//
La Fiscalía de Paraguay estimó que el caso Ueno Bank habría provocado un perjuicio económico superior a los US$ 815 millones, a partir de operaciones financieras que involucraron recursos estatales, fondos previsionales y mecanismos de protección de los ahorristas. La cifra surge de la imputación presentada contra el expresidente Santiago Peña y el ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en el marco de la investigación por la crisis de la entidad bancaria.
El cálculo fue elaborado por los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González, Elena Fiore Franco y Ruth Benítez. Según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta septiembre de 2026, los depósitos de organismos públicos y entidades previsionales en Ueno Bank alcanzaban los 3,6 billones de guaraníes y otros US$ 233,4 millones. Convertidos a dólares, esos recursos representan aproximadamente US$ 815,4 millones.
Entre las instituciones que mantenían fondos depositados en el banco aparecen el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y distintas cajas de jubilaciones y pensiones.
Los investigadores sostienen que esos recursos quedaron expuestos a riesgos patrimoniales por las operaciones de la entidad, especialmente por los préstamos concedidos a empresas vinculadas con el mismo grupo económico.
Las presuntas responsabilidades de Santiago Peña
La imputación fiscal señala que Peña habría intervenido para favorecer la colocación y permanencia de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank, pese a que habría mantenido intereses económicos vinculados con el grupo empresarial relacionado con la entidad.
Además, los fiscales cuestionaron el respaldo institucional que el entonces mandatario habría brindado al banco, incluso después de recibir advertencias técnicas sobre su situación financiera.
En el caso de Carlos Carvallo, la investigación apunta a su desempeño al frente del Banco Central, organismo encargado de controlar y supervisar el sistema financiero paraguayo. Según la acusación, habría participado en decisiones relacionadas con la entidad pese a sus antecedentes de vinculación con el grupo financiero.
Peña y Carvallo fueron imputados por presuntos hechos de lesión de confianza y administración en provecho propio. El ex titular del BCP también enfrenta cargos por supuesta producción de documentos públicos de contenido falso.
El Fondo de Garantía y los ahorros privados
El cálculo del perjuicio también contempla los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), administrado por el Banco Central paraguayo, que tiene la función de proteger los ahorros de los clientes dentro de los límites establecidos por la legislación.
La Fiscalía advirtió que los depósitos de particulares todavía deben ser cuantificados. Su eventual recuperación dependerá de las características de cada operación y del procedimiento de resolución bancaria.
Por otra parte, los investigadores señalaron que los fondos públicos que superaban los montos cubiertos por las garantías legales podrían enfrentar riesgos de pérdida patrimonial.
Las estimaciones difundidas en Paraguay presentan algunas diferencias: mientras Última Hora publicó un perjuicio superior a US$ 815 millones, ABC Color difundió un cálculo cercano a los US$ 809,5 millones. La variación responde a los distintos criterios utilizados para convertir los montos en guaraníes a dólares.
