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El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó este martes 18 de noviembre el decomiso de los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria, junto con los de otros condenados en la causa Vialidad.
La medida fue confirmada por fuentes judiciales y formalizada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, integrantes del tribunal.
El fallo se dictó luego de que la sentencia de diciembre de 2022 quedara firme en junio pasado. El decomiso alcanza un total de 122 bienes inmuebles, identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o como activos incorporados durante la maniobra fraudulenta entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El monto original del decomiso, fijado en $84.835 millones, fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, siguiendo criterios avalados por la Corte Suprema de Justicia.
Los bienes de Cristina decomisados
Ante el incumplimiento de los condenados a pagar el monto fijado, el tribunal ordenó avanzar con la realización y venta de los activos.
Entre los bienes decomisados hay propiedades del empresario Lázaro Báez y sociedades vinculadas a su grupo, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos ubicados en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La medida también incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
En su resolución, los magistrados consideraron acreditada la existencia de un circuito de beneficios indebidos derivados de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, que implicó sobreprecios, cartelización y falta de controles, favoreciendo al empresario Báez. Según la justicia, ese flujo de fondos derivó en un crecimiento patrimonial ilícito que se materializó en propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner.
Los jueces rechazaron los planteos de las defensas, que cuestionaban la relación entre los bienes y el delito, y alegaban sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito, además de una posible afectación de derechos de terceros. El tribunal recordó que el decomiso no exige una trazabilidad contable absoluta, sino una vinculación razonable con los beneficios obtenidos.
La decisión también se apoyó en tratados internacionales como la Convención de la ONU contra la Corrupción, que establecen la recuperación de activos como un principio fundamental. El tribunal advirtió que restringir el decomiso puede favorecer la impunidad económica en casos de corrupción estructural.
El TOF dispuso comunicar la tasación final de los bienes a la Corte Suprema, para que evalúe su eventual destino para el servicio de justicia, e incluirlos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados.
Asimismo, instó a que los fondos recuperados se orienten a reparar el daño social, especialmente en Santa Cruz, donde la infraestructura vial quedó gravemente afectada por obras inconclusas.
El fallo lleva las firmas de los jueces Giménez Uriburu, Gorini y Basso.
Días atrás, el fiscal Diego Luciani había reiterado públicamente la necesidad de avanzar con la ejecución: “El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar”, afirmó durante un almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires, al remarcar que los condenados no cumplieron con el pago y que “hay que ir por los bienes”.
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