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El Ministerio de Salud de la Nación aprobó el Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030, una política sanitaria orientada a mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares en Argentina. La iniciativa busca reducir su impacto sobre la mortalidad y la discapacidad mediante una estrategia que articule los distintos niveles del sistema de salud.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 1445/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro Mario Lugones. La coordinación técnica estará a cargo de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles, dependiente de la Secretaría de Gestión Sanitaria.
Según los fundamentos de la norma, durante 2024 se registraron 105.130 muertes por causas cardiovasculares en el país. La cifra representó el 27,9% del total de defunciones y el 40,4% de las muertes atribuidas a enfermedades no transmisibles. El documento también señala diferencias entre provincias y una mortalidad por estas causas un 62% mayor en los hombres.
Las enfermedades cardiovasculares concentran una parte importante de las muertes
El diagnóstico oficial advierte sobre la necesidad de mejorar la detección de factores de riesgo, especialmente la hipertensión arterial y el colesterol elevado, debido al subdiagnóstico identificado en la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo.
El documento también describe una evolución desigual de los hábitos de salud. Mientras el tabaquismo registra una disminución sostenida desde 2005, el exceso de peso aumentó en las sucesivas mediciones. Frente a este escenario, el plan prioriza el abordaje del síndrome cardio-reno-metabólico, que comprende la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal crónica y la obesidad.
De acuerdo con los fundamentos de la medida, entre el 34% y el 40% de los adultos presenta hipertensión arterial, con niveles de control inferiores a los objetivos recomendados. Además, las cardiopatías isquémicas y otras enfermedades vasculares explican entre el 28% y el 32% de las muertes registradas en el país, según las estimaciones citadas en la normativa.
Siete componentes para reorganizar la atención sanitaria
La estrategia nacional se estructura en siete componentes: gobernanza federal, promoción de la salud, detección temprana, organización de las líneas de cuidado, calidad de la atención, sistemas de información e investigación.
El propósito es superar un modelo organizado en programas o enfermedades aisladas y avanzar hacia una política integrada que permita coordinar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de las personas con riesgo o antecedentes cardiovasculares.
Entre las principales medidas se encuentra la creación de Nodos de Salud Vascular, que funcionarán a partir de centros sanitarios existentes dentro de las redes de atención. Estos espacios actuarán como referentes territoriales para promover hábitos saludables, controlar factores de riesgo y facilitar la rehabilitación cardiovascular.
Las acciones previstas incluyen acompañamiento para dejar de fumar, promoción de la actividad física y orientación alimentaria. La atención podrá desarrollarse de manera presencial, domiciliaria, comunitaria o a distancia, según las necesidades de cada población y las capacidades de los servicios disponibles.
El plan incorpora una estrategia de polipíldora
Uno de los ejes de la iniciativa es la incorporación de una estrategia de polipíldora en la atención primaria. Se trata de un comprimido que combina al menos un medicamento antihipertensivo y una estatina, utilizada para reducir el colesterol.
La propuesta apunta a simplificar los tratamientos y favorecer la adherencia terapéutica. Estará destinada a personas con tres o más factores de riesgo cardiovascular y a quienes hayan sufrido previamente un evento cardiovascular.
La normativa cita estudios internacionales que muestran una reducción cercana al 20% de los eventos cardiovasculares mayores asociados a este tipo de tratamiento. Su aplicación deberá integrarse a la evaluación clínica y al seguimiento de cada paciente.
Actualizan el listado de medicamentos esenciales
En paralelo, el Ministerio de Salud aprobó, mediante la Resolución 1447/2026, un nuevo Listado de Medicamentos Esenciales para la Prevención y Tratamiento de Enfermedades Vasculares en el Primer Nivel de Atención. La disposición derogó el listado general aprobado en 2021 y estableció una nómina específica para estas patologías.
La selección comprende seis principios activos: aspirina, atorvastatina, rosuvastatina, candesartán, hidroclorotiazida y ramipril. Los medicamentos se orientan, según sus indicaciones, a la prevención de eventos cardiovasculares, el tratamiento del colesterol elevado y el control de la presión arterial.
Los criterios utilizados para seleccionar los principios activos incluyen accesibilidad, disponibilidad, evidencia científica, fuerza de recomendación y comodidad en la dosificación.
El listado tendrá carácter orientativo y servirá como referencia para las compras centralizadas, la planificación logística y la distribución de medicamentos a los efectores públicos del primer nivel de atención de las 24 jurisdicciones.
La resolución aclara que la actualización no elimina otros listados nacionales vigentes ni modifica las responsabilidades de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la provisión de medicamentos destinados a otras condiciones de salud.
Refuerzan la atención de infartos y accidentes cerebrovasculares
El plan también contempla medidas para mejorar la respuesta ante emergencias cardiovasculares y neurológicas. Entre las prioridades se encuentra el fortalecimiento de las redes de atención del infarto agudo de miocardio y del accidente cerebrovascular, dos situaciones en las que la rapidez del diagnóstico y del tratamiento resulta determinante.
Para avanzar en ese objetivo, la estrategia prevé protocolos de actuación, coordinación de las derivaciones, seguimiento de los tiempos críticos de traslado y tratamiento, aplicaciones móviles para facilitar la comunicación entre los servicios y notificación obligatoria de los casos. También contempla la posibilidad de establecer convenios entre instituciones públicas y privadas.
Las líneas de acción incluyen, además, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, las miocardiopatías y el pie diabético. En materia de muerte súbita, se propone ampliar los espacios cardioasistidos y crear un registro nacional de desfibriladores que permita conocer su ubicación geográfica y supervisar su funcionamiento.
Alcance nacional y articulación con las coberturas de salud
La política está dirigida a toda la población, con especial atención a los adultos para la detección y el tratamiento de los factores de riesgo, y a los niños y adolescentes para la promoción de hábitos saludables.
La normativa también identifica la necesidad de coordinar acciones con distintos subsistemas de atención. Debido a que el Programa SUMAR está dirigido a personas sin cobertura formal de salud, el plan plantea alcanzar acuerdos con obras sociales, el PAMI y empresas de medicina prepaga para avanzar en criterios clínicos y sistemas de registro compartidos.
La articulación busca reducir las diferencias en la atención y facilitar el seguimiento de los indicadores sanitarios, independientemente del tipo de cobertura de cada persona.
Cuándo comenzará la implementación y cómo se evaluará
El cronograma establece que 2026 estará destinado a la organización del programa y a la definición de una línea de base para medir los avances. Durante 2027 comenzará la implementación, mientras que en 2028 se realizará una evaluación intermedia. La evaluación final está prevista para 2030.
El seguimiento incluirá revisiones trimestrales, monitoreo semestral de indicadores e informes anuales de avance. Estos mecanismos permitirán observar la evolución de las acciones y evaluar el cumplimiento de los objetivos definidos.
Según las resoluciones, tanto el plan nacional como el nuevo listado de medicamentos se implementarán sin generar erogaciones presupuestarias adicionales. La estrategia prevé reorganizar los recursos existentes y reformular el nomenclador del Programa SUMAR para incorporar las prestaciones priorizadas.
Las dos disposiciones entraron en vigencia con su publicación y facultan a la Secretaría de Gestión Sanitaria a establecer las medidas complementarias necesarias para su aplicación. De esta manera, el Gobierno nacional fijó una hoja de ruta hasta 2030 para fortalecer la prevención y la atención de las enfermedades vasculares en el sistema sanitario argentino.
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