En el contexto del debate sobre el financiamiento de los partidos políticos en Argentina, un informe del Instituto Lebensohn detalló cómo las elecciones presidenciales de 2023 evidenciaron la relevancia de los fondos públicos para garantizar la competencia electoral, especialmente para partidos pequeños como La Libertad Avanza (LLA).
Según Tomás Marchetta, consultor en comunicación y asuntos públicos del instituto, la campaña de LLA dependió mayoritariamente del financiamiento estatal. «Más del 60% de los fondos de la Libertad Avanza en las PASO provinieron del Estado, y en las generales y el balotaje, este porcentaje superó el 90%», explicó en diálogo con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5.
Esta tendencia contrasta con lo ocurrido en Juntos por el Cambio (JxC), que durante las PASO obtuvo entre el 60% y 65% de sus fondos de aportes privados, mientras que en las generales esta cifra bajó al 55%. Marchetta destacó que, pese a contar con el mayor financiamiento privado entre las fuerzas políticas, JxC no logró llegar al balotaje.
Financiamiento público, clave para los partidos chicos
El informe subraya que el sistema mixto de financiamiento (público y privado) es fundamental para que partidos emergentes puedan competir en igualdad de condiciones. “Si no hubiera existido financiamiento público, LLA no habría sido viable como vehículo político. El sector privado no veía a este espacio como una fuerza atractiva para invertir”, señaló Marchetta.
Además, el consultor advirtió sobre los riesgos de eliminar los fondos públicos, una idea planteada por el gobierno actual: “Si vamos a un esquema de campaña solo con financiamiento privado, los partidos políticos se transformarán en vehículos de lobby, representando intereses que muchas veces pueden ir en contra de la democracia”.
La actual ley de financiamiento de partidos políticos obliga a las agrupaciones a rendir cuentas sobre los fondos recibidos y su destino. Los aportes, tanto públicos como privados, deben ser declarados ante la Cámara Nacional Electoral, y el incumplimiento puede acarrear sanciones económicas e incluso la pérdida del financiamiento estatal.
“Hay incentivos claros para cumplir con estas normas. Por ejemplo, el Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires, presidido hasta hace poco por la vicepresidenta Victoria Villarruel, enfrenta sanciones por no presentar los informes de campaña del año pasado”, comentó Marchetta.
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Una reforma que genera controversia
El informe concluye que el financiamiento público es un pilar esencial para la equidad electoral. La propuesta de eliminarlo podría dejar fuera de juego a partidos emergentes y generar un sistema donde las campañas sean financiadas exclusivamente por intereses privados, abriendo la puerta a influencias poco transparentes.
“El financiamiento mixto no es perfecto, pero permite un equilibrio. Si eliminamos los fondos públicos, la democracia pierde”, cerró Marchetta.
