//
La discusión en torno a las pensiones no contributivas por discapacidad volvió al centro del debate público tras una serie de medidas impulsadas a nivel nacional que, lejos de aportar certezas, profundizan la incertidumbre. En diálogo con Radio Up, Tatiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad (COPRODIS), analizó el escenario actual y planteó fuertes cuestionamientos sobre lo que definió como una posible “auditoría encubierta”.
El eje del conflicto gira en torno a la reconversión de pensiones por invalidez laboral hacia pensiones por discapacidad, un proceso que, según explicó, se encuentra en marcha pero carece de información clara, pública y accesible para los beneficiarios.
De la suspensión a la cautelar: el antecedente reciente
El punto de partida de esta situación se remonta a las auditorías realizadas durante 2025, que derivaron en la suspensión de múltiples pensiones en todo el país. Sin embargo, una medida cautelar dictada por la Justicia Federal obligó en diciembre a la restitución de esos beneficios, generando una instancia de protección para las personas afectadas.
En ese contexto, Antúnez explicó que actualmente existe una obligación para el Estado nacional de revisar nuevamente esas pensiones, aunque el procedimiento sigue siendo difuso.
“Hoy no sabemos cómo lo van a hacer, porque no hay claridad en el mensaje. Se habla de auditorías, pero no se explicitan los criterios ni los mecanismos”, señaló.
Cambio de paradigma: invalidez laboral vs. discapacidad
Uno de los aspectos centrales del debate es la diferencia conceptual entre los tipos de pensión. Mientras la pensión por invalidez laboral evalúa la capacidad de trabajo de una persona, la pensión por discapacidad se enfoca en las barreras del entorno que enfrenta.
Este cambio implica también nuevos requisitos:
- Para invalidez laboral: certificado médico oficial
- Para discapacidad: Certificado Único de Discapacidad (CUD)
Según Antúnez, este proceso de reconversión se está realizando mediante cruces de bases de datos del sistema nacional (INSS), donde se analizan variables como la situación socioeconómica, el estado de salud y la documentación disponible.
“Si la persona tiene CUD, pasaría automáticamente a una pensión por discapacidad. Pero no sabemos qué pasa en los casos donde falta documentación o cómo se evalúan esas situaciones”, advirtió.
Falta de transparencia y temor a nuevas bajas
Uno de los puntos más críticos señalados por COPRODIS es la ausencia de normativa clara. A pesar de que desde el Gobierno nacional se sostiene que no se trata de una auditoría, sino de un “proceso de análisis”, desde el sector advierten que podría derivar en nuevas suspensiones o bajas.
“Sin criterios publicados, sin procedimientos definidos, estamos ante un escenario de total arbitrariedad. Las personas no tienen herramientas para reclamar”, sostuvo Antúnez.
En esa línea, el organismo provincial solicitó formalmente que se publiquen los requisitos, criterios y pasos del proceso, además de garantizar la participación del Consejo Federal de Discapacidad, que por ley debe ser un órgano consultivo en este tipo de decisiones.
Ingresos bajos y cobertura clave
Otro de los aspectos que genera confusión social es el monto de las pensiones. Antúnez fue contundente: no superan los 300 mil pesos mensuales, una cifra incluso inferior a una jubilación mínima.
Sin embargo, destacó que el verdadero valor del beneficio radica en el acceso al programa Incluir Salud, que garantiza cobertura médica para personas en situación de vulnerabilidad.
“Es una política de Estado de más de 15 años. Más allá del monto, garantiza derechos básicos en salud”, explicó.
Auditorías cuestionadas y denuncias judiciales
El antecedente inmediato de las auditorías también dejó un fuerte impacto institucional. En Misiones, casos como los de San Ignacio y Colonia Aurora trascendieron a nivel nacional por presuntas irregularidades graves.
Entre ellas, Antúnez recordó:
- Uso indebido de la firma de un médico, que derivó en una denuncia penal
- Participación de personas sin formación profesional adecuada
- Presencia de supuestos auditores con antecedentes judiciales
- Empresas contratadas sin sede fiscal verificable
“Todo esto fue denunciado. Pero muchas de esas causas quedaron en manos de la Justicia nacional sin avances claros”, indicó.
Estigmatización y dolor social
Más allá de lo administrativo, Antúnez hizo hincapié en el impacto social de estas políticas. Cuestionó la estigmatización que recae sobre las personas con discapacidad, muchas veces acusadas de fraude sin pruebas.
“Decir que todas las pensiones son truchas es desconocer la realidad. Hay personas postradas, sin movilidad, que dependen de este ingreso para sobrevivir”, expresó.
Al mismo tiempo, reconoció que pueden existir casos de irregularidades, pero remarcó que deben ser abordados con auditorías serias, profesionales y transparentes, sin generalizaciones.
Un Estado con responsabilidades compartidas
Finalmente, la titular del COPRODIS planteó que la problemática expone una corresponsabilidad entre Nación, provincias y municipios, pero subrayó el rol central del Estado nacional en la definición de políticas públicas.
“El gran deudor sigue siendo el Estado. Y eso incluye a todos los niveles”, concluyó.
Diputados misioneristas cuestionan al INYM por rechazar un precio de referencia para la yerba matehttps://t.co/hDkz6mfjyy pic.twitter.com/2xhPnVBU4v
— Radio Up 95.5 (@radioup955) April 9, 2026
