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La inversión del Estado nacional hacia las provincias registró en abril de 2026 una caída superior al 72%, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). El recorte afecta transferencias de capital destinadas a infraestructura y obras públicas en todo el país, impactando en la ejecución de proyectos y generando demoras o paralizaciones en distintas jurisdicciones. El fenómeno responde a una reducción sostenida del gasto de capital y se intensifica en un contexto de ajuste fiscal, con consecuencias directas sobre la actividad constructiva y el desarrollo territorial.
De acuerdo con el relevamiento, las transferencias de capital alcanzaron $30.566 millones, uno de los niveles más bajos del período reciente. El impacto se refleja en la magnitud de la contracción, ya que para encontrar un retroceso similar en términos interanuales es necesario retroceder a octubre de 2024, cuando la baja llegó al 89,3%. El informe advierte que la merma de fondos nacionales está provocando la suspensión o reprogramación de múltiples obras en provincias y municipios.
En el análisis desagregado, solo cuatro jurisdicciones lograron evitar la tendencia general negativa: Catamarca, Mendoza, Tucumán y Chubut, que registraron incrementos respecto al mismo mes del año anterior. El resto de las provincias mostró descensos pronunciados en los recursos recibidos, consolidando un escenario de fuerte disparidad en la distribución de fondos.
En el caso de Misiones, la transferencia nacional durante abril fue de $2.439 millones, lo que implica una caída del 61,6% interanual. A pesar de la retracción, la provincia se mantuvo entre las que mayor volumen de recursos recibió dentro del esquema general, junto con distritos como Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y Tucumán.
La tendencia también se verifica en el acumulado del año. Durante el primer cuatrimestre de 2026, la inversión real directa del Estado nacional hacia las provincias sumó $234.167 millones, lo que representa una reducción del 36,8% en comparación con el mismo período de 2025. Este retroceso consolida un escenario de menor financiamiento para infraestructura, con impacto directo en la continuidad de obras públicas.
El informe concluye que la caída de la inversión nacional profundiza las dificultades de gestión en las provincias, que deben enfrentar con recursos propios la continuidad de proyectos estratégicos en un contexto de restricciones presupuestarias crecientes.