El bloque Innovación Federal, que integran los renovadores Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y el “peronista renovador” Alberto Arrúa, decidió abstenerse en la votación en la que los diputados tienen la posibilidad de dejar sin efecto el decreto 782/24 de Milei que impide recomponer jubilaciones en un 8%. Ayer, el radical Martín Arjol anunció que avala el veto, apenas 8 días después de haber dicho que estaba en contra del veto total a la ley 27.756.
El alineamiento del Frente Renovador de la Concordia Social con La Libertad Avanza volvió a quedar de manifiesto este miércoles, previo a la votación en la Cámara de Diputados de la Nación, de un proyecto para dejar sin efecto el veto del presidente Javier Milei a la ley de reforma jubilatoria, que recompone los haberes de jubilados y pensionados en un 8,1%. Es que los diputados nacionales de la Renovación Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y el “peronista renovador” Alberto Arrúa, decidieron abstenerse de votar contra el veto de Milei, lo que, a los efectos prácticos y políticos, significa avalar la medida del presidente que le niega un “aumento” del orden de los $14.000 – $18.000 a los jubilados.
Esta actitud de los renovadores que integran el bloque Innovación Federal, es prácticamente idéntica a la del radical “converso” Martín Arjol, que de manera bochornosa, salió a defender el veto después de una reunión en la Casa Rosada con Milei y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa), a tan sólo 8 días de haber opinado en contra del veto y de haber anticipado que votaría en contra de la medida del Ejecutivo nacional.
Esta actitud de los renovadores que integran el bloque Innovación Federal, es prácticamente idéntica a la del radical “converso” Martín Arjol, que de manera bochornosa, salió a defender el veto después de una reunión en la Casa Rosada con Milei y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa), a tan sólo 8 días de haber opinado en contra del veto y de haber anticipado que votaría en contra de la medida del Ejecutivo nacional.
El que habló por el bloque, porque ninguno de los renovadores tomó la palabra para defender su capitulación respecto de la ley de recomposición de las jubilaciones, fue el rionegrino Agustín Domingo. “No es cierto que la fórmula para los jubilados sea inviable fiscalmente, o como dijo el presidente (Milei), que sea obra de ‘degenerados fiscales’”, señaló el diputado.
Y añadió que la ley “evitaba lo que ahora será inevitable: una catarata de juicios contra el Estado por no respetar el empalme de una fórmula y la otra. Son juicios que el Estado va a perder, es un mayor gasto futuro”, subrayó en defensa del proyecto vetado por Milei.
“La fórmula de ajuste que votamos tenía muchas virtudes, porque le reconocía a los jubilados ese 8% para completar la inflación de enero, que no solo completaba los ingresos, sino evitaba esa catarata de juicios”, subrayó el legislador, según el portal Parlamentario.
Aclaró también que el costo de esta movilidad jubilatoria es solo del 0,4% del PBI, y agregó que “con el ahorro fiscal, reduciéndole las transferencias discrecionales fiscales a las provincias se duplica ese costo fiscal de haberles modificado la fórmula a los jubilados”. En consecuencia, consideró que no hay por parte del Gobierno una decisión fiscal, sino una decisión política.
De todos modos, aclaró finalmente respecto al voto del bloque Innovación Federal, que el 5 de junio pasado fue positivo, que ahora “no vamos a votar en contra de esa decisión política que tomó el presidente, pero tampoco vamos a convalidar. La posición de nuestro bloque va a ser la abstención”, resumió Domingo, en una postura que beneficia al oficialismo y al ajuste que sigue desplegando Milei y sus aliados.
Según fuentes consultadas, los diputados renovadores Arrúa, Vancsik, Fernández y Ruiz obedecieron una orden partidaria para avalar el veto de Milei, en un escenario de números ajustados, aún pese a la posible compra de voluntades materializada con las “conversiones” de Arjol y otros diputados radicales, que votaron a favor de la ley y ahora, a favor del veto a la ley.
Cabe recordar que el costo fiscal de la ley es del 0,44 del PBI según lo informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.