//
A dos meses de un operativo histórico contra el tráfico ilegal de fauna, realizado en pleno centro de Posadas, el caso que involucra a la veterinaria Amazonas continúa envuelto en decisiones judiciales controvertidas, falta de información oficial y un serio riesgo para los animales rescatados, cuya ubicación y estado actual siguen sin respuestas claras.
El procedimiento fue llevado adelante por Gendarmería Nacional, tras más de dos años de investigación, y expuso una de las maniobras más graves de los últimos 30 años en Argentina vinculadas al tráfico, comercio, cría y tenencia ilegal de fauna silvestre. El allanamiento reveló maltrato animal sistemático, presencia de especies autóctonas y exóticas, ejemplares en peligro de extinción, animales protegidos por la Convención CITES y fauna ingresada ilegalmente al país, como iguanas provenientes de Brasil.
Durante el operativo, OHANA fue convocada formalmente para asumir el resguardo inmediato de los animales, tal como lo establecía la orden judicial. Sin embargo, el escenario hallado fue estremecedor: animales hacinados en recipientes improvisados, mezcla de fauna silvestre con animales domésticos, cría no autorizada y condiciones incompatibles con cualquier criterio sanitario o de conservación.
Uno de los momentos más graves ocurrió cuando se intentó revisar heladeras y freezers del lugar. El responsable reaccionó con nerviosismo e intentó impedir la inspección. Allí se hallaron animales muertos congelados, entre ellos monos que el propio infractor exhibía en redes sociales como “criados”, además de reptiles sacrificados. En un solo establecimiento se concentraban todos los delitos tipificados contra la fauna: maltrato, tenencia ilegal, tráfico, comercio y contrabando, bajo una fachada pública de supuesto rescate y conservación.
Decisiones judiciales que agravaron el escenario
Tras el allanamiento, el juez interviniente resolvió que los animales permanecieran en el mismo lugar, argumentando la necesidad de una evaluación más profunda. Un mes después, se emitió la orden de retiro, pero según consta en un informe oficial de Gendarmería, el magistrado solicitó de manera telefónica que fuera el propio infractor quien trasladara los animales al escuadrón de la fuerza, con el objetivo de evitar “escándalos”.
Esta decisión implicó la ruptura de la cadena de custodia, vulneró principios básicos del derecho y expuso nuevamente a los animales a un riesgo extremo. Actualmente, el juez que encabezó el procedimiento ya no subroga el juzgado, tras haber sido removido por motivos que no fueron informados oficialmente.
Maniobras dilatorias y traslados parciales
Mientras la causa avanza con lentitud, el responsable del lugar presentó pedidos de nulidad del procedimiento y solicitó el traslado selectivo de algunos animales —no de todos— a la Fundación Temaikèn, lo que abrió nuevos interrogantes.
¿Por qué solo algunos ejemplares?
¿Qué vínculo existe entre el infractor y dicha fundación?
Hasta el momento, no hubo explicaciones públicas ni respuestas oficiales.
El interrogante central: ¿dónde están los animales?
A dos meses del operativo, la preocupación sigue intacta:
¿Dónde se encuentran hoy los animales?
¿En qué condiciones están?
¿Quién garantiza su protección real?
Desde OHANA denuncian amenazas, campañas de difamación y presiones, pero aseguran que continuarán visibilizando el caso. “Seguimos hablando porque los animales no pueden hacerlo”, expresaron, y advirtieron que el silencio solo beneficia a la impunidad que históricamente rodea a los delitos contra la fauna silvestre.
Exigen respuestas urgentes
Organizaciones y activistas reclaman al Poder Judicial y a los organismos competentes que ordenen el retiro inmediato y seguro de todos los animales, que se garantice su resguardo efectivo y que los responsables sean investigados y sancionados como corresponde.
