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El conflicto entre el sistema universitario y el Gobierno nacional suma un nuevo capítulo con el anuncio de medidas de fuerza en universidades públicas de todo el país. El reclamo está vinculado al financiamiento del sistema y al deterioro salarial que denuncian docentes y trabajadores universitarios.
El docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), analista político y secretario de la CONADU, Federico Montero, explicó que el conflicto se arrastra desde el inicio de la actual gestión nacional y que la situación presupuestaria afecta directamente el funcionamiento de las instituciones.
En declaraciones al programa “Realidad Mixta” por Radio Up, Montero sostuvo que el sistema universitario atraviesa una crisis prolongada. “Tenemos que llegar a esta situación después de un conflicto que lleva ya dos años. Desde que asumió el gobierno ha dirigido un ataque contra las universidades públicas centrado en recortar los gastos que permiten el funcionamiento y el salario de los docentes y no docentes, llevando a una pérdida de más del 35% de nuestro salario”, afirmó.
Un paro que se sentirá en todas las universidades del país
El dirigente sindical explicó que la medida de fuerza se desarrollará en el inicio del ciclo académico y tendrá impacto en todo el sistema universitario nacional.
Según detalló, la protesta se produce luego de un largo proceso de reclamos que incluyó gestiones institucionales y acciones legislativas. “No nos quedamos de brazos cruzados. Fuimos al Congreso, se sancionó una ley de financiamiento, el presidente la vetó, logramos reunir las mayorías para quebrar ese veto y la justicia ordenó que se cumpla”, señaló.
Sin embargo, aseguró que la normativa todavía no fue aplicada. “Lleva cuatro meses el Gobierno sin cumplirla, inician las clases y por eso tenemos que llevar adelante esta medida de fuerza que se va a sentir en todas las universidades públicas del país”, sostuvo.
Una brecha millonaria en el presupuesto universitario
Uno de los puntos centrales del conflicto es el desfasaje entre el presupuesto vigente y los recursos que, según el sector docente, deberían destinarse al sistema universitario.
De acuerdo con Montero, la diferencia entre lo aprobado y lo que establecía la ley de financiamiento universitario es significativa. “Entre el presupuesto aprobado y lo que necesitan las universidades para funcionar hay una diferencia de más de 4 billones de pesos”, afirmó.
El dirigente explicó que esos recursos estaban contemplados en la ley aprobada por el Congreso, pero que el Gobierno se resiste a aplicarla. “Es una ley votada por el Congreso que el presidente vetó, el Congreso reunió los dos tercios para sostenerla y la justicia ordenó que se cumpla. Hace cuatro meses que estamos esperando”, agregó.
Paritarias suspendidas y salarios en caída
El conflicto también incluye el congelamiento de las negociaciones salariales, una situación que los gremios universitarios denuncian desde el inicio de la actual administración.
Montero afirmó que el Gobierno dejó de convocar a las paritarias docentes. “Cuando arrancó el gobierno pedimos paritaria. Convocaron a varias reuniones donde ofrecieron 0% de aumento y después directamente dejaron de convocarlas”, explicó.
Según indicó, la decisión fue justificada por la falta de recursos presupuestarios. “Desde Economía les dijeron que no había plata, entonces dejaron de convocar a las paritarias”, sostuvo.
Éxodo de docentes y deterioro del sistema
El deterioro salarial comenzó a impactar en la estructura del sistema universitario. De acuerdo con datos del Consejo Interuniversitario Nacional, mencionados por Montero, alrededor de 10.000 docentes abandonaron las universidades públicas durante el último año.
El dirigente explicó que los salarios actuales dificultan la continuidad en la actividad académica. “Los que recién empiezan con una dedicación simple están cobrando alrededor de 250.000 pesos por mes y una dedicación exclusiva ronda los 1.100.000 pesos”, detalló.
La situación, afirmó, genera un impacto directo en la calidad educativa y en la investigación científica. Montero advirtió que la pérdida de docentes no solo afecta a las universidades, sino también al desarrollo del país.
Según explicó, cuando se interrumpen proyectos académicos o científicos se pierde conocimiento acumulado durante años. “No solamente se perjudica a los docentes y a los estudiantes. También se pierde conocimiento que muchas veces sirve para el desarrollo productivo, tecnológico o social del país”, indicó.
Un sistema que alcanza a millones de estudiantes
El sistema universitario argentino involucra a una población estudiantil masiva. Montero recordó que más de dos millones de estudiantes cursan en universidades públicas en todo el país, lo que convierte al conflicto en un tema de fuerte impacto social.
En ese sentido, remarcó que el reclamo trasciende los intereses sectoriales. “Esta pelea no es corporativa. La universidad pública es un derecho del conjunto de la sociedad”, sostuvo.
El dirigente también subrayó que gran parte de los profesionales del país se forman en universidades estatales. “El médico que te atiende en el hospital o en la clínica, en la mayoría de los casos se formó en la universidad pública”, ejemplificó.
Un llamado a la sociedad para defender la universidad pública
Ante el inicio de las medidas de fuerza, los gremios docentes esperan contar con el respaldo social. El dirigente de CONADU consideró que el debate sobre el financiamiento universitario debe involucrar a toda la sociedad.
“Son dos millones de estudiantes en todo el país y necesitamos el acompañamiento de la sociedad. Esta pelea es por algo que es de todos”, afirmó.
Finalmente, Montero sostuvo que el sistema universitario cumple un rol central en el desarrollo del país. “La universidad pública es demasiado importante para que quede solamente en manos de los universitarios. Tenemos que defenderla entre todos”, concluyó.
