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El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, creado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1992, vuelve a encontrar al colectivo en un contexto adverso. Según explicó Tatiana Antúnez en su entrevista con Radio Up, este 3 de diciembre “es una jornada de encuentro, reflexión y defensa de derechos”, especialmente tras un año donde las personas con discapacidad “vieron sus derechos vulnerados de manera profunda”.
La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad remarcó que la fecha convoca a revisar las políticas vigentes, pensar estrategias integrales y superar enfoques centrados únicamente en lo médico o rehabilitador. Señaló que la discapacidad debe ser abordada desde una mirada amplia, respetuosa y basada en derechos, algo que hoy se encuentra debilitado.
Crisis, ajuste y demandas básicas que se multiplican
Antúnez advirtió que las urgencias se agudizaron y que las principales consultas del año están relacionadas con necesidades esenciales. El acceso a alimentos y medicación se convirtió en la demanda más recurrente, en un contexto de recortes, suspensión de pensiones, falta de empleo y pérdida de programas estatales que históricamente amortiguaban desigualdades.
Explicó que la suspensión masiva de pensiones no contributivas, sumada a la caída de ingresos, provocó un aumento sostenido de pedidos de asistencia. La crisis, insistió, recayó de manera directa sobre familias ya atravesadas por múltiples vulnerabilidades.
El acompañamiento provincial: amparos, gestiones y refuerzo sanitario
Ante la ausencia de respuestas por parte del Gobierno nacional, el Estado provincial asumió un rol activo para acompañar a quienes se vieron afectados por la suspensión de derechos. Antúnez detalló que se presentaron amparos colectivos y particulares, tanto para reclamar la restitución de pensiones como para atender problemas en el Programa Federal Incluir Salud.
La dirigente informó que, por orden judicial, las pensiones deben pagarse con retroactivo y que ya hay beneficiarios con fechas de cobro confirmadas para principios de diciembre. Aclaró, sin embargo, que si esto no ocurre, las personas deberán insistir por vía administrativa y luego judicial.
También señaló que la provincia fortaleció servicios de salud pública para garantizar tratamientos que, por costos de traslado o interrupción de programas nacionales, se volvieron inaccesibles. Destacó el caso de personas con discapacidad que son además pacientes oncológicos y que ahora pueden realizar tratamientos en Misiones. Subrayó que este refuerzo se enmarca en un aumento del presupuesto provincial destinado a asistencia social para 2026.
La parálisis del Gobierno nacional y el retroceso de políticas clave
Al analizar el rol del Gobierno nacional, Antúnez fue contundente: “Nada ha mejorado. Todo fue en retroceso”. Denunció la parálisis total de los Consejos Federales de Discapacidad, cuya actividad está regulada para realizar cuatro asambleas al año pero que en 2024 solo concretaron dos, la última de ellas frustrada ante la ausencia del interventor de la ANDIS.
Sostuvo que programas que funcionaban dejaron de hacerlo, que trámites que antes se gestionaban hoy no tienen canal de resolución y que los recursos del Fondo Nacional de Discapacidad no fueron definidos ni puestos en marcha. La incertidumbre respecto al presupuesto nacional 2025 agrava aún más la situación, ya que no existen anuncios ni lineamientos claros.
Según Antúnez, las organizaciones y provincias trabajan en un “ida y vuelta constante” con la agencia nacional, pero las respuestas son prácticamente nulas. Advirtió que la falta de interés del Ejecutivo nacional por el área es evidente y que la estructura institucional se encuentra desarticulada.
Actividades, debates y un cierre de año con más de 15.000 consultas atendidas
A pesar del contexto de emergencia, el Consejo Provincial de Discapacidad cerrará el año con diversas actividades. Antúnez detalló que este martes se lleva adelante un encuentro en la Facultad de Humanidades para debatir sobre derechos educativos, especialmente frente a las discusiones nacionales sobre la llamada “libertad educativa”. Allí participa el profesor, periodista e historiador David Bay, quien desde su experiencia como persona ciega aporta una mirada crítica sobre avances, obstáculos y desafíos en el sistema educativo.
Durante la tarde, en San Javier, se realiza la segunda edición del Festival por la Diversidad e Inclusión de las Personas con Discapacidad, organizado junto al municipio. Aunque el 3 de diciembre es una fecha que conmemora derechos vulnerados, Antúnez destacó que una ley provincial crea y respalda este festival, razón por la cual se decidió continuar con el evento. Insistió en que las personas con discapacidad “también tienen derecho a celebrar” y necesitan espacios de visibilización en toda la provincia.
En su balance anual, la presidenta del Consejo subrayó que se atendieron más de 15.000 consultas, en su mayoría vinculadas a pensiones y subsidios. Recordó además la realización de la Expo Inclusión, que permitió incorporar a más de veinte personas con discapacidad al ámbito laboral. Definió el trabajo del año como “enorme, intenso y necesario”, frente a un escenario que exige respuestas urgentes y una presencia estatal sólida.
Un día para exigir derechos y visibilizar la emergencia
El 3 de diciembre, declarado por la ONU en 1992 y reconocido en Argentina mediante la Ley 25.346, busca promover los derechos de las personas con discapacidad y concientizar sobre las desigualdades que atraviesan. En un año marcado por recortes, parálisis institucional y retrocesos, la fecha se resignifica como un llamado urgente a sostener políticas públicas integrales, garantizar accesos básicos y restituir mecanismos que hoy se encuentran frenados.
La jornada de este año, como expresó Antúnez, invita a reflexionar y a unirse, pero sobre todo a exigir compromisos concretos que permitan superar la emergencia y avanzar hacia un enfoque de derechos efectivo, transversal y sostenido en el tiempo.
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