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El Gobierno Nacional dispuso una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un plazo de 180 días, con el objetivo de auditar balances, contratos y movimientos financieros de la entidad.
La decisión fue adoptada por el Ministerio de Justicia tras un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), que venía reclamando información contable y administrativa vinculada al funcionamiento de la institución que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
Quiénes son los veedores y qué controlarán
Los veedores designados son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes tendrán acceso a libros contables, registros administrativos, documentación respaldatoria y acuerdos comerciales de la AFA.
Entre sus tareas, deberán elaborar un informe final sobre la situación de la entidad, aunque también podrán presentar reportes parciales en caso de detectar irregularidades que requieran atención inmediata.
El análisis incluirá los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales y la documentación vinculada a la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA).
Además, se revisarán relaciones comerciales con distintas firmas y personas bajo observación, entre ellas TourProdEnter LLC, Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.
El origen del conflicto
La resolución se apoya en objeciones previas de la IGJ, que señaló que la AFA no presentó información requerida sobre el ejercicio 2025 ni sobre la UNAFA.
El organismo también cuestionó el intento de la entidad de fijar su domicilio en la provincia de Buenos Aires, al considerar que esa maniobra fue “ficticia” y que la asociación continúa bajo su jurisdicción.
Rechazo de la AFA
Desde la conducción de la AFA rechazaron la medida, la calificaron como una “veeduría ilegítima” y negaron irregularidades en la presentación de balances.
Asimismo, anticiparon que recurrirán a la Justicia para frenar cualquier avance derivado de esta decisión.
Alcance de la medida
La veeduría no implica una intervención plena ni modifica el funcionamiento cotidiano de la entidad, pero abre una instancia formal de auditoría sobre uno de los sectores más sensibles del fútbol argentino.
El resultado del proceso podría derivar en nuevos requerimientos, sanciones administrativas o una escalada del conflicto en el ámbito judicial.
