La Cámara de Diputados de la Nación tiene en agenda un proyecto que propone modificar la Ley Pyme argentina para incorporar expresamente a las cooperativas dentro de la definición de micro, pequeñas y medianas empresas. La iniciativa, que reúne cuatro propuestas legislativas en un dictamen unificado, busca resolver dificultades administrativas que afectan el acceso de estas entidades a beneficios fiscales, financieros y productivos.
En diálogo con Radio Up, la diputada nacional por Misiones Yamila Ruiz explicó que el proyecto surgió a partir de una problemática planteada por representantes del sector cooperativo provincial, durante una reunión convocada por el ministro de Cooperativas de Misiones, Matías Vilches.
La legisladora señaló que la propuesta fue elaborada a partir de los planteos de las entidades que encontraban obstáculos para obtener o conservar el certificado MiPyME, una herramienta que permite acceder a diferentes programas y beneficios destinados al desarrollo de las unidades productivas.
El proyecto propone modificar el artículo 2 de la Ley 24.467, que regula el régimen de pequeñas y medianas empresas, para incluir de manera expresa a las cooperativas dentro de esa categoría, siempre que cumplan con los parámetros objetivos que establece la normativa.

Qué cambiaría con la modificación de la Ley Pyme
Uno de los principales puntos de la iniciativa es reconocer que una cooperativa también puede tener la dimensión económica de una micro, pequeña o mediana empresa, independientemente de su naturaleza jurídica.
Ruiz explicó que la categorización se determinará mediante criterios como el volumen de facturación, el valor de las ventas, los bienes afectados al proceso productivo y la cantidad de trabajadores.
De esta manera, las cooperativas podrían ser reconocidas como unidades productivas dentro del régimen Pyme sin perder su identidad jurídica ni modificar su funcionamiento institucional.
La diputada remarcó que las entidades continuarían reguladas por la Ley 20.337 de Cooperativas, conservando sus principios, estructura y finalidad. La modificación apunta a reconocer su dimensión económica para que puedan acceder a políticas públicas destinadas a las pequeñas y medianas empresas.
El certificado MiPyME, uno de los principales obstáculos
El origen del proyecto está vinculado con las dificultades que enfrentaban distintas cooperativas para obtener el certificado MiPyME.
Según explicó Ruiz, algunas entidades habían accedido a esta herramienta mediante resoluciones administrativas de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. Sin embargo, los cambios en los requisitos generaron inconvenientes para mantener la certificación.
Uno de los problemas señalados aparece cuando una cooperativa tiene entre sus integrantes a organizaciones que, por su naturaleza jurídica, no pueden obtener individualmente el certificado.
La legisladora mencionó como ejemplo a las Escuelas de la Familia Agrícola (EFA). En Misiones existen cooperativas que tienen entre sus asociados a estas instituciones educativas, que no pueden acceder al certificado MiPyME por su propia condición jurídica.
Bajo los criterios administrativos mencionados durante la entrevista, si uno de los integrantes no cuenta con esa certificación, la cooperativa puede quedar excluida del sistema y perder el acceso a los beneficios correspondientes.
La modificación legislativa busca establecer un reconocimiento expreso de las cooperativas dentro de la Ley Pyme y dar mayor previsibilidad a su acceso a estas herramientas.
Qué beneficios podrían recibir las cooperativas
La incorporación al régimen de pequeñas y medianas empresas permitiría a las cooperativas acceder al certificado MiPyME y, a partir de allí, a distintos instrumentos de asistencia y promoción económica.
Entre los beneficios mencionados por Ruiz durante la entrevista se encuentran:
- Financiamiento y créditos: acceso a líneas de crédito y programas de financiación para incorporar maquinaria, ampliar plantas productivas, comprar equipamiento y cubrir necesidades de capital de trabajo.
- Beneficios impositivos: herramientas vinculadas al tratamiento del IVA, la compensación del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios con Ganancias y otros beneficios fiscales.
- Contribuciones patronales: acceso a alícuotas diferenciales o reducidas en las contribuciones destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de acuerdo con las condiciones del régimen.
- Trámites ante ARCA: prioridad en determinadas gestiones vinculadas con saldos a favor.
- Operaciones bancarias: acceso a beneficios y exenciones contemplados para las empresas categorizadas como MiPyME.
- Comercio exterior: condiciones favorables en determinadas operaciones de importación y exportación, incluidas reducciones o exenciones de derechos de exportación cuando corresponda.
La diputada hizo especial hincapié en la importancia que estos instrumentos podrían tener para las cooperativas vinculadas con las economías regionales de Misiones, particularmente las dedicadas a la actividad yerbatera, tealera y forestoindustrial.
En esos sectores, el acceso a herramientas financieras e impositivas puede incidir en la capacidad de inversión, el sostenimiento de la producción y la continuidad de las operaciones comerciales.
Misiones tiene 553 cooperativas alcanzadas por la iniciativa
Durante la entrevista, Ruiz dimensionó el alcance que tendría la modificación normativa para el entramado cooperativo nacional y provincial.
De acuerdo con los datos mencionados por la legisladora, en Argentina existen alrededor de 18.000 cooperativas, mientras que Misiones cuenta actualmente con 553 entidades vigentes.
La provincia ocupa el noveno lugar entre las jurisdicciones del país en cantidad de cooperativas, según el tablero estadístico del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Ruiz destacó el peso que tiene este sector en la estructura económica misionera y recordó que en 2010 se creó el Ministerio de Cooperativas, una decisión que otorgó jerarquía institucional a una actividad considerada estratégica para el desarrollo provincial.
En ese sentido, sostuvo que las cooperativas representan actores fundamentales para la producción, el empleo, las economías regionales y la integración territorial.
El impacto potencial de la reforma comprende tanto a las entidades vinculadas con actividades agroindustriales como a aquellas que desarrollan servicios y otras actividades productivas.

Un dictamen con respaldo de distintos bloques políticos
Otro de los aspectos abordados por la diputada fue el recorrido legislativo de la iniciativa.
El proyecto de su autoría forma parte de un dictamen unificado que reúne cuatro propuestas de ley. Ruiz destacó que durante el tratamiento en comisión hubo firmas de representantes de distintos bloques políticos, lo que consideró una señal favorable para su aprobación.
La legisladora afirmó que existía un compromiso de acompañamiento de diferentes espacios de la Cámara de Diputados y expresó sus expectativas de que ese respaldo se repitiera durante el debate en el recinto.
También señaló que mantuvo reuniones con otros legisladores para explicar los alcances de la propuesta y la importancia que tendría para Misiones.
La iniciativa aparece así como una respuesta legislativa a un reclamo del sector cooperativo, que busca contar con reglas más estables para acceder a instrumentos de promoción económica.
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