Adrián Sandoval, abogado y referente de la Asociación de Inquilinos de Corrientes, dialogó con “El País de la Libertad de Radio Up 95.5 y advirtió sobre el preocupante incremento en el cese de pagos de alquileres y los desalojos desde la derogación de la Ley de Alquileres.
Al respecto, Sandoval señaló que la situación para los inquilinos empeoró, destacando que un 50% del salario de los trabajadores se destina al pago de la vivienda, y ahora, con la eliminación de la ley, se redujo aún más la capacidad de las familias para recortar gastos en otras áreas esenciales como la comida y los servicios públicos.
“El mercado se libera porque hemos vuelto a un estado primigenio de este negocio. Cualquier negocio que no tenga reglas de juego más que las autoimpuestas es un negocio primitivo, manejado por la oferta y la demanda. En este caso, hicieron eso con la vivienda, y el inquilino tiene todas las de perder”, expresó Sandoval, quien alertó sobre las consecuencias de la desregulación.
La derogación de la ley llevó a una situación donde los contratos de alquiler quedan a merced de la voluntad de inmobiliarias y propietarios, sin una regulación clara que proteja a los inquilinos. Según Sandoval, esto generó una regresión, llevando a condiciones similares a las de hace un siglo, cuando “la gente trabajaba todo el día para poder pagar una pieza por noche”.
A su vez, remarcó que el impacto fue severo en las finanzas de los inquilinos. “Lo que intentaba la ley de alquileres era mejorar un poco la situación del inquilino trabajador, que dedica el 50% de lo que gana al alquiler y otro 50% al resto de los gastos esenciales, como los servicios públicos que no paran de subir. Con la derogación, ya no se trata de volver a una situación mala, sino de retroceder aún más”, afirmó Sandoval.
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En tanto, expresó que uno de los aspectos más graves es que los inquilinos ya no tienen margen para seguir recortando gastos. “Antes recortaban en esparcimiento, luego en vestimenta, después en comida, pero ahora, esa capacidad de recorte está agotada. La mayoría de las familias están endeudadas para poder vivir», explicó el abogado. Esta dinámica generó una “rueda de asunción de deuda” en la que los inquilinos toman créditos para pagar deudas anteriores, lo que incrementa la carga financiera a través de intereses acumulados.
Además del cese de pagos, han aumentado los desalojos, tanto judiciales como “no judiciales”. Según Sandoval, algunos propietarios están recurriendo a medidas ilegales para forzar la salida de los inquilinos. “Detectamos que muchos rentistas, sabiendo que un desalojo judicial puede llevar tiempo, optan por cambiar cerraduras o cortar servicios esenciales como el agua”, relató. En otros casos, los inquilinos regresan a sus hogares tras ausentarse por motivos de salud y encuentran sus pertenencias fuera del domicilio, todo por una mora de uno o dos días.
En cuanto a la posibilidad de una respuesta política que revierta la situación, Sandoval se mostró pesimista. Aunque hay voluntad en algunos sectores políticos para frenar el Decreto 70/2023, que derogó la ley, “no hay una voluntad política real de avanzar”, lamentó. La situación, según él, continuará sin cambios hasta que el Congreso actúe, aunque advirtió que la irregularidad y la ilegalidad que se instalaron en el mercado de alquileres tras la derogación difícilmente se revertirán.
