La medida, que en teoría debería beneficiar a los productores, estaría dejando en evidencia las desigualdades estructurales del sistema de comercialización de granos en Argentina.
El reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre la eliminación temporal de retenciones para agroexportadores de granos generó un fuerte debate en el sector. Según explicó la contadora pública Mónica Ortolani, directora de la consultora Tónica, en diálogo con el programa “El País de la Libertad”, a través de Radio Up 95.5, la reducción de retenciones no se traduce en una mejora sustancial para los productores, sino que termina beneficiando a los exportadores. “El productor no exporta, tiene un mediador, y los beneficios quedan en la billetera de ese exportador”, afirmó.
Uno de los puntos que generó mayor descontento en el sector es el impacto en la soja. De acuerdo con Ortolani, los productores deberían recibir aproximadamente 28 dólares por tonelada exportada, pero en la realidad están recibiendo solo 12 dólares. “De los 27-28 dólares que se había estimado que recibirían, les están llegando 12 dólares. Es menos de la mitad, un 44%. Esto deja un sabor amargo en el productor”, explicó la especialista.
El panorama se agrava con la falta de precios fijos para la producción. “Hoy, de todo lo que se piensa cosechar de soja, apenas el 2% tiene precio fijado”, alertó Ortolani. Esta situación genera una gran incertidumbre, ya que los productores enfrentan costos crecientes sin una referencia clara de cuánto podrán vender su producción en el futuro.
Además, la estructura del sector también juega en contra de los pequeños y medianos productores. “El 70% del campo agrícola es alquilado, y una gran parte del valor de los granos queda en los acopios y exportadores, no tanto en manos del productor”, detalló.
Otro factor que limita el impacto positivo de la reducción de retenciones es la exigencia de liquidación de divisas en plazos más cortos. Antes, el margen para liquidar podía ser de hasta seis meses, mientras que con la nueva normativa, los exportadores deben hacerlo en dos semanas. “Esto genera una presión para el exportador, más que para el productor, porque se ven forzados a adelantar divisas al Gobierno”, explicó Ortolani.
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Otro de los aspectos que generó controversia es el impacto en los precios de los alimentos. A pesar de que el trigo solo subió un 11% en lo que va del año, el precio del pan aumentó 10 veces más. “Cuando aumentan los granos, siempre es la excusa para que aumenten los alimentos. Pero si analizamos la inflación, vemos que el pan aumentó 10 veces lo que aumentó el trigo y la leche aumentó 4 veces lo que aumentó el maíz”, explicó la contadora.
Esta disparidad genera una fuerte preocupación en el sector, ya que los costos para los productores también han aumentado considerablemente. “Hoy necesitamos producir el doble de granos para comprar la misma cantidad de insumos que el año pasado”, destacó Ortolani, dejando en claro que los beneficios no se reflejan en quienes trabajan la tierra.
La incertidumbre es la constante en el sector. La reducción de retenciones es una medida temporal que solo estará vigente hasta junio, y muchos productores especulan con que, en un año electoral, difícilmente se reimplanten en los mismos niveles. “Queda la duda de si esta baja de los derechos de exportación se profundizará y, en consecuencia, los granos aumentarán aún más”, planteó Ortolani.
Mientras tanto, el sector sigue lidiando con la presión financiera y la falta de regulación en la cadena de comercialización. “La mayoría de los productores en realidad no tienen los granos en su bolsillo. Están en manos de acopios, exportadores o dueños de campos que cobran el alquiler en grano”, concluyó la especialista.
