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La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) aprobó nuevos lineamientos para organizar las tareas de auditoría interna de las universidades nacionales durante 2027. La medida establece prioridades de control sobre la administración de recursos públicos y fija plazos para la presentación de los planes de trabajo.
La disposición quedó formalizada mediante la Resolución 311/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. Según lo establecido, las unidades de auditoría interna deberán presentar sus respectivos planes antes del 31 de octubre de 2026 a través del Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC).
Qué aspectos deberán controlar las auditorías universitarias
Las pautas complementarias orientan la formulación, ejecución y seguimiento de los planes de auditoría para el próximo ejercicio. Su aplicación deberá articularse con las disposiciones generales de planificación de la SIGEN.
Cada unidad tendrá que elaborar una propuesta acorde con las características de la institución en la que funciona. Para ello, deberá considerar su dimensión, estructura organizativa, distribución territorial, actividades, disponibilidad de recursos y perfiles profesionales.
La selección de los procesos que serán examinados deberá sustentarse en una matriz de riesgos y en los antecedentes de control disponibles. Este criterio busca orientar las tareas hacia los sectores que requieran mayor atención desde el punto de vista administrativo y financiero.
Entre las áreas prioritarias se encuentran el presupuesto y las finanzas, las compras y contrataciones, las transferencias, los convenios, la administración del patrimonio, la infraestructura, el personal y la liquidación de haberes.
También se incorporan los sistemas de información y la ciberseguridad, dos componentes vinculados con la gestión de datos, la protección de los recursos tecnológicos y el funcionamiento de los procedimientos administrativos.
Investigación extensión y emisión de títulos
Los lineamientos incluyen, además, la administración de fondos destinados a investigación y extensión universitaria. Estos recursos forman parte de los procesos que podrán ser considerados en la planificación de los controles internos.
Otro de los aspectos contemplados es la integridad institucional, junto con los procedimientos relacionados con la emisión y el otorgamiento de títulos universitarios.
La normativa aclara que la incorporación de estas áreas entre las prioridades no implica la obligación de realizar una auditoría independiente para cada una. La selección concreta de los procesos deberá responder a los riesgos identificados y a las características de cada institución.
De esta manera, los planes de trabajo podrán adecuarse a las particularidades de las universidades nacionales, sin establecer una estructura idéntica de auditorías para todas ellas.
Rendiciones de fondos y documentación respaldatoria
Uno de los puntos centrales de las nuevas pautas es la evaluación del estado de las rendiciones de fondos ante la autoridad nacional competente. Todos los planes de auditoría deberán contemplar este relevamiento.
El análisis tendrá que identificar los importes recibidos, los recursos aplicados, las sumas rendidas, los montos observados y aquellos que permanezcan pendientes de rendición. También deberá registrar los vencimientos correspondientes y la documentación respaldatoria disponible.
A partir de esa información, las unidades de auditoría deberán elaborar un informe que distinga los datos efectivamente verificados de aquellos que todavía se encuentren pendientes de conciliación.
La disposición mantiene la responsabilidad de elaborar y presentar las rendiciones en las áreas administrativas y las autoridades universitarias correspondientes. Por lo tanto, la intervención de auditoría se concentra en la evaluación y el seguimiento de los procedimientos, sin reemplazar las funciones de gestión de las instituciones.
Alcances de los controles y autonomía universitaria
El anexo de la resolución establece que los exámenes estarán orientados a los procesos de gestión y administración. Al mismo tiempo, dispone que las tareas deberán desarrollarse respetando la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales.
En ese marco, los controles no deberán sustituir las decisiones que corresponden a los órganos de gobierno universitarios ni evaluar el mérito académico o científico de sus actividades.
La distinción delimita el alcance de las auditorías sobre la administración de los recursos y los procedimientos institucionales, sin trasladar a las unidades de control competencias propias de las autoridades universitarias.
Seguimiento de observaciones y acciones correctivas
Los informes, las observaciones, las recomendaciones y las medidas correctivas deberán registrarse en el Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC), acompañados por la documentación de respaldo correspondiente.
El sistema permitirá dejar constancia de los resultados de las tareas de control y realizar el seguimiento de las medidas adoptadas frente a las observaciones identificadas.
Con la presentación de los planes prevista para el 31 de octubre de 2026, las unidades de auditoría interna deberán definir las actividades que desarrollarán durante el ejercicio 2027, conforme a los criterios generales de planificación y a los riesgos detectados en cada universidad.
La aplicación de estos lineamientos organizará las prioridades de control sobre la administración presupuestaria, las contrataciones, los recursos humanos, los sistemas tecnológicos y las rendiciones de fondos, dentro de los límites establecidos para preservar las competencias de las instituciones universitarias.
Planificación según los riesgos de cada universidad
La aplicación de los lineamientos requerirá que cada unidad de auditoría interna establezca sus prioridades en función de las características y necesidades de la universidad. La disponibilidad de personal especializado, los recursos asignados y los antecedentes de control serán elementos relevantes para determinar qué procesos requieren mayor seguimiento. Este enfoque permitirá adaptar las tareas de auditoría a las distintas estructuras universitarias, sin exigir que todas desarrollen exactamente los mismos controles.
El registro de informes, observaciones y recomendaciones en el SISAC permitirá documentar los resultados de las auditorías y las acciones impulsadas para atender las situaciones detectadas. La conservación de los respaldos será un componente central para realizar el seguimiento de las medidas correctivas y distinguir los aspectos resueltos de aquellos que continúen pendientes. Estas tareas deberán desarrollarse dentro de las competencias de las unidades de auditoría interna y sin reemplazar las responsabilidades de gestión de las autoridades universitarias.
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