El allanamiento al Zoo-Bal-Park de Montecarlo volvió a poner bajo la lupa las condiciones de funcionamiento del establecimiento, la procedencia de los animales alojados y los controles que debieron realizarse durante las últimas décadas. La Policía Federal, con participación de la Brigada Ambiental de la Nación, constató la presencia de aproximadamente 400 ejemplares, de los cuales 252 corresponden a especies de fauna silvestre protegida por la Ley Nacional 22.421.
Durante el procedimiento, los responsables del zoológico manifestaron que no contaban en el lugar con la documentación necesaria para acreditar la tenencia y procedencia de los animales. A partir de esa situación, la Justicia dispuso un plazo de 20 días para que presenten los registros y certificados correspondientes.
En diálogo con Radio Up, Fernando Piesco, director de la Fundación Dante Piesco y referente de su Centro de Rescate Ohana, consideró llamativo que se haya otorgado ese plazo para reunir documentación que, según explicó, debería encontrarse disponible en el propio establecimiento.
"Por lo general uno tiene que tener en el lugar, in situ, no solamente el libro de ingresos y egresos, sino también los certificados de origen o las actas de recepción que acreditan los animales", señaló.
El relevamiento permitió identificar ejemplares de distintas especies, entre ellos pecaríes, yacarés overos, yaguarundíes, hurones menores, caranchos, guacamayos, loros habladores, muitús, corzuelas enanas y monos capuchinos. La investigación se originó a partir de distintas denuncias y publicaciones que advertían sobre presuntas situaciones de maltrato, deficiencias en las instalaciones y cuestionamientos sobre el origen de algunos animales.

La desaparición de ejemplares protegidos y la preocupación por su destino
Uno de los aspectos que Piesco puso sobre la mesa está relacionado con la ausencia de animales que anteriormente se encontraban en el zoológico y cuya presencia había sido documentada.
El referente de la Fundación Dante Piesco mencionó particularmente dos casos: un tucán de pico negro y un guacamayo jacinto. Sobre este último, explicó que se trata de una especie con un nivel de protección internacional equivalente al del yaguareté.
"El guacamayo jacinto es un animal que tiene el grado de protección de un yaguareté. Está estipulado por la Convención Internacional del Tráfico de Especies en categoría 1, que quiere decir que no se pueden ingresar al país. Y, sin embargo, ahí había un ejemplar que hoy no existe, hoy no está", afirmó.
A partir de esos antecedentes, advirtió que hay animales que estaban registrados y que actualmente no se encuentran en el establecimiento, sin que la fundación tenga información precisa sobre lo ocurrido.
"Hay animales que había y no hay y no sabemos muy bien qué es lo que, por qué, qué pasó", expresó.
Piesco aclaró que la Fundación Dante Piesco y su Centro de Rescate Ohana habían ofrecido colaboración para brindar atención sanitaria y elaborar planes de bienestar animal, pero que los responsables del zoológico rechazaron esa posibilidad. Según indicó, el Ministerio de Ecología aceptó la negativa de los propietarios, por lo que la institución desconoce las condiciones actuales de los ejemplares alojados en el predio.
La investigación judicial y los antecedentes de las denuncias
Durante la entrevista, Piesco también reconstruyó el recorrido de las actuaciones judiciales vinculadas con el Zoo-Bal-Park.
Explicó que la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) intervino inicialmente mediante una investigación preliminar realizada junto con la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Eldorado. Ese trabajo permitió reunir elementos que, según detalló, justificaban la apertura de un expediente formal en la Justicia Federal.
Sin embargo, la Justicia Federal de Eldorado se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia ordinaria de Puerto Rico, en el ámbito provincial.
"La Justicia Provincial, el expediente lo durmió, no hizo nada, no movió nada", cuestionó.
De acuerdo con su relato, una nueva denuncia impulsó otra investigación de la UFIMA, que incorporó personal especializado para realizar una constatación directa en el establecimiento. Esa intervención derivó en el operativo de la Policía Federal y el relevamiento de los animales.
El director de la Fundación Dante Piesco también señaló que existen presentaciones anteriores vinculadas con las responsabilidades de los funcionarios encargados de controlar la fauna silvestre en Misiones.
