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En medio de una agenda atravesada por la seguridad, el endurecimiento penal y la construcción de poder político, el presidente Javier Milei encabezó en la Quinta de Olivos una reunión junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal.
Sin embargo, más allá del anuncio oficial, la iniciativa abre interrogantes sobre si se trata de una reforma estructural del sistema penal o de una respuesta política centrada en el endurecimiento de penas como herramienta simbólica frente a la demanda social de seguridad.
Un proyecto con impronta punitiva en un contexto de crisis
Desde el Ministerio de Justicia de la Nación Argentina confirmaron que el nuevo esquema incluirá penas más severas y la incorporación de nuevos delitos. En términos discursivos, el Gobierno lo presenta como una actualización necesaria frente a las nuevas modalidades delictivas.
No obstante, especialistas en derecho penal advierten que este tipo de reformas suelen caer en lo que se conoce como “inflación penal”, es decir, la tendencia a crear más delitos y aumentar castigos sin abordar las causas estructurales del delito, como la desigualdad, la falta de acceso a derechos o las falencias del sistema judicial.
En ese sentido, el debate de fondo no es sólo qué delitos se incorporan, sino si el sistema penal argentino, ya tensionado, tiene capacidad real para absorber estos cambios sin profundizar su crisis.
Estrategia política: reformas parciales y negociación con el Congreso
El Gobierno busca avanzar de manera gradual, articulando con el Congreso de la Nación Argentina para implementar modificaciones parciales mientras se redacta un proyecto integral.
Esta estrategia, lejos de ser meramente técnica, también responde a una lógica política: evitar bloqueos legislativos y sostener la iniciativa en la agenda pública, incluso sin una reforma completa aprobada.
La reunión del 24 de marzo, en la que también participó Karina Milei, evidenció que el tema forma parte de una prioridad estratégica del Ejecutivo, en un momento donde la gestión necesita recomponer agenda tras semanas de tensiones políticas.
Nuevos delitos: entre la actualización y el efecto mediático
Entre los delitos que se incorporarán aparecen figuras como los esquemas Ponzi, la modalidad de “viuda negra”, delitos migratorios y el maltrato animal, además de la penalización de la portación de armas en cárceles.
Si bien estas tipificaciones responden a fenómenos reales, también generan cuestionamientos. En particular, algunos juristas señalan que varias de estas conductas ya pueden ser perseguidas con herramientas legales vigentes, lo que abre la discusión sobre si la creación de nuevas figuras responde a una necesidad jurídica o a un impacto comunicacional.
El riesgo, advierten, es que el Código Penal se convierta en un instrumento de respuesta inmediata a la coyuntura, en lugar de una norma estable y coherente.
Principios liberales y tensiones conceptuales
El Gobierno sostiene que la reforma estará alineada con los principios liberales que promueve la administración de Milei, poniendo el acento en la responsabilidad individual y la seguridad jurídica.
Sin embargo, esta definición también abre tensiones. Mientras el discurso liberal clásico suele promover un Estado limitado, el endurecimiento penal implica, en la práctica, un mayor poder punitivo estatal, lo que genera una aparente contradicción conceptual.
Este punto aparece como uno de los ejes centrales del debate que se viene: ¿puede coexistir un enfoque liberal con una expansión del sistema penal?
Víctimas en el centro: ¿avance real o deuda histórica?
Otro de los pilares del proyecto es la centralidad de las víctimas, una demanda histórica en el sistema judicial argentino.
Si bien la iniciativa apunta a fortalecer su rol, también surgen dudas sobre su implementación concreta. Organizaciones del sector advierten que no alcanza con modificar leyes si no se garantizan recursos, acompañamiento y acceso efectivo a la justicia.
En ese sentido, el riesgo es que la centralidad de las víctimas quede en el plano discursivo si no se traduce en políticas públicas sostenidas.
Una reforma abierta y bajo escrutinio
La reforma del Código Penal se encuentra en una etapa inicial, atravesada por la negociación política, el debate técnico y la disputa de sentidos sobre el rol del Estado frente al delito.
Mientras el Gobierno avanza con una narrativa centrada en el orden y la seguridad, distintos sectores advierten sobre la necesidad de una discusión más amplia que incluya no sólo el castigo, sino también la prevención, la reinserción social y la eficiencia judicial.
El desafío, en definitiva, será evitar que la reforma quede reducida a un endurecimiento normativo y logre convertirse en una verdadera transformación del sistema penal argentino.
Relanzamiento del PRO: “Si La Libertad Avanza entiende, sería bueno ir unidos” https://t.co/GXPQX6CBfQ
— Radio Up 95.5 (@radioup955) March 25, 2026
