//
La provincia de Misiones se encamina hacia una de las transformaciones más profundas de su sistema judicial: la reforma del Código Procesal Penal, que propone dejar atrás el modelo actual —de corte inquisitivo mixto— para avanzar hacia un esquema acusatorio o adversarial.
En este contexto, el presidente del Colegio de Abogados, Antonio López Forastier, confirmó en diálogo con Radio Up que la institución fue convocada a participar del diseño del proyecto, una decisión que consideró “necesaria y acertada”.
Lejos de mostrarse sorprendido, el letrado señaló que el debate ya venía gestándose y remarcó que la provincia se encuentra entre las pocas jurisdicciones del país que aún no adecuaron su sistema a estándares modernos. “Misiones es una de las cuatro provincias que todavía no ha dado este paso”, explicó, en referencia a la transición hacia un modelo que ya predomina en gran parte de la Argentina.
Del juez investigador al fiscal protagonista
El eje central de la reforma radica en un cambio de roles dentro del proceso penal. Actualmente, un juez concentra funciones clave: investiga, ordena medidas como allanamientos o detenciones, y luego decide sobre la responsabilidad del acusado.
El nuevo esquema propone separar esas funciones. La investigación quedaría en manos del Ministerio Público Fiscal, mientras que el juez pasaría a desempeñar un rol de garante de la legalidad.
En este modelo aparece la figura del juez de garantías, quien no investiga, sino que controla que el proceso respete los derechos constitucionales. “El juez debe ser ajeno a la investigación y velar por el equilibrio entre las partes”, explicó López Forastier.
Este cambio busca resolver una de las principales críticas al sistema actual: la concentración de poder en una sola figura. “¿Cómo puede ser que quien investiga sea quien juzga?”, planteó, señalando que esa lógica puede afectar la imparcialidad.
El peso del debido proceso y las garantías constitucionales
Uno de los conceptos centrales del debate es el debido proceso, entendido como el conjunto de garantías que deben cumplirse para que una condena sea válida.
López Forastier subrayó que el Poder Judicial es el único capaz de restringir derechos fundamentales, como la libertad o la propiedad, por lo que el respeto de esas garantías es indispensable.
En ese sentido, cuestionó la herencia del sistema inquisitivo, con raíces en el derecho español, y destacó que la Constitución Argentina se basa en principios más cercanos al modelo anglosajón, donde el proceso es acusatorio y las partes están claramente diferenciadas.
“La Constitución prevé un sistema garantista, pero los códigos procesales muchas veces no se adecuaron a ese espíritu”, advirtió.
¿Una justicia más ágil? El desafío de los recursos
Aunque el nuevo sistema podría aportar mayor dinamismo a las investigaciones, el titular del Colegio de Abogados fue cauteloso al evaluar su impacto en la celeridad judicial.
“La agilización no depende solo del procedimiento, sino también de los recursos”, afirmó.
En ese punto, expuso una de las principales debilidades del sistema judicial misionero: la falta de estructura. Como ejemplo, comparó la provincia con Chaco, donde existen más tribunales y juzgados para una carga de trabajo similar.
“Misiones tiene cuatro tribunales orales, mientras que otras jurisdicciones cuentan con una estructura mucho más amplia”, detalló.
Implementación gradual y consenso político
La reforma no sería inmediata. Según lo expresado en la entrevista, el proceso contempla varias etapas, entre ellas, elaboración de un anteproyecto con consensos técnicos, presentación en la Legislatura, debate en comisiones y aprobación en el recinto.
Si bien existe la intención de que la ley se sancione durante este año, su implementación sería progresiva y podría extenderse hasta cinco años.
Este esquema gradual responde a la necesidad de adaptar estructuras, capacitar operadores judiciales y garantizar una transición ordenada.
Igualdad de armas: un punto clave del debate
Otro de los aspectos centrales que planteó López Forastier es la necesidad de garantizar la igualdad de armas entre acusación y defensa.
En el nuevo sistema, el fiscal tendrá un rol protagónico y contará con recursos técnicos, lo que obliga a fortalecer también a la defensa, especialmente la pública.
“El defensor debe tener las mismas posibilidades que la fiscalía para producir pruebas”, sostuvo, advirtiendo sobre el riesgo de desequilibrios en casos donde los acusados no cuentan con recursos.
Una reforma con amplio consenso técnico
Más allá de los detalles a discutir, el presidente del Colegio de Abogados consideró que existe un consenso general sobre la necesidad del cambio.
Además, destacó que la provincia puede apoyarse en la experiencia de otras jurisdicciones que ya implementaron el sistema acusatorio, evitando errores y acelerando el proceso de adaptación.
Un paso hacia una justicia más transparente
La reforma del Código Procesal Penal en Misiones no solo implica un cambio técnico, sino también un giro en la concepción de la justicia.
El paso hacia un sistema acusatorio apunta a fortalecer la transparencia, la imparcialidad y el respeto por los derechos individuales, en línea con estándares constitucionales y tendencias nacionales.
Sin embargo, el éxito de la transformación dependerá no solo de la ley, sino también de su implementación efectiva, los recursos asignados y la capacidad de construir consensos duraderos entre todos los actores del sistema.
Misiones promociona su destino en un espacio estratégico de Lima https://t.co/XSrvi8C1PH
— Radio Up 95.5 (@radioup955) April 15, 2026
