y consolidar el cronograma electoral de cara al 17 de agosto. Las tensiones judiciales no frenan el avance del proceso, aunque instalan un debate más amplio sobre la inclusión y la representación en la política boliviana, que promete continuar más allá de esta elección.
