En los últimos meses, la Defensoría del Pueblo de la Nación lleva experimentando un notable incremento en las denuncias relacionadas con obras sociales y empresas de medicina prepaga. Los reclamos se centran principalmente en la falta de cobertura para medicamentos, tratamientos y otros insumos de salud que deberían estar garantizados por ley.
Maximiliano Nitto, jefe del Área de Salud de la Defensoría, dialogó con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5 y explicó cómo este organismo se convirtió en una vía clave para que la ciudadanía reclame sus derechos en medio de un contexto de creciente preocupación por el acceso a la atención médica.
El impacto del aumento de costos y la caída de la cobertura
La inflación y los costos de los medicamentos impactaron de manera significativa a los argentinos. Según Nitto, “está cada vez siendo más costoso comprar medicamentos”, lo que genera que las personas busquen más cobertura por parte de sus obras sociales y prepagas. Sin embargo, en muchos casos, estas instituciones no están cumpliendo con sus obligaciones.
“La falta de cobertura, principalmente de PAMI, empezó a generar preocupación porque dejó de cubrir algunos medicamentos”, comentó Nitto, detallando que en algunos casos la cobertura era parcial y en otros directamente inexistente.
Pero no es solo PAMI el que enfrenta problemas. “Muchas otras obras sociales también, o coberturas que debieran estar cubiertas por los planes médicos obligatorios, no están siendo garantizadas”, agregó el funcionario, poniendo en relieve la gravedad de la situación.
El rol de la Defensoría del Pueblo en la defensa de derechos
En este sentido, la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene un papel clave en la protección de los derechos de los ciudadanos, en este caso, el acceso a la salud. “Es un organismo de derechos humanos que se crea por la Constitución Nacional”, explicó Nitto.
Además, resaltó que cualquier persona puede denunciar la vulneración de un derecho humano, incluyendo problemas de cobertura de salud. “Recibimos tanto denuncias contra obras sociales nacionales, contra empresas de medicina prepaga, o incluso contra programas nacionales de salud”, afirmó.
Entre los reclamos más frecuentes que recibe el área de salud de la Defensoría están la autorización de medicamentos, tratamientos de rehabilitación, insumos médicos, prótesis, traslados de personas con discapacidad y aumentos de cuotas por edad.
En tanto, Nitto destacó la amplitud de casos que cubren: “Todo el abanico de tratamientos y medicamentos que están reconocidos por ley y que no son prestados por las obras sociales o prepagas”.
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Aumento en las denuncias ciudadanas
El contexto económico y político también afectó la demanda de intervención de la Defensoría. “Desde el comienzo del año, con el cambio de gobierno y el cambio de ciertas políticas públicas a nivel nacional en materia de salud, se ha visto un incremento en las denuncias”, señaló Nitto.
Este aumento fue especialmente notable en los primeros meses del año, cuando se generó “mucha preocupación” debido a los incrementos de las cuotas de las prepagas y la falta de claridad en las regulaciones.
Además, Nitto resaltó que la falta de financiamiento de programas estatales, como el programa federal “Incluir Salud”, también causó un aumento en las denuncias. “Todo este tipo de prestaciones que brindaba el Estado al segmento de la población más vulnerable estaban desfinanciadas”, comentó. Aunque, según el funcionario, la situación comenzó a normalizarse, los primeros meses del año fueron complejos.
Cómo denunciar ante la Defensoría
Para aquellos que enfrentan problemas de cobertura, Nitto explicó los pasos a seguir para presentar una denuncia ante la Defensoría. “Lo principal es que la persona tenga la orden del médico donde se indique ese tratamiento, medicamento o insumo”, subrayó Nitto. Esta orden debe estar acompañada de una justificación clara por parte del profesional de salud.
En caso de una negativa por parte de la obra social o prepaga, la persona puede presentar la denuncia a través de los canales digitales de la Defensoría. “Para acudir a nosotros puede hacerlo a través de www.dpn.gob.ar o por mail”, explicó, agregando que es fundamental incluir toda la documentación necesaria.
Nitto también aclaró que, aunque es preferible que la negativa de cobertura sea por escrito, esto no es un requisito imprescindible. “Para nosotros no es un limitante, alcanza con la declaración que hace la persona afectada”, dijo.
Demoras en la respuesta de las entidades denunciadas
Por último, resaltó que uno de los principales problemas que enfrenta la Defensoría es la demora en la respuesta de las obras sociales y prepagas. “Cuando la persona llega a la Defensoría, la apertura del expediente es prácticamente inmediata”, explicó Nitto. Sin embargo, el tiempo de resolución depende de la colaboración de la entidad denunciada. “Del denunciado hacia nosotros va a depender la celeridad del trámite”, reconoció.
El tiempo promedio para tener una idea clara de la situación es de aproximadamente 30 días, pero en casos urgentes, como cuando se requiere un tratamiento inmediato, se utiliza un procedimiento especial para acelerar el trámite.
A pesar de las demoras y las dificultades, Nitto aseguró que la institución continúa operando a pleno. “El hecho de que no haya un defensor nombrado no significa que la institución no esté trabajando”, concluyó.
