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El Concejo Deliberante de Posadas concretó una sesión histórica al llevar la 34ª sesión ordinaria fuera del recinto tradicional y trasladarla a la Escuela N° 960 del barrio Itaembé Guazú. Esta decisión se inscribe en la política de “Concejo de puertas abiertas”, que busca descentralizar la labor parlamentaria, acercar las instituciones a los barrios y transparentar el trabajo de los ediles ante los vecinos.
En ese contexto, y con el acompañamiento unánime de los concejales, se aprobó una ordenanza clave para la defensa de los animales: la creación del Registro Público y Digital Municipal de Personas Condenadas por Maltrato Animal, una herramienta que coloca a Posadas en la vanguardia regional en materia de protección de la fauna urbana y doméstica.
La iniciativa fue impulsada por el presidente del HCD, Jair Dib, e incorpora el proyecto elaborado originalmente por Constanza Cabrera, fundadora y presidenta de la Fundación Ambiental Almaterra Eco, quien desde la sociedad civil viene trabajando en la construcción de políticas públicas concretas para enfrentar el maltrato animal.
Un proyecto nacido de la urgencia y del compromiso
En diálogo con Radio Up, Constanza Cabrera explicó que la propuesta surge, por un lado, de la necesidad imperiosa de dar respuestas reales y eficaces a los múltiples casos de maltrato animal que se registran en la ciudad y, por otro, de la convicción de que la solución no puede limitarse a la asistencia inmediata de la mascota.
De este modo, la iniciativa no solo apunta a garantizar el resguardo, la asistencia y el cuidado de los animales, sino que también busca avanzar sobre las consecuencias legales para los agresores. El objetivo es claro: lograr un castigo real y ejemplificador para los maltratadores, de manera de generar el impacto social necesario para que estas conductas disminuyan en la comunidad.
“Esta herramienta nace porque hay muchos vecinos que ven situaciones de maltrato y no saben cómo actuar, o directamente tienen miedo de denunciar por temor a represalias”, relató Cabrera, quien también se desempeña como presidenta de una comisión vecinal. En complejos habitacionales y barrios donde todos se conocen, el temor al conflicto directo suele paralizar las denuncias.
Con el registro, en cambio, se busca que, una vez realizada la denuncia y tramitado el caso ante la Justicia, la persona responsable no siga gozando de la impunidad del anonimato, sino que quede debidamente individualizada, sancionada y registrada.
Qué es el Registro de Personas Condenadas por Maltrato Animal
La nueva ordenanza crea el Registro Público y Digital Municipal de Personas Condenadas por Maltrato Animal, una base de datos oficial que reunirá información sobre quienes hayan sido penalizados por hechos de crueldad o maltrato hacia los animales en el ejido municipal de Posadas.
Allí serán incorporadas todas las personas que cuenten con sentencia judicial firme por delitos encuadrados en la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato y la crueldad animal y sanciones firmes aplicadas mediante ordenanzas municipales por conductas similares, una vez agotadas las instancias administrativas y de recursos.
De esta forma, el registro no reemplaza la legislación vigente, sino que la complementa y fortalece, al traducir las decisiones judiciales y administrativas en una herramienta pública de consulta, control social y prevención.
Acceso público, datos protegidos y rol del IMUSA
Uno de los aspectos centrales de la ordenanza es el carácter público del registro. La base de datos será de acceso libre y gratuito, de manera que cualquier vecino, organización o institución pueda consultar la información tanto a través del sitio web de la Municipalidad de Posadas como de forma presencial en las dependencias correspondientes.
Sin embargo, esta apertura no implica desprotección de la información. Por el contrario, la ordenanza dispone que el tratamiento de los datos se realizará respetando estrictamente la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales. Así, se establece que el registro tendrá una finalidad específica, que es la protección de los animales y la prevención del maltrato; además existirán sanciones severas para los funcionarios o particulares que utilicen estos datos de manera indebida, maliciosa o discriminatoria, por fuera de los objetivos de la ordenanza.
