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El director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre Argentina, Manuel Jaramillo, cuestionó con dureza el mecanismo de participación pública impulsado en el Congreso para tratar la reforma de la Ley de Glaciares, al considerar que no respeta los estándares constitucionales ni ambientales.
En declaraciones al programa Realidad Mixta por Radio Up, sostuvo que la convocatoria a audiencias públicas en un plazo de apenas dos días resulta “lamentable” frente a la magnitud del interés social. “Solo dos días, es imposible escuchar en dos días a 50.000 personas y mucho menos a 70.000”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que la participación ciudadana está garantizada por la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, al que Argentina adhiere y que otorga jerarquía superior incluso a las leyes nacionales.
Para Jaramillo, el procedimiento podría derivar en futuras impugnaciones judiciales. “Pareciera ser una farsa… un proceso que puede ser declarado nulo en el marco del acuerdo de Escazú”, advirtió.
Una reforma “regresiva” que pone en riesgo la protección de los glaciares
El principal eje de cuestionamiento gira en torno al contenido del proyecto. Según explicó Jaramillo, la reforma implica un retroceso en materia ambiental. “Es una reforma regresiva y las leyes ambientales no pueden ser regresivas”, sostuvo.
Actualmente, todos los glaciares y ambientes periglaciares del país están protegidos por ley, lo que impide actividades como la minería o la explotación hidrocarburífera. Sin embargo, el proyecto en discusión introduce un cambio sustancial: delega en las provincias la facultad de determinar qué glaciares tienen relevancia hídrica. “Pasamos de todos los glaciares protegidos a solo aquellos que las provincias decidan conservar”, explicó.
Esto, según indicó, rompe con el criterio científico establecido por el inventario nacional de glaciares, que demandó años de trabajo técnico. “Si están en el inventario es porque tienen relevancia hídrica”, remarcó, al citar la posición del organismo especializado en glaciología.
Riesgos para el agua y posibles incentivos a la minería
Uno de los puntos más sensibles es el impacto sobre los recursos hídricos. Jaramillo advirtió que los glaciares cumplen un rol clave en el abastecimiento de agua, no solo en las provincias donde se ubican, sino también en aquellas que dependen de las cuencas aguas abajo.
En ese marco, alertó sobre un posible “incentivo perverso” si cada jurisdicción define sus propios criterios ambientales. “Las provincias van a poder ser más o menos flexibles… y eso puede generar competencia para atraer inversiones mineras en zonas donde no debería ocurrir”, explicó.
Minería sí, pero con límites: el debate de fondo
Lejos de plantear una postura anti minera, Jaramillo reconoció el rol estratégico de la actividad para el desarrollo económico y la transición energética. “La minería es sumamente necesaria… pero debe hacerse sin afectar los recursos naturales y en particular el agua y los glaciares”, señaló.
También destacó que el área glaciar representa una porción mínima del territorio nacional. “Solo el 0,4% del país está impactado por glaciares o ambiente periglaciar”, detalló.
Desde esa perspectiva, consideró que existen amplias zonas donde la actividad puede desarrollarse sin comprometer ecosistemas sensibles.
Expectativa y presión sobre los diputados
El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y su futuro inmediato depende de la Cámara de Diputados. En ese contexto, el referente ambiental anticipó una fuerte presión de organizaciones y sectores sociales para frenar su aprobación. “Estamos trabajando con legisladores que están en el medio… los que tienen algo para perder”, afirmó.
Además, puso el foco en el posicionamiento de provincias con perfil ambiental como Misiones. “¿Por qué una provincia que no tiene nada para ganar con esto va a votar a favor?”, planteó.
Advertencia sobre el futuro de las leyes ambientales
Finalmente, Jaramillo advirtió que la reforma podría abrir la puerta a modificaciones en otras normativas clave, como la Ley de Bosques. “La estrategia no tiene que ser romper las leyes ambientales, tiene que ser mejorarlas”, concluyó.
En un escenario de definiciones inminentes, el debate sobre la Ley de Glaciares vuelve a tensionar el equilibrio entre desarrollo económico, federalismo y protección de los recursos naturales en Argentina.
