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Este miércoles, Uruguay dio un paso histórico en materia de derechos individuales al poner en vigencia la Ley de Muerte Digna, que legaliza la eutanasia bajo condiciones específicas y supervisión médica. La reglamentación fue firmada por el presidente Yamandú Orsi, tras un proceso legislativo y social que se extendió durante meses.
Ley de Muerte Digna: Uruguay legaliza la eutanasia con controles estrictos
La normativa, aprobada en octubre de 2025 por el Parlamento, establece que podrán acceder a la eutanasia personas mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, que padezcan una enfermedad incurable e irreversible en etapa terminal, con sufrimientos considerados insoportables y un deterioro significativo de su calidad de vida.
El procedimiento contempla una serie de requisitos estrictos. En primer lugar, el paciente deberá realizar una solicitud expresa ante un médico, preferentemente por escrito. En caso de imposibilidad física, podrá hacerlo a través de un tercero adulto. Luego, el profesional deberá verificar la aptitud psíquica del solicitante e informarle sobre alternativas disponibles, como los cuidados paliativos.
Además, la ley exige la intervención de un segundo médico independiente, quien evaluará tanto el estado clínico como la voluntad del paciente. Si ambos coinciden en que se cumplen las condiciones establecidas, se realizará una nueva instancia de confirmación, en la que el solicitante deberá ratificar su decisión por escrito ante dos testigos sin intereses económicos en el fallecimiento.
Como parte de la reglamentación, se creó una Comisión Honoraria de Revisión, dependiente del Ministerio de Salud Pública, que tendrá la tarea de supervisar cada caso y garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos. Este organismo funcionará como un ente de control independiente para asegurar la correcta aplicación de la ley.
En un mensaje difundido en redes sociales, Yamandú Orsi destacó: “La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas”, y remarcó que la medida es resultado de un proceso “largo de debate, reflexión y escucha”.
Con esta decisión, Uruguay se suma a Colombia y Ecuador como los únicos países de la región que permiten el acceso a la muerte médicamente asistida, marcando un precedente en América Latina en torno al debate sobre el derecho a una muerte digna.
