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El conflicto que desde hace semanas atraviesa a la comunidad educativa de la Escuela Provincial N.º 958 del paraje Barbacuá, en San Antonio, registró un nuevo avance administrativo luego de que el Consejo General de Educación (CGE) modificara parcialmente la resolución que había afectado la situación laboral de la docente Valeria Paraná.
Mediante la Resolución 3376/26, emitida el 11 de junio, el organismo educativo provincial resolvió dejar sin efecto el artículo 2° de la Resolución 3177/26, que había revocado la estabilidad laboral de Paraná como maestra de grado suplente.
La decisión implica la restitución de la vigencia de la Resolución 7845/24, instrumento mediante el cual se le había reconocido estabilidad laboral en dicho cargo docente.
Sin embargo, la nueva disposición no resolvió el principal punto de controversia relacionado con la conducción del establecimiento educativo. En el mismo documento, el CGE rectificó el artículo 5° de la resolución anterior y dispuso la “inmediata liberación y cobertura reglamentaria del cargo de Director de la Escuela N.º 958”, facultando a la Dirección de Educación Primaria a realizar la correspondiente designación conforme a la normativa vigente.
De esta manera, mientras se reconoce nuevamente la estabilidad laboral de Paraná como docente de base, continúa en discusión su permanencia en la función directiva que desempeñaba en el establecimiento.
La disputa llegó a la Justicia
Paralelamente a la modificación administrativa, la defensa de la docente avanzó con una presentación ante el fuero contencioso administrativo para solicitar la nulidad de la Resolución 3177/26.
La abogada de Paraná confirmó que la demanda fue formalmente admitida y que el tribunal reconoció su representación legal en el expediente.
“Promoví la presentación de la demanda en el juzgado contencioso administrativo para la solicitud de nulidad de la Resolución 3177/26. Hoy se me notifica que se tiene por promovida la demanda, también se me reconoce como representante y se admite toda la documental y la prueba fehaciente que se incluyó”, explicó la letrada.
Según indicó, la estrategia judicial también busca mantener vigente una medida cautelar que evite nuevas modificaciones administrativas mientras se analiza el fondo de la cuestión.
“Lo que quiere decir esto es que se frena cualquier otra situación que pueda haber o que se pueda generar en este transcurso hasta que se pueda decidir la situación de fondo. Queda todo en suspenso a la espera de la respuesta que sea favorable, pero ya en vía judicial”, sostuvo.
El alcance de esa cautelar será determinante para el futuro inmediato del conflicto, ya que deberá establecerse si únicamente impide nuevas designaciones, si suspende los efectos de la resolución cuestionada o si ordena retrotraer el procedimiento administrativo a una instancia anterior.
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Una comunidad educativa a la espera
Mientras la disputa continúa en los ámbitos administrativos y judiciales, Valeria Paraná permanece bajo atención médica luego de la huelga de hambre que inició frente a la sede del CGE como medida de protesta por su situación laboral.
De acuerdo con personas cercanas a la docente, durante los últimos días debió recibir asistencia médica tras sufrir una descompensación y fue sometida a distintos estudios clínicos.
Su entorno señaló que la intención es informarle formalmente sobre las novedades administrativas y judiciales una vez que reciba el alta médica y se encuentre en condiciones de hacerlo.
El conflicto en la Escuela 958 se inició durante el mes de mayo, cuando padres, docentes y vecinos del paraje Barbacuá comenzaron a reclamar la continuidad de Paraná al frente de la institución educativa.
Las protestas derivaron en jornadas sin actividad escolar, manifestaciones frente al establecimiento, cortes sobre la Ruta Nacional 101 y una serie de presentaciones administrativas que ahora sumaron un nuevo capítulo en la Justicia.
Con la restitución de la estabilidad laboral docente, pero con la situación directiva aún sin resolución definitiva, el conflicto permanece abierto y a la espera de las decisiones que adopten tanto la Justicia como las autoridades educativas provinciales.
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