Este martes se concretó la segunda jornada del plenario de Asuntos Constitucionales que analiza los proyectos para modificar la ley 26.122 que presentara la entonces senadora Cristina Kirchner en 2006, para que los decretos de necesidad y urgencia sean válidos desde su promulgación y para que no se los pueda anular con el rechazo de una sola de las dos Cámaras del Congreso de la Nación.
Avanza en la Cámara de Diputados la reforma de la ley que Milei usa para gobernar por decreto. Este martes, con la presencia del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, continuó el debate impulsado por la oposición sobre una reforma de la Ley 26.122, que es la que regula el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), instrumento que el gobierno anarco-capitalista de Javier Milei está empleando para gobernar sorteando al Congreso de la Nación, como queda de manifiesto con el DNU 70/23 y los más de 40 que ya firmó el presidente –de los cuales sólo uno fue anulado por el rechazo del Senado y de Diputados.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que ya la semana pasada comenzó a analizar quince proyectos presentados sobre el tema, este martes se reunieron desde las 17, con la presencia del Procurador General de la Nación, Rodolfo Barra.
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Al respecto, el presidente ultraderechista Javier Milei, ya adelantó un horizonte de conflicto, al señalar que si sale una ley que limite su poder de gobernar por decreto de necesidad y urgencia, va a vetarla. En el coloquio IDEA, el mandatario opinó que en esta movida hay un intento de “golpe de Estado”, con lo que defendió la ley impulsada por la entonces senadora Cristina Kirchner en 2006.
Esta ley 26.122 que para muchos abogados es inconstitucional permitió a los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, firmar DNUs y que los mismos sigan vigentes a menos que las dos cámaras del Congreso los anulen, hecho que sucedió en rarísimas oportunidades, como este año con el DNU 656/24 que le otorgaba 100 mil millones de pesos en gastos reservados a la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado)
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Como era de esperarse, el oficialismo ultraderechista y sus aliados del PRO y el radicalismo “con peluca”, se mostraron en contra de modificar la ley 26.122 en el sentido en el que apuntan 15 proyectos presentados al respecto, es decir, para limitar los DNUs que, si se modifica, podrían quedar nulos si una sola cámara los rechaza o si ninguna de las cámaras lo aprueba antes de los 30 días corridos.
Según el Parlamentario, este debate debería concluir el miércoles próximo, 30 de octubre, según lo convenido en la última sesión de la Cámara. Cosa que tratarán de resistir el oficialismo y sus aliados del PRO, que buscan estirar lo más posible este debate. Dejarlo para el año que viene, en lo posible. En el caso del PRO se da un curioso giro de 180 grados respecto de este tema: el partido macrista siempre estuvo en contra de la ley de Cristina que facilita el funcionamiento de los DNUs y hay proyectos de diputados amarillos presentados para modificar la 26.122. Ahora que forman parte del gobierno ultraderechista de Milei, poco parece importarles el republicanismo, la división de poderes o la limitación al Ejecutivo.
En la oposición, la idea es que alcance con el rechazo de una sola cámara para dejar sin efecto el decreto. Asimismo, se apunta a poner un plazo perentorio de vigencia del DNU después del cual pierde vigencia. Los proyectos puestos a consideración son de Graciela Camaño, Ricardo López Murphy (2), José Luis Gioja, Sebastián Salvador, Sergio Acevedo, Juan Manuel López, Roberto Mirabella, Fernando Carvajal, Mónica Fein, Pablo Giuliano, Mónica Litza, Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer y Ana Carla Carrizo.
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Ellos habían sido convocados originalmente a exponer sobre sus proyectos. Habrá que ver si hay tiempo para que eso concluya este miércoles y la semana siguiente se pueda dictaminar, como quiere principalmente Unión por la Patria, otro espacio que entra en contradicción flagrante, porque la ley que pretenden modificar, fue presentada por Cristina Kirchner en 2006, para beneficiar a su esposo, el por entonces presidente Néstor Kirchner.
En Misiones, hasta la fecha, ningún dirigente del PRO o del radicalismo, que antes cuestionaban la ley 26.122, se pronunció públicamente a favor o en contra de una modificación que podría desembocar en un tercer veto presidencial. Y en un nuevo intento de blindaje de un veto para beneficiar al gobierno anarco-capitalista. Pero con una salvedad importante: para defender un veto contra una modificación a la ley 26.122 no se podrá esgrimir el argumento de la defensa del equilibro fiscal o del supuesto “déficit fiscal cero”.
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