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La crisis del sistema universitario nacional volvió a quedar en el centro del debate público. En diálogo con el programa Arriba la radio, por Radio Up, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, describió un escenario crítico que atraviesa a todas las universidades del país, incluida la Universidad Nacional de Misiones, y reclamó la aplicación inmediata de la ley de financiamiento universitario ya aprobada por el Congreso.
“El conflicto no es nuevo, ya lleva más de dos años y necesita una solución urgente”, sostuvo Alpa. En ese marco, remarcó que desde el CIN se viene insistiendo de manera reiterada sobre cuatro problemas estructurales que hoy condicionan el funcionamiento del sistema: la situación salarial de docentes y no docentes, el desfinanciamiento del sistema científico-técnico, el atraso de las becas estudiantiles y la insuficiencia del gasto de funcionamiento.
Una ley aprobada que no se aplica
Alpa fue contundente al referirse a la falta de voluntad política para ejecutar la ley. Recordó que, tras la aprobación del financiamiento universitario, el proyecto de Presupuesto Nacional incorporó un artículo que directamente derogaba esa norma. “Ahí quedó claro que no hay intención de que esta ley se aplique”, afirmó, y agregó que el Gobierno incluso apeló judicialmente su implementación o busca que se ejecute de forma mínima, “como si no se aplicara”.
Según explicó, desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias hubo contactos informales y anuncios que nunca se concretaron. “Se habló de enviar un proyecto alternativo, pero era imposible aceptar algo que reducía lo que la ley ya había aprobado”, señaló. Con el correr de las semanas, la situación no se destrabó y el conflicto se profundizó.
Salarios, paritarias y riesgo para el inicio de clases
Uno de los puntos más urgentes, según Alpa, es la convocatoria a paritarias docentes y no docentes. “Es lo más urgente de todo y se va a notar en los próximos días, con el inicio del ciclo lectivo 2026”, advirtió.
El titular del CIN detalló que durante el último año se registró un promedio de renuncias cercano al 5% del plantel docente en las universidades nacionales. “No son docentes que se reemplazan de un día para el otro. Y encima estamos ofreciendo salarios que han perdido alrededor del 40% de su poder adquisitivo”, explicó. Esta situación, remarcó, impacta directamente en la calidad del sistema.
El problema se agrava en el área científica. “Investigadores se están yendo del país porque encuentran mejores condiciones en universidades del exterior, incluso en Latinoamérica”, alertó, describiendo un escenario de pérdida de capital humano difícil de revertir.
Becas desactualizadas y estudiantes en riesgo
Alpa puso especial énfasis en la situación de los estudiantes. Recordó que el sistema universitario argentino es no arancelado, pero que la permanencia en la universidad depende de políticas de acompañamiento. “Las becas nacionales llegaban a casi el 20% de los estudiantes del país”, señaló, al referirse a programas como Progresar y Manuel Belgrano.
Sin embargo, advirtió que los montos actuales están profundamente atrasados. “Estamos hablando de becas de 35.000 y 81.000 pesos. Con esos valores, un estudiante no puede dedicarse a estudiar y tiene que salir a trabajar”, afirmó. Esa situación, explicó, conspira contra el objetivo mismo de la beca y pone en riesgo la continuidad académica.
A esto se suma el debilitamiento de los sistemas de apoyo propios de cada universidad: comedores universitarios, residencias, becas de fotocopias y ayudas para materiales de estudio. “Hoy, en promedio, las universidades solo pueden destinar el 7% de lo que reciben mensualmente a gastos de funcionamiento”, detalló Alpa. Ese porcentaje debe cubrir servicios básicos y también sostener las políticas de inclusión estudiantil.
Menos abandono visible, pero carreras más largas
Consultado sobre el abandono estudiantil, el presidente del CIN aclaró que no se observa aún una deserción masiva, pero sí un fenómeno más silencioso. “Lo que vemos es un alargamiento de las carreras”, explicó. Muchos estudiantes reducen la cantidad de materias, trabajan más horas y avanzan más lento, lo que termina afectando el rendimiento y la finalización de los estudios.
“Ese estudiante que hoy hace una materia en vez de tres, dentro de uno o dos años puede terminar abandonando”, advirtió. Y fue más allá: “Si se trunca una carrera en primer o segundo año, ese estudiante no vuelve. Y eso significa menos profesionales dentro de cinco o diez años”.
El debate sobre el arancelamiento
Alpa también respondió a la hipótesis de un eventual arancelamiento de la universidad pública. “La universidad pública es no arancelada”, afirmó, y advirtió sobre las consecuencias de modificar ese modelo. “Hoy tenemos alrededor de 2,5 millones de estudiantes entre universidades públicas y privadas. Si se arancela, vamos a tener menos de un millón, para un sector mínimo y selecto”.
En ese escenario, sostuvo, la Argentina perdería uno de sus principales activos: un sistema universitario que garantiza ascenso social y forma profesionales e investigadores reconocidos en todo el mundo. “El país estaría mucho más empobrecido, sobre todo cultural y científicamente”, concluyó.
Un conflicto que sigue abierto
Desde el CIN, Alpa anticipó que las federaciones docentes y no docentes evalúan medidas de fuerza y acciones de visibilización para las próximas semanas. “Muchas veces estos problemas solo aparecen ante la sociedad cuando hay marchas o paros, pero la crisis viene desde hace tiempo y no se ha solucionado”, afirmó.
Mientras tanto, el sistema universitario atraviesa un punto crítico. Sin aplicación de la ley de financiamiento, sin paritarias y con becas y salarios deteriorados, el conflicto amenaza con profundizarse justo cuando debería comenzar un nuevo ciclo lectivo.
