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El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas ordenó la suspensión inmediata de las obras de refulado de arena en la Isla del Medio, ubicada sobre el río Paraná, al hacer lugar a una medida cautelar en el marco de un amparo ambiental.
La resolución fue dictada tras una presentación realizada por la Asociación Civil Orembaé, a través de su apoderado legal, Martín Ferroni, quien solicitó frenar las intervenciones por presuntas irregularidades en su ejecución.
Cuestionamientos por falta de estudios ambientales
En la demanda, la organización advirtió que las obras —que incluían relleno, movimientos de suelo y disposición de materiales no autorizados, como neumáticos en desuso— se habrían realizado sin estudios de impacto ambiental ni la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), exigidos por la normativa vigente.
El fallo judicial señala que existen indicios suficientes de incumplimiento de los procedimientos ambientales obligatorios, lo que configura, en esta instancia preliminar, una posible ilegalidad en las intervenciones.
Al evaluar la medida, el juzgado consideró que podría existir un riesgo concreto de daño ambiental, con consecuencias potencialmente irreversibles o de difícil reparación, lo que justificó la aplicación de la cautelar.
En ese sentido, se dispuso mantener el estado actual de la Isla del Medio hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en el proceso judicial.
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Control y alcance de la medida
La resolución también ordena a la Prefectura Naval Argentina realizar tareas de control y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la medida.
Asimismo, alcanza a la Entidad Binacional Yacyretá y a la Asociación de Protectores de la Isla del Medio, señaladas en la causa como responsables de las obras, quienes deberán ser notificadas formalmente.
Tras conocerse el fallo, Martín Ferroni destacó que la medida representa un resguardo del derecho de participación ciudadana y subrayó la importancia de evitar daños ambientales mientras avanza la causa.
El proceso continuará ahora en la instancia de fondo, donde la Justicia deberá determinar la legalidad de las obras y las eventuales responsabilidades, en un caso que vuelve a poner en el centro del debate la protección de los ecosistemas y el cumplimiento de las normas ambientales en la región.
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