La autoridad de aplicación será el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA), que tendrá a su cargo la creación, administración, actualización y publicación del registro. Para garantizar la veracidad y precisión de la información, el IMUSA coordinará acciones con los Juzgados de Faltas y otros órganos jurisdiccionales competentes, que serán los encargados de remitir las sentencias y sanciones firmes.
La base de datos incluirá, entre otros, los siguientes datos:
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Nombre y apellido del infractor.
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Domicilio.
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Tipo de infracción o delito cometido.
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Sentencia o sanción aplicada.
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Fecha de incorporación al registro.
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Fecha de baja, cuando corresponda.
De este modo, la herramienta permitirá que organismos públicos, protectoras de animales, refugios, profesionales veterinarios e incluso vecinos puedan consultar si una persona tiene antecedentes firmes de maltrato antes, por ejemplo, de entregar una mascota en adopción.
Cómo denunciar y qué pasa después: el circuito institucional
El proyecto también se articula con un procedimiento claro para que los vecinos sepan cómo actuar ante un caso de maltrato animal y para que la denuncia no quede en el camino.
En términos generales, el circuito funciona de la siguiente manera:
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Observación del hecho: un vecino presencia o toma conocimiento de una situación de maltrato o crueldad animal (golpes, abandono, falta de alimentación y agua, hacinamiento, uso de pirotecnia que los afecta, entre otros).
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Denuncia ante la Policía: la persona se presenta en la comisaría para radicar la denuncia, aportando todos los datos posibles (lugar, fecha, testigos, registro fotográfico o en video, detalles del responsable).
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Notificación al IMUSA: paralelamente, el hecho debe ser notificado al Instituto Municipal de Salud Animal, que podrá intervenir en la protección del animal, realizar inspecciones y articular con otras áreas municipales.
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Intervención de la Justicia: la denuncia se eleva al juzgado competente, que analizará las pruebas, convocará a audiencia, evaluará testimonios y determinará si corresponde una sanción administrativa, una multa y/o una condena penal acorde a la ley nacional y las ordenanzas vigentes.
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Incorporación al registro: una vez que la sentencia o sanción quede firme, los datos del infractor se incorporan al Registro Público y Digital Municipal, cerrando el circuito que va desde la denuncia vecinal hasta la visibilización de la condena.
“Con este registro, cuando alguien se anima a denunciar, sabe que habrá una respuesta, que las autoridades van a tomar medidas y que la persona responsable dejará de ser un maltratador anónimo”, sintetizó Cabrera.
Pirotecnia, abandono y negligencia: el maltrato más allá del golpe
Durante la entrevista, la impulsora del proyecto remarcó que el maltrato animal no se limita al daño físico directo, sino que también abarca una serie de conductas que pueden parecer más “invisibles”, pero que igualmente generan sufrimiento.
En este sentido, la ordenanza se apoya en la Ley Nacional 14.346, que considera maltrato a toda forma de violencia ejercida por acción u omisión, y en las ordenanzas municipales que ya contemplan situaciones como, el uso de pirotecnia sonora, especialmente durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, cuando muchos animales sufren crisis de pánico, intentan escapar, se accidentan o mueren; abandono, ya sea en la vía pública o en lugares donde el animal queda sin resguardo ni asistencia.
También la falta de alimentación y agua adecuadas, que deriva en cuadros de desnutrición y enfermedad, la ausencia de atención veterinaria, en casos donde el animal presenta lesiones o patologías que requieren tratamiento y condiciones de encierro inadecuadas, como perros atados en espacios mínimos, expuestos al sol o a la intemperie sin refugio.
Cabrera mencionó, a modo de ejemplo, el caso reciente de dos perros desnutridos, uno de ellos a punto de ahogarse en la pileta de su propia casa, como símbolo de una negligencia extrema que, sin embargo, se repite con frecuencia.
A la vez, señaló que existe un tabú muy extendido: se suele creer que los animales abandonados son solo callejeros o mestizos, cuando en realidad “hay una enorme cantidad de animales de raza abandonados, muchos de ellos con un costo de mantenimiento alto. Se los usa para las fotos, para las redes, y después se los descarta”.
