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En el proyecto de reforma laboral que se giró este jueves al Senado de la Nación, el Gobierno incluyó en el apartado de normas a derogar el Estatuto del Periodista Profesional, una ley que data de 1946 y que hasta ahora regulaba de manera específica los derechos, funciones y garantías de los trabajadores de prensa. El texto fue enviado para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
La eliminación de este marco legal figura en el artículo 194 del capítulo de “Derogaciones” del proyecto oficial, que propone dejar sin efecto la Ley 12.908 y todas sus modificatorias. Esa norma histórica, sancionada poco después de la Segunda Guerra Mundial, regulaba categorías laborales, jornadas, descansos, licencias y requisitos profesionales para quienes ejercen el periodismo en medios escritos, audiovisuales y agencias.
Organizaciones del sector, entre ellas SiPreBA y FATPREN advierten que la derogación implica que los periodistas pasarían a regirse exclusivamente por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y los convenios colectivos sin un estatuto propio que contemple particularidades de la actividad editorial, informativa y de medios. Ese cambio, sostienen críticos de la reforma, debilitaría protecciones históricas obtenidas por el colectivo de trabajadores de prensa.
Qué contempla el Estatuto del Periodista
La norma actual contenida en el Estatuto del Periodista buscaba, entre otros aspectos, garantizar estabilidad laboral, indemnizaciones específicas frente a despidos injustificados y un marco regulatorio propio para ascensos y categorías dentro de las redacciones. Su eliminación es vista por las entidades gremiales como un retroceso en la protección laboral de uno de los sectores que, aseguran, están más expuestos a la precarización y a presiones sobre la libertad de expresión.
El SiPreBA explicó en un comunicado en repudio a la derogación, que el Estatuto “permiten a cualquiera que trabaje en prensa, incluso sin el correcto registro, intimar a quien lo emplea para que se ajuste a derecho si incurre en algún tipo de fraude laboral y exigirle una reparación”.
Sumaron que “incluso si el trabajador o la trabajadora no quiere realizar una acción judicial, le otorga mejores condiciones para cualquier tipo de negociación” lo que, desde el gremio, “da una protección especial para ejercer la tarea de informar frente a las presiones de los intereses políticos y económicos”.
La inclusión de la derogación en el proyecto de reforma laboral también se inscribe en un paquete más amplio de medidas que busca simplificar o eliminar marcos legales considerados “especiales” por el Ejecutivo, entre los que figuran otros estatutos profesionales y bienes legislativos específicos.
Desde el oficialismo se argumenta que estos cambios buscan modernizar y flexibilizar el mercado de trabajo, aunque hasta el momento no se difundieron argumentos oficiales detallados sobre este artículo en particular. La iniciativa todavía debe ser debatida por la Cámara alta y luego por Diputados.
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