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En la antesala de la segunda audiencia del juicio por la denominada Causa Cuadernos, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un extenso mensaje en su cuenta de X, donde volvió a denunciar “persecución política” y cuestionó duramente el accionar de la Justicia federal.
“La reapertura acelerada de los Cuadernos truchos no tiene nada que ver con la Justicia… es agenda judicial para la distracción: si no hay pan, que haya circo”, escribió la exmandataria, quien consideró que el proceso judicial “supera los límites del lawfare” y responde a “métodos propios de las dictaduras”.
En su publicación, Fernández de Kirchner también apuntó directamente contra el fiscal Carlos Stornelli, a quien acusó de haber impulsado declaraciones obtenidas bajo presión. “A los llamados ‘arrepentidos’ habría que llamarlos ‘extorsionados’”, señaló, y citó el testimonio de un abogado defensor que denunció condiciones de aislamiento extremo para uno de los testigos protegidos.
Ya lo habíamos dicho: en esta opereta judicial de los Cuadernos truchos, a los llamados “arrepentidos” habría que llamarlos “extorsionados”.
Y la verdad… nos quedamos cortos. Porque ahora vemos que algunos de estos “extorsionados”, directamente fueron torturados.
A uno de… pic.twitter.com/zF1YhMKi0M
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 13, 2025
Además, la exjefa de Estado vinculó el avance del juicio con una estrategia mediático-judicial destinada a desviar la atención de los problemas económicos actuales. “Mientras la recesión avanza y los precios suben, intentan instalar nuevamente una causa armada para perseguir a la oposición política”, expresó.
Fernández de Kirchner también criticó la situación económica del país y cuestionó el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, al tiempo que sostuvo que el préstamo al gobierno de Javier Milei representa “un gran negocio para Estados Unidos” y “una forma de colonialismo financiero con cómplices locales”.
El mensaje de la exvicepresidenta generó una nueva reacción política en torno a la causa, reavivando el debate sobre la independencia judicial y el uso político de los tribunales en las investigaciones por corrupción que involucran a exfuncionarios de su gestión.
