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El Presupuesto Nacional 2026 que impulsa el Gobierno de Javier Milei consolida una política previsional que, detrás del discurso de “orden fiscal”, esconde un nuevo ajuste sobre los jubilados y pensionados.
El texto confirma que los haberes se seguirán actualizando por inflación, pero sin ningún aumento extra que compense la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos dos años. Además, el bono de $70.000, que perciben los jubilados que cobran la mínima, continuará congelado desde marzo de 2024, en un contexto de inflación persistente y precios que no dejan de subir.
La medida impacta directamente en más de tres millones de jubilados que dependen de ese bono para alcanzar un ingreso básico, que de todos modos queda muy por debajo de la canasta del jubilado, estimada en más de $400.000 mensuales según la Defensoría de la Tercera Edad.
Una política de inflación, no de ingresos
El Gobierno argumenta que el mecanismo de aumentos automáticos atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) garantiza previsibilidad. Sin embargo, lo que en los papeles parece un sistema “neutral”, en los hechos consolida una pérdida constante del poder de compra, ya que los aumentos llegan siempre después de los aumentos de precios.
De esta manera, los haberes jubilatorios acompañan la inflación, pero nunca la alcanzan, perpetuando un rezago que se profundiza mes a mes. Desde la eliminación de la fórmula de movilidad anterior, el ajuste mensual por IPC se convirtió en una herramienta para mantener controlado el gasto, pero a costa del bolsillo de los adultos mayores.
En los hechos, el Presupuesto 2026 institucionaliza ese mecanismo, blindando la contención fiscal por encima de la recomposición social.
Bono congelado: el golpe silencioso a los que menos tienen
El bono de $70.000 que paga la ANSES a quienes cobran la mínima seguirá sin actualización durante todo 2026. Su impacto fiscal, según el propio Presupuesto, caerá del 0,4% al 0,3% del PBI, lo que en la práctica significa una reducción real del gasto destinado a los jubilados más pobres.
La mitad de los seis millones de beneficiarios del sistema nacional depende de ese complemento para subsistir. Sin embargo, el Gobierno decidió mantenerlo congelado, pese a que la inflación anual acumulada supera ampliamente el 180% según estimaciones privadas.
En la práctica, el bono —que hace dos años funcionaba como un refuerzo para los sectores más vulnerables— se transformó en una suma simbólica, absorbida por la inflación y sin capacidad de cubrir los gastos básicos de alimentación, medicamentos y vivienda.
Los números del sistema previsional: más plata nominal, menos poder real
El Presupuesto destina 65,7 billones de pesos al pago de jubilaciones y pensiones contributivas, más 5,3 billones a pensiones no contributivas y 3,6 billones a prestaciones del PAMI.
A primera vista, las cifras parecen voluminosas. Pero el propio texto aclara que las partidas crecerán apenas un 5% en términos nominales, muy por debajo de la inflación proyectada, lo que implica un ajuste real en el gasto previsional.
La Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que el gasto en prestaciones contributivas y semicontributivas se ubicará en torno al 5,3% del PBI, apenas por encima del promedio de los últimos años. En otras palabras, el gasto se mantiene estable mientras los precios se disparan: una señal clara de contención presupuestaria disfrazada de equilibrio.
De dónde sale el dinero: impuestos que sostienen un sistema estancado
Para financiar el sistema, el Presupuesto establece que la ANSES recibirá el 28,61% de la recaudación del Impuesto a los Combustibles y la totalidad del Impuesto al Cheque, el tributo con afectación específica más importante, que equivale al 1,6% del PBI.
Además, los aportes y contribuciones de la Seguridad Social representarán el 4,4% del PBI, con un crecimiento del 3,3% respecto del año anterior. Sin embargo, esos recursos adicionales no se traducen en mejoras para los beneficiarios, sino en mayor contención del gasto previsional dentro del marco del déficit cero que el Gobierno busca consolidar.
Déficit cero con costo social
El Gobierno celebra haber alcanzado el “orden fiscal” y la “racionalidad presupuestaria”. Pero ese orden tiene un costo, y lo pagan —una vez más— los jubilados.
La política previsional del Presupuesto 2026 prioriza el equilibrio macroeconómico por encima del bienestar social, y transforma al sistema previsional en una variable de ajuste.
Ajuste que, además, se presenta con un discurso técnico que evita nombrar su impacto humano: la pérdida del poder adquisitivo de millones de adultos mayores que viven con ingresos congelados y prestaciones deterioradas.
“El Gobierno no reduce el gasto previsional con un recorte visible, lo hace dejando que la inflación lo licúe”, advirtió un economista del Centro de Estudios de la Seguridad Social. “Es una forma de ajuste silencioso, pero sostenido”.
La reacción y el debate que viene
En el Congreso, el oficialismo buscará aprobar el proyecto durante las sesiones extraordinarias de diciembre, donde el Presupuesto 2026 será el eje del debate. Desde la oposición, algunos bloques ya adelantaron que propondrán revisar el congelamiento del bono y discutir un esquema de recomposición real para los haberes mínimos.
Organizaciones de jubilados y sindicatos también anticiparon movilizaciones frente al Parlamento. “Mientras hablan de superávit, nosotros seguimos eligiendo entre comer o comprar remedios”, señaló la Mesa Coordinadora de Jubilados en un comunicado.
El Ejecutivo, por su parte, se mantiene firme en su posición: los aumentos mensuales por inflación son, según Milei, “el mecanismo más justo y previsible”, aunque ese “ajuste automático” no alcance para cubrir la suba de los precios.
Previsibilidad para el Estado, incertidumbre para los jubilados
El Presupuesto Nacional 2026 no introduce un cambio de rumbo en la política previsional. Más bien, la consolida: aumentos que acompañan la inflación sin recomponer ingresos, un bono congelado que pierde valor mes a mes y un sistema que garantiza la estabilidad de las cuentas públicas a costa del deterioro de los jubilados.
En nombre del equilibrio fiscal, la clase pasiva vuelve a quedar del lado más frágil del ajuste. El Gobierno celebra la previsibilidad, pero para los jubilados, lo que se mantiene constante es la incertidumbre.
✊ ATE anunció un paro nacional el 19 de noviembre contra la reforma laboral y en reclamo de la reapertura de paritarias. https://t.co/7EuUlLPJk7 pic.twitter.com/xrrSlLt2jE
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