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A cincuenta años del último golpe de Estado en Argentina, nuevas reconstrucciones judiciales y forenses consolidan una de las prácticas más brutales del terrorismo de Estado en el Nordeste: el arrojamiento sistemático de cuerpos al río Paraná como mecanismo de desaparición.
El informe elaborado por el auxiliar fiscal federal Diego Vigay, junto a Marisa Sanauria y Juan Nobile, reúne evidencia clave que permite comprender cómo operó este dispositivo dentro del plan represivo de la última dictadura.
Un método sistemático de desaparición
Las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense identifican al menos cuatro formas organizadas de desaparición de cuerpos entre 1975 y 1983: entierros como NN en cementerios, fosas comunes en centros clandestinos, los llamados “vuelos de la muerte” y el arrojamiento en ríos.
Este último método, menos visibilizado que otros, fue constatado en el cauce del Paraná a lo largo de provincias como Corrientes, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos. Testimonios, registros policiales y peritajes forenses coinciden en describir un patrón: cuerpos maniatados, con signos de ejecución y mutilaciones destinadas a impedir su identificación.
Según datos actualizados al 2026, el EAAF recuperó 1.652 cuerpos en todo el país, de los cuales el 85,3% fueron hallados en cementerios. Sin embargo, una porción significativa corresponde a víctimas arrojadas en espacios públicos, incluidos los ríos, que luego fueron enterradas como NN.
Empedrado: el punto clave en la reconstrucción
La localidad correntina de Empedrado se convirtió en un eje central para las investigaciones. Allí, en el cementerio San Roque, se hallaron restos de personas que habían sido recuperadas del río Paraná entre 1976 y 1977.
Las excavaciones iniciadas en 2006 permitieron identificar a varias víctimas y confirmar testimonios de pescadores, trabajadores del cementerio y personal policial que habían participado en los procedimientos de recuperación de cuerpos.
Este proceso fue impulsado por denuncias históricas, archivos periodísticos y el trabajo articulado entre fiscalías, organismos de derechos humanos y la Universidad Nacional del Nordeste, que incluso creó un gabinete regional de antropología forense.
Historias que reconstruyen la verdad
Entre los casos identificados, se destacan tres historias que permitieron probar el circuito represivo:
Rómulo Gregorio Artieda, visto con vida en el centro clandestino del Regimiento 9 en 1977, fue hallado luego enterrado como NN tras aparecer en el río.
Julio Andrés “Bocha” Pereira, víctima de la Masacre de Margarita Belén, fue identificado en 2014 tras comprobarse que su cuerpo había sido arrojado al Paraná.
Carlos Enrique Tereszecuk, secuestrado en Resistencia, fue asesinado y arrojado al río en 1976; sus restos fueron identificados en 2018.
A estos se suma el caso de Pantaleón Romero, dirigente agrario cuyos restos también evidencian el uso de cursos de agua como destino final de las víctimas.
La sentencia que confirmó el patrón
El 11 de agosto de 2025, la jueza federal Zunilda Niremperger dictó una sentencia clave que consolidó esta hipótesis: el arrojamiento de cuerpos al Paraná fue un método sistemático dentro del esquema represivo del II Cuerpo de Ejército.
El fallo describe un patrón reiterado en los hallazgos: víctimas desnudas, atadas, con disparos de ejecución, mutilaciones en las yemas de los dedos y cortes abdominales destinados a evitar que los cuerpos flotaran.
Testimonios como el del médico forense Otto Eliseo Manzolillo resultaron determinantes para reconstruir estas prácticas, al detallar las condiciones en las que eran encontrados los cuerpos en la costa correntina.
Memoria, verdad y justicia
La reconstrucción de estos hechos no solo permite identificar víctimas, sino también comprender la dimensión del plan sistemático de exterminio implementado durante la dictadura.
A medio siglo del golpe, los avances judiciales y científicos refuerzan una premisa central: el derecho a la verdad no prescribe. Cada identificación, cada testimonio y cada sentencia aportan a una memoria colectiva que sigue en construcción.
Como sostiene el fallo judicial, esclarecer lo ocurrido no depende del tiempo transcurrido: es una condición indispensable para sostener una sociedad basada en la dignidad humana y la justicia.