La Fundación Dante Piesco propone una intervención de Ecología y un traslado progresivo de los animales
Consultado sobre la posibilidad de retirar inmediatamente a los cerca de 400 ejemplares, Piesco consideró que un movimiento masivo podría generar nuevos problemas y que cualquier decisión debe contemplar las condiciones particulares de cada especie.
Su propuesta consiste en que el Ministerio de Ecología de Misiones intervenga directamente en el establecimiento, independientemente de la voluntad de sus propietarios, y determine quiénes pueden brindar asistencia técnica, sanitaria y especializada en bienestar animal.
"Creo que el lugar sí debe ser intervenido por la autoridad de aplicación, es decir, por el Ministerio de Ecología. Más allá de la voluntad de los propietarios, al ser algo de interés público, el Ministerio de Ecología debe tomar intervención del lugar y definir quién puede llegar a dar asistencia técnica y asistencia de bienestar animal", sostuvo.
Para Piesco, la primera etapa debe concentrarse en garantizar que los animales reciban atención veterinaria, cuenten con planes sanitarios y permanezcan en condiciones adecuadas. Recién después, planteó, debería comenzar un proceso progresivo de derivación de aquellos ejemplares que puedan ser trasladados.
También advirtió que algunas especies requieren medidas específicas. Como ejemplo, mencionó a los pecaríes, cuyo traslado puede presentar dificultades, y propuso implementar acciones para evitar que continúe aumentando la población dentro del predio.
Entre las alternativas mencionó la castración y la separación de machos y hembras.
"Lo primero es evitar que se siga agrandando el problema. Y, a partir de ahí, con esas medidas tomadas, ir encarando hacia una solución definitiva", explicó.
El referente del Centro de Rescate Ohana consideró que la situación requiere una conducción profesional y una planificación que permita resolver las condiciones actuales sin exponer a los animales a riesgos adicionales.

Piesco cuestionó los controles y apuntó a la Dirección de Biodiversidad
Otro de los puntos más críticos de la entrevista estuvo relacionado con la responsabilidad de los organismos encargados de fiscalizar el funcionamiento del zoológico.
Ante la consulta sobre dónde fallaron los controles durante tantos años, Piesco fue contundente: "Fallaron desde el primero hasta el último".
Como argumento, señaló que tanto la autoridad de aplicación como sectores policiales vinculados con los delitos rurales trasladaban animales al establecimiento. A su entender, esa práctica contribuyó a sostener un espacio que, según afirmó, no reunía las condiciones mínimas para funcionar adecuadamente.
Entre los requisitos que mencionó se encuentran la presencia de un veterinario, un biólogo y las habilitaciones correspondientes.
"Entonces, de alguna manera, eso hace que estés en connivencia con un espacio que no tiene lo mínimo para poder funcionar", sostuvo.
Además, recordó que la fundación realizó una presentación judicial por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público contra integrantes de la Dirección de Biodiversidad. Según explicó, esa área tiene asignadas responsabilidades de control y fiscalización de la fauna silvestre en Misiones, de acuerdo con la normativa provincial que mencionó durante la entrevista.
Para Piesco, la falta de fiscalización permitió que el establecimiento llegara a la situación actual.
El futuro del Zoo-Bal-Park y los 400 animales
Hacia el final de la entrevista, el director de la Fundación Dante Piesco planteó que el tratamiento de los animales en cautiverio requiere adecuarse a los estándares de protección y bienestar animal establecidos por la legislación vigente.
En ese sentido, cuestionó una concepción de los zoológicos basada únicamente en alimentar a los ejemplares, mantenerlos con vida y permitir que el público los observe.
"Hoy no funciona así. Hace 40 años que está la ley, pero digamos que hoy la sociedad tomó conciencia de que ya eso no puede ser más", afirmó.
También consideró necesario que los propietarios del Zoo-Bal-Park se abran a nuevas alternativas de gestión, ante una situación que, según su evaluación, superó su capacidad de respuesta.
Mientras transcurre el plazo de 20 días otorgado para presentar la documentación, permanece abierto el interrogante sobre la procedencia de los ejemplares, el destino de aquellos animales que ya no están en el predio y las medidas que adoptarán las autoridades para garantizar su protección.
La intervención de los organismos ambientales y la definición de un plan de manejo profesional serán determinantes para establecer el futuro de los cerca de 400 animales alojados en el zoológico de Montecarlo.
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