Redes sociales, crisis económica y responsabilidad desde el primer minuto
Al ser consultada sobre si el maltrato animal fue en aumento, Cabrera consideró que, más que un crecimiento lineal de los casos, lo que se observa es una mayor visibilidad gracias a las redes sociales y a la labor de rescatistas y proteccionistas.
“Hay gente que rescata animales desde hace 30 o 40 años, sin refugios, desde sus casas, con su propio bolsillo, pidiendo donaciones. Hoy, gracias a las redes, ese trabajo se ve y también se exponen muchos más casos de maltrato”, explicó.
No obstante, advirtió que la crisis económica se transformó en un factor que complejiza la tenencia responsable: a muchas familias se les hace difícil sostener los costos de alimentación, vacunas y atención veterinaria. Aun así, insistió en que la responsabilidad comienza desde el primer día: “Cuando un animal entra a una casa, pasa a ser parte de la familia. No se lo puede descartar ante la primera dificultad”.
Aquí aparece uno de los ejes más profundos del debate: el marco legal. Actualmente, el ordenamiento jurídico argentino considera a los animales como “cosas” y no como “seres sintientes”. Esto se traduce en penas bajas y sanciones limitadas, como si se tratara de dañar o abandonar un objeto.
“Nosotros sabemos que no es así. Todos, tengan o no mascotas, entienden que los animales sienten, sufren, se apegan. A veces el amor por una mascota es tan profundo que marca la vida de una persona”, reflexionó Cabrera.
De Jetro a una política pública: cuando el duelo se transforma en acción
En un tramo muy íntimo de la charla, Constanza Cabrera compartió que la iniciativa nace también del dolor personal: este año perdió a su perro Jetro, y fue en su memoria que decidió impulsar formalmente el proyecto.
“Fue en honor a él que creé esto”, contó, mostrando cómo la experiencia emocional de un vínculo con un animal puede transformarse en motor de cambio social.
A partir de ese punto, el trabajo se profundizó desde Almaterra Eco, donde junto a otros integrantes de la fundación comenzaron a estudiar la legislación vigente, relevar casos en distintos barrios y conversar con vecinos y proteccionistas, para luego traducir todo ese diagnóstico en un proyecto que pudiera convertirse en ordenanza.
Lo que viene: más herramientas para una ciudad sin maltrato animal
Cabrera adelantó además que la creación del registro es apenas la primera etapa de un plan más amplio. Desde la fundación están trabajando en propuestas complementarias para abordar otras problemáticas que se repiten en los barrios, entre ellas la presencia de perros sueltos, sin supervisión de sus dueños, animales con fuerza de mandíbula considerable o calificados como potencialmente peligrosos, que generan temor en los vecinos y ataques de perros a otras mascotas e incluso a personas, producto de una tenencia irresponsable.
Estas iniciativas, que podrían presentarse formalmente el próximo año, buscan reforzar la idea de que el problema no es la raza del animal, sino la educación negligente y la falta de compromiso de algunos dueños.
“Los animalitos no tienen la culpa de nada. Incluso en los casos de perros de razas que generan miedo, como el pitbull, el verdadero problema no es la raza, sino la irresponsabilidad humana”, enfatizó.
Un mensaje claro: el maltrato ya no será anónimo
Con la aprobación del Registro Público y Digital Municipal de Personas Condenadas por Maltrato Animal, Posadas da un paso firme hacia una ciudad más justa y compasiva con los animales.
La combinación de visibilidad pública, sanciones económicas, articulación institucional, participación vecinal y acompañamiento de la sociedad civil conforma una herramienta poderosa para desnaturalizar el maltrato y cortar con la impunidad.
A partir de ahora, cada caso denunciado, investigado y condenado no solo significará una reparación para el animal afectado, sino también un mensaje contundente hacia toda la comunidad: en Posadas, el maltrato animal ya no será un delito silencioso ni anónimo, sino una conducta socialmente repudiada y jurídicamente registrada.
Confirman una nueva marcha para pedir justicia por la muerte de Dana Sánchez https://t.co/XEf8uAzBaM
— Radio Up 95.5 (@radioup955) November 21, 2025
