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La sanción del Presupuesto 2026 representó una victoria política significativa para la Casa Rosada, que consiguió el aval de un grupo de gobernadores y logró aprobar su primer presupuesto desde la asunción de Javier Milei. Sin embargo, el respaldo legislativo no implicó la inclusión de todos los reclamos provinciales, varios de los cuales quedaron fuera del texto definitivo y pasaron a integrar la agenda de discusión para los próximos meses.
El proyecto fue aprobado en el Senado con 46 votos a favor, 23 en contra y una abstención, luego de que el Gobierno ajustara el contenido tras el rechazo del Capítulo 11 en Diputados, un punto que incluso había generado resistencia entre aliados. Con ese movimiento, el oficialismo logró encauzar el trámite y cerrar un año legislativo complejo con un triunfo de peso.
La nueva correlación de fuerzas surgida tras las elecciones de octubre, sumada a la negociación política encabezada por referentes como Diego Santilli, Santiago Caputo y los Menem, terminó por apuntalar el texto final. No obstante, desde las provincias reconocieron que no todas las demandas fueron saldadas. “Se van a conseguir más cosas por fuera que lo que puedan incluir en el proyecto”, admitió un gobernador que acompañó la iniciativa.
Coparticipación y cajas previsionales, los principales reclamos excluidos
Uno de los puntos más sensibles que quedó fuera fue el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires por la deuda en concepto de coparticipación federal, estimada en alrededor de $370.000 millones. La cuestión había sido incorporada inicialmente en el Capítulo 11 tras una reunión entre Jorge Macri y Santilli, pero el articulado fue rechazado en Diputados y el planteo porteño quedó sin tratamiento, lo que generó malestar en la gestión del PRO.
Desde el Ejecutivo porteño cuestionaron la estrategia oficial y señalaron que el tema “debería haber tenido un capítulo especial”. Luego del traspié, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con Macri para descomprimir tensiones y analizar vías alternativas.
El conflicto por la coparticipación tuvo su origen en 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri elevó el porcentaje de la Ciudad del 1,4% al 3,7% por el traspaso de la Seguridad. En 2020, Alberto Fernández redujo ese coeficiente al 2,3%, lo que derivó en una disputa judicial. En marzo de 2023, la Corte Suprema fijó el porcentaje en 2,9%, y ya en 2024, bajo la gestión Milei, Nación y CABA acordaron un esquema del 2,95%, con pagos diarios y semanales.
Otro foco de disconformidad fue la deuda de Nación con las cajas previsionales provinciales. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuestionó que el Presupuesto 2026 no incluyera ese pasivo, que su provincia estimó entre uno y dos billones de pesos. “Queríamos que se contemple la deuda de la caja de jubilación y del pacto fiscal”, afirmó, y también advirtió por la falta de recursos para infraestructura vial, al sostener que el presupuesto nacional para rutas resultó insuficiente.
Reclamos similares se repitieron en otras provincias. Chubut, por ejemplo, exigió más de $51.000 millones para su caja previsional. Su gobernador, Ignacio Torres, remarcó que se trató de una deuda histórica con aportantes que sostuvieron un sistema propio. También se mantuvieron negociaciones con distritos como Chaco, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa.
Además, quedó fuera del Presupuesto la modificación del impuesto a los combustibles, impulsada por las 24 provincias a mediados de año, que buscaba un esquema de redistribución automática similar al de la coparticipación.
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Fondos abiertos en plena negociación
Pese a la exclusión de varios pedidos, el Gobierno nacional incrementó la asistencia financiera durante el tramo final del año. Hasta mediados de diciembre, el Ministerio de Economía distribuyó más Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que en los cinco meses previos, luego de no haber girado fondos por ese concepto en noviembre.
En paralelo, las transferencias automáticas mostraron una leve mejora. Según la consultora Politikon Chaco, los envíos por coparticipación alcanzaron los $5,12 billones, con una variación real interanual del 0,1% y un crecimiento mensual del 2,6%, sostenido principalmente por el impuesto a las Ganancias.
También hubo asistencia puntual a provincias aliadas. Tucumán, gobernada por Osvaldo Jaldo, recibió $20.000 millones en ATN, mientras que Entre Ríos, bajo la gestión de Rogelio Frigerio, fue auxiliada con un adelanto financiero de $220.000 millones. A su vez, el Gobierno aprobó un crédito del BID por u$s75 millones para obras de agua potable en Córdoba.
Aunque para las provincias el Presupuesto 2026 no representó una ganancia plena, sí significó un marco de previsibilidad tras dos años de prórrogas. En un escenario de vencimientos de deuda y estrechez fiscal, contar con una hoja de ruta presupuestaria fue valorado como un punto de partida, aun cuando los reclamos de fondo continuaron abiertos.
Misiones, entre las “premiadas” tras el apoyo al Presupuesto 2026 https://t.co/TUILUtN1a1 pic.twitter.com/VNyruIHtvr
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