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En medio de una crisis sostenida del sector yerbatero, productores de Misiones y Corrientes reactivaron la vía judicial con una nueva presentación que pone el foco no solo en la inconstitucionalidad del DNU 70/2023, sino también en un aspecto cada vez más visible: el riesgo para la salud de los trabajadores rurales.
El abogado Federico Padolsky, representante del grupo de dirigentes que impulsa la demanda, explicó en Radio Up que el deterioro económico derivado de la desregulación impacta directamente en las condiciones de vida y trabajo. “No estamos hablando únicamente de números o precios: estamos frente a una situación que compromete la salud física y social de los productores y tareferos”, afirmó.
El costo invisible: cuando la crisis se vuelve un problema sanitario
Uno de los ejes más sensibles del planteo es el impacto sanitario que genera la pérdida de rentabilidad en la actividad. Según explicó Padolsky, la imposibilidad de cubrir costos básicos deriva en una precarización creciente del trabajo rural, con consecuencias directas en la alimentación, el acceso a la salud y las condiciones laborales.
La falta de precios de referencia y la imposición de valores por parte de los sectores más concentrados obligan a muchos productores a trabajar por debajo de sus costos, lo que se traduce en agotamiento físico, endeudamiento y deterioro en la calidad de vida. En el caso de los tareferos, la situación se agrava con migraciones forzadas hacia otras provincias en busca de ingresos.
“Se está perdiendo el proyecto de vida de la familia agraria. Eso también es salud. Cuando un productor no puede sostener su actividad, lo que se rompe es un entramado social completo”, advirtió el letrado.
Un decreto bajo cuestionamiento: sin necesidad ni urgencia
El otro gran eje de la demanda apunta al origen mismo del DNU 70/2023. Padolsky fue categórico al señalar que, al momento de su sanción, no existía ninguna situación excepcional que justificara el uso de esta herramienta.
“Uno de los pilares de la inconstitucionalidad es la falta de necesidad y urgencia. En 2023, el sector yerbatero no estaba en crisis: había buenos niveles de producción, precios razonables y un proceso de expansión”, explicó.
Incluso recordó que el Plan Estratégico Yerbatero 2022, elaborado con participación de organismos nacionales, provinciales y actores del sector, mostraba un escenario de crecimiento y fortalecimiento. Sin embargo, ese diagnóstico fue ignorado en el decreto.
“La Constitución es clara: los DNU solo pueden dictarse cuando hay circunstancias excepcionales. Acá no solo no existían, sino que además no se explicaron. Todo el capítulo yerbatero del decreto se justifica en apenas dos párrafos”, cuestionó.
La judicialización: frenar los efectos y recuperar el equilibrio
La presentación incluye una acción declarativa de inconstitucionalidad y una medida cautelar para suspender los efectos del decreto en el sector yerbatero. El objetivo es restituir las condiciones que permitían al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) regular precios y equilibrar la cadena productiva.
Según Padolsky, la desregulación generó un escenario donde el mercado quedó en manos de los actores más concentrados, profundizando la desigualdad y trasladando el costo de la crisis a los eslabones más débiles.
“Hoy no hay reglas claras. Lo que hay es una transferencia de ingresos desde el productor hacia la industria. Y eso tiene consecuencias económicas, sociales y también sanitarias”, remarcó.
Una economía regional en tensión
El conflicto trasciende al sector yerbatero y se proyecta sobre toda la economía misionera, donde la actividad cumple un rol central. Municipios, comercios y servicios dependen en gran medida del dinamismo de la producción primaria.
En este contexto, el abogado insistió en que la causa judicial debe ser entendida como un reclamo colectivo. “No es solo un juicio del sector productivo. Es una discusión sobre el modelo económico y social de la región”, sostuvo.
Confianza en el derecho, incertidumbre en los tiempos
Aunque evitó anticipar un resultado, Padolsky expresó confianza en los argumentos jurídicos presentados. La resolución de la medida cautelar será clave para determinar si se pueden frenar los efectos del decreto en el corto plazo.
Mientras tanto, el sector continúa en una situación crítica, con productores que se descapitalizan incluso en condiciones de alta eficiencia y un escenario que, según advierten, podría profundizarse si no hay intervención.
La nueva avanzada judicial de los yerbateros pone en el centro del debate dos dimensiones que trascienden lo estrictamente económico: la legalidad de las decisiones políticas y el impacto humano de las transformaciones productivas. En juego no solo está el futuro del INYM, sino también la salud, la dignidad y la sostenibilidad de miles de familias que dependen de la yerba mate.
Construcción: la venta de insumos creció más del 11% en marzo https://t.co/z8ucU2XnqB
— Radio Up 95.5 (@radioup955) April 12, 2026
