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La Fundación Agustina Lerena presentó una demanda colectiva por entre u$s12.351 millones y u$s26.465 millones contra empresas pesqueras que operan en torno a las Islas Malvinas, a las que atribuye responsabilidad por la explotación de recursos marítimos sin autorización de la Argentina.
La presentación fue impulsada por César Lerena, presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, ante la Justicia Federal de Río Grande. El reclamo alcanza principalmente a empresas españolas, sociedades mixtas vinculadas con capitales isleños y firmas argentinas presuntamente relacionadas con las operaciones, además de bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores de servicios.
El escrito sostiene que la explotación pesquera en las aguas en disputa se desarrolla sin autorización argentina al menos desde 1989 y que genera perjuicios económicos, ambientales y sociales. Por ese motivo, solicita que la Justicia ordene el cese de las operaciones de las compañías demandadas y las condene a reparar los daños denunciados.
Cómo se calculó el reclamo millonario
El monto de la demanda se determinó a partir de las capturas pesqueras registradas entre 1989 y 2025. La diferencia entre los extremos de la estimación responde a los criterios utilizados para calcular el valor de los recursos extraídos: la parte actora contempla tanto precios FOB como valores mayoristas. También reclama intereses, actualización monetaria y costas judiciales.
Según los datos citados en la presentación, la Argentina desembarca alrededor de 800.000 toneladas de productos pesqueros al año y exporta por unos u$s2.000 millones. En contraste, el documento estima que las capturas en las aguas de Malvinas rondan las 250.000 toneladas anuales.
La fundación argumenta que el perjuicio no se limita al valor de los peces extraídos. También incluye posibles pérdidas vinculadas con el procesamiento industrial, la comercialización, la recaudación impositiva y los derechos de captura que corresponderían a la Argentina.
Para fundamentar la acción, la presentación invoca:
- El artículo 41 de la Constitución Nacional.
- La Ley General del Ambiente 25.675.
- La Ley Federal de Pesca 24.922.
- La Resolución 31/49 de las Naciones Unidas.
- Estadísticas e informes técnicos del INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero).
Otro de los puntos cuestionados son las licencias otorgadas por las autoridades isleñas, incluidas renovaciones por períodos de 25 años, y determinados esquemas societarios con participación mayoritaria de capitales vinculados con las islas.
Las empresas españolas y la actividad pesquera en el Atlántico Sur
La disputa también se proyecta sobre la flota gallega que opera en el Atlántico Sur con permisos de las autoridades de las islas. Sus principales actividades están vinculadas con la captura de calamar Loligo (patagónico) y calamar Illex.
Según consignó el portal especializado Agenda Malvinas, la segunda temporada de pesca en las islas colapsó en agosto, después de que los muestreos científicos detectaran niveles críticos de biomasa comercializable.
Entre las operaciones señaladas figura una flota de 16 grandes buques arrastreros congeladores, pertenecientes a sociedades mixtas integradas por armadoras de Vigo y Marín, entre ellas Pescapuerta, Chymar, Pereira, Lanzal, Copemar, Wofco y Marfrío, en alianza con operadores locales.
La controversia también tuvo repercusiones en la 27.ª edición de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados (CONXEMAR), realizada en Vigo, España, y en el IV Taller Científico Internacional sobre Illex argentinus.
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Otra denuncia judicial por la explotación de recursos
La demanda de la Fundación Agustina Lerena se suma a otra presentación realizada a mediados de septiembre ante la Justicia Federal en lo Penal Económico.
En esa oportunidad, los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano, denunciaron penalmente a directivos, administradores y representantes legales de distintas empresas pesqueras internacionales y sus sociedades mixtas asociadas. La acusación apunta a la explotación de recursos vivos marinos en el mar argentino mediante autorizaciones emitidas por las autoridades británicas.
Las presentaciones judiciales se producen en un contexto de creciente tensión entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y la explotación de los recursos del Atlántico Sur. La controversia también tuvo repercusiones en el plano regional, entre ellas la disputa con Chile por la implementación de una ruta comercial que conecta Punta Arenas con las islas.
En paralelo, Londres anunció preparativos para las conmemoraciones del 45.º aniversario de la guerra de Malvinas, con actos destinados a recordar a quienes murieron durante el conflicto y destacar la libertad de los habitantes de las islas.
La demanda busca que la Justicia determine las responsabilidades que la fundación atribuye a las empresas involucradas y establezca las eventuales reparaciones. El reclamo económico, que puede superar los u$s26.000 millones, coloca nuevamente la explotación pesquera en Malvinas en el centro de la disputa por los recursos naturales y la soberanía argentina en el Atlántico Sur.
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