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El CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, calificó como “histórico” el fallo del segundo circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York que eximió a la petrolera de pagar una indemnización multimillonaria y revirtió la sentencia contra la Argentina, al tiempo que destacó la estrategia legal del Gobierno y proyectó un escenario optimista para el sector energético nacional.
Marín explicó que existían dos juicios vinculados al reclamo del fondo Burford Capital: uno contra YPF y otro contra la República Argentina. Según detalló, la Cámara de Apelaciones ratificó que YPF no tuvo responsabilidad en la nacionalización de las acciones de Repsol y revocó la condena contra el Estado por unos 16.000 millones de dólares.
“El segundo circuito nuevamente ratifica que YPF no tuvo responsabilidad alguna en la nacionalización”, sostuvo el ejecutivo, quien remarcó que haber perdido el juicio podía extinguir a la compañía por tratarse de una empresa que cotiza en bolsa.
El titular de la petrolera también elogió al Gobierno nacional y señaló que la probabilidad de revertir la sentencia era menor al 15%, por lo que el fallo representa una de las mejores noticias del año para el sector energético, al eliminar una carga financiera que rondaba entre 18.000 y 20.000 millones de dólares.
Marín sostuvo además que el contexto geopolítico mundial abre oportunidades para la Argentina, ya que el país está en una zona sin conflictos y es visto como un proveedor seguro de energía.
En esa línea, aseguró que Argentina puede convertirse en el sexto exportador mundial de gas natural licuado (LNG), lo que incrementará el interés de bancos e inversores internacionales.
Respecto a los combustibles, afirmó que YPF mantiene una política de precios “honesta y moral”, trasladando solo el impacto real de los costos para evitar una fuerte caída del consumo.
“El objetivo es no especular con los consumidores. Nos debemos a ellos”, expresó, al destacar que la compañía factura cerca de 12.000 millones de dólares por año.
Consultado sobre la estatización de la empresa, sostuvo que fue legal pero implicó una violación al derecho de propiedad, aunque evitó profundizar en la discusión política y remarcó que su rol es generar valor para los accionistas.
Sobre una eventual privatización, afirmó que la decisión corresponde al Poder Ejecutivo y al Congreso, mientras que los inversores internacionales consideran “extraordinario” el cambio económico en Argentina.
Finalmente, concluyó que el proceso de reformas económicas puede hacer a la Argentina “muy próspera en los próximos años”.
