En una entrevista exclusiva con el programa «Arriba la Radio» por Radio Up, el diputado nacional Oscar Herrera Ahuad se refirió a la crítica situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas, con especial énfasis en la Universidad Nacional de Misiones (UNAM).
Ante la incertidumbre por el inicio de comedores y el mantenimiento de albergues, el legislador fue tajante: «Mantendré mi palabra de defender el presupuesto». Advirtió que aun se deconoce el texto del proyecto que remitirá el oficialismo libertario al Congreso y lamentó que la actual ley de emergencia no se ejecute, al igual que el referido a discapacidad.
«Me parece que es una ley por insistencia de otra ley, digamos una ley caprichosa la que hoy quieren incorporar. Ahora, tengamos en cuenta algo: que la ley anterior tampoco se está cumpliendo. La ley anterior no le están mandando los recursos que estipula la ley. Lo mismo pasa con la emergencia de discapacidad. Entonces, creo yo que tenemos que trabajar muy fuerte para que ese financiamiento esté y no sea una ley que va judicializada. Al ir judicializada, ¿cuándo vamos a tener la respuesta a la justicia para el sector? De acuerdo los estamentos donde va pasando, ya ha pasado un año. Vamos por el segundo. Bueno, hay que sentarse seguramente a discutir estas cuestiones que son importantes», pidió el ex gobernador Herrera Ahuad.

Solo borradores y sin texto definitivo, advirtió Herrera Ahuad
Herrera Ahuad explicó que, si bien circulan borradores sobre una nueva ley de financiamiento, todavía no hay un texto formal en la Cámara. «Hay un bosquejo que circula por todos lados, pero formalmente no ha llegado. Esta semana seguramente tendremos acceso. Es una ley que se va a discutir muchísimo porque ya existe una ley de emergencia universitaria que el Gobierno no está aplicando», señaló.
El diputado advirtió que cualquier nueva iniciativa debe contar con el visto bueno del sistema universitario argentino. «Si la ley anterior ponía 10 de financiamiento y esta pone 5, no sirve. Tenemos que trabajar para que los recursos lleguen», afirmó, cuestionando la tendencia del Ejecutivo a judicializar leyes que ya fueron votadas pero que no se ejecutan, como sucede también en el área de discapacidad.



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