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El sacerdote Fernando Luis Gómez, quien quedó en el centro de la polémica tras celebrar el matrimonio religioso de una pareja trans en Corrientes, se ausentó de la provincia por recomendación de sus superiores, según confirmaron desde la parroquia Nuestra Señora de Pompeya.
Desde la comunidad parroquial se limitaron a informar que “fray Fernando estará fuera de Corrientes hasta fin de mes”, sin brindar mayores precisiones sobre los motivos ni sobre la eventual apertura de actuaciones eclesiásticas por parte del Arzobispado.
La controversia se originó luego de la boda celebrada el pasado 28 de enero, cuando el religioso unió en matrimonio a Solange Ayala (33) e Isaías Díaz Núñez (26), una pareja que mantiene una relación desde hace más de cinco años. La ceremonia generó cuestionamientos de algunos feligreses, cuyas quejas llegaron a las autoridades eclesiásticas.
El Arzobispado de Corrientes emitió posteriormente un comunicado en el que atribuyó la responsabilidad del casamiento al sacerdote y advirtió que el enlace matrimonial “requiere el cumplimiento de determinadas condiciones esenciales para su validez y licitud”, en línea con el Derecho Canónico.
En el documento, el arzobispo José Alfredo Larregain sostuvo que la eventual omisión de esos requisitos “puede generar confusión en la comunidad de los fieles” y señaló que el caso sería analizado “conforme a lo dispuesto por el Derecho Canónico”, lo que dejó entrever la posible anulación del matrimonio religioso.
Por su parte, Gómez también difundió un comunicado en el que defendió su actuación, dando a entender que la pareja habría cumplido con los requisitos establecidos por la Iglesia. No obstante, indicó que se reforzarán los procedimientos de entrevista, preparación y verificación, con el objetivo de resguardar la correcta celebración de los sacramentos.
Solange Ayala explicó que la elección de la parroquia no fue casual, ya que previamente les habían señalado que se trataba de una comunidad “abierta a la hora de recibir a la diversidad”. Según su testimonio, iniciaron el trámite “como cualquier otra pareja” y fueron recibidos sin objeciones.
Ambos contrayentes habían realizado previamente el cambio de nombre y género en sus documentos, en el marco de la Ley de Identidad de Género, y aseguraron haber seguido el procedimiento eclesiástico correspondiente antes de la celebración.
El caso continúa generando repercusiones tanto dentro como fuera del ámbito religioso, mientras persisten interrogantes sobre la situación canónica del matrimonio y el futuro del sacerdote.
