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La discusión sobre la reforma del Código Penal argentino volvió al centro de la agenda jurídica y ambiental. En el programa “Arriba la radio” por Radio Up, el ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones y ex delegado decanal de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe, Juan Manuel Díaz, analizó en profundidad el proyecto de actualización impulsado por el juez Mariano Borinsky y destacó la “deuda histórica” que el país mantiene en materia de delitos ambientales.
La Argentina, recordó Diaz, es uno de los tres países de Latinoamérica que carece de una legislación penal específica y autónoma para proteger el ambiente, junto con Cuba y Uruguay. Díaz enmarcó la discusión en un contexto global: “Hoy vivimos lo que Naciones Unidas llama una triple crisis planetaria: contaminación, pérdida de biodiversidad y cambio climático”.
En ese escenario, la actualización del Código —vigente desde 1922— aparece como una oportunidad estratégica para adaptar las normas penales a los desafíos ambientales contemporáneos.
Un Código Penal centenario frente a una sociedad completamente distinta
El ministro del STJ de Misiones recordó que el Código Penal argentino es una estructura jurídica con más de 100 años de vigencia, elaborado en un contexto social, económico y ambiental totalmente diferente al actual. “La sociedad evolucionó y se transformó en múltiples aspectos, especialmente en lo ambiental”, sostuvo Juan Manuel Diaz en Radio Up.
Desde su sanción, las problemáticas ambientales se multiplicaron: incendios forestales, pérdida acelerada de biodiversidad, deforestación, contaminación hídrica y atmosférica, degradación de humedales y expansión desordenada de actividades productivas. Sin embargo, el marco penal se mantuvo prácticamente intacto, sin tipificación específica.
Díaz destacó que hoy se castiga —de manera fragmentada— solo a la fauna silvestre, mediante la ley 22.421, pero la normativa “protege al animal individual, no al hábitat”, lo que genera un vacío grave: “El delito de deforestación no existe en nuestro marco normativo. El apeo ilegal es solo una infracción administrativa”, explicó.
En otras palabras: se protege al animal, pero no se protege el ecosistema que permite su existencia.
El proyecto Borinsky: capítulo ambiental y un salto conceptual
El anteproyecto de reforma del Código Penal, presentado en Misiones por el juez Mariano Borinsky, incluye por primera vez un capítulo especial dedicado a los delitos ambientales. Juan Manuel Díaz participó de aquella jornada en la Legislatura junto a la presidenta del STJ, ministros, procuradores, funcionarios judiciales y legisladores.
El magistrado valoró que la iniciativa introduce coherencia normativa y permite proteger bienes colectivos que hasta ahora no tenían tutela penal. Entre los ejes destacados, mencionó:
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Tipificación de la contaminación ambiental con penas severas.
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Inclusión del incendio de naturaleza como delito autónomo.
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Penalización del daño a humedales, hoy usualmente ignorado.
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Aumento sustancial de sanciones por caza furtiva y tráfico ilegal de especies.
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Nuevas penas para el aprobado ilegal de flora nativa.
Para Díaz, es un cambio acorde a estándares internacionales y necesario para enfrentar delitos que hoy no están reflejados en la legislación.
Penas previstas: de 8 a 15 años para los delitos más graves
El ministro del STJ detalló las penalidades contempladas en el proyecto, tomando como referencia las figuras más relevantes:
Delito de contaminación
Modelo tomado del Código Penal español.
Pena: hasta 15 años de prisión, aumentada si:
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Hay peligro para la salud humana.
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Se afecta un área natural protegida.
Incendios ambientales
Pena: hasta 10 años cuando se produzca “daño grave” a bosques, humedales, arbustales o pastizales.
Hoy solo es delito si afecta bienes de personas.
Humedales
Se sanciona el relleno, obstrucción o desvío, frecuente en desarrollos inmobiliarios y obras de infraestructura.
Caza furtiva
Penas actuales: de 1 mes a 1 año; y hasta 3 años en casos agravados (por ejemplo, matar un yaguareté).
Proyecto: hasta 8 años de prisión, lo que impediría la condicional en muchos casos.
Apeo ilegal de flora nativa
Pena: hasta 9 años cuando se trate de especies protegidas, como palo rosa o lapacho negro.
Díaz subrayó que para Misiones —“capital nacional de la biodiversidad” y única reserva de selva paranaense del país— esta reforma es particularmente trascendental.
La urgencia de un debate federal: provincias, justicia y academia
El ministro Diaz remarcó que los delitos ambientales, de aprobarse, serán abordados principalmente por las provincias, debido a que la gran mayoría no son de competencia federal.
Esto exige que el debate sea:
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Federal, con participación de todas las jurisdicciones.
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Interdisciplinario, incluyendo científicos, ingenieros forestales, bioquímicos, sedafólogos y especialistas ambientales.
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Institucional, con participación del Poder Judicial, legislaturas y organismos ambientales.
“No se puede abordar desde una sola disciplina. Se necesitan miradas múltiples para producir la prueba que requiere un juez”.
También anticipó que los poderes judiciales deberán fortalecer equipos técnicos y laboratorios, ya que muchas conductas que hoy no constituyen delito requerirán pruebas complejas para determinar responsabilidad penal.
Antecedentes y posibilidades de consenso
Juan Manuel Díaz recordó que las reformas integrales de los grandes cuerpos normativos son procesos largos y complejos. Citó como ejemplo el Código Civil y Comercial, reformado recién en 2012 tras más de 150 años. El Código Penal tuvo intentos frustrados:
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Proyecto Zaffaroni (2008).
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Primer proyecto Borinsky (2017).
Por eso, el ministro del STJ de Misiones llamó a un proceso serio de diálogo: “Alcanzar consensos cuesta trabajo, pero vale la pena. Se trata de una norma central para la organización de la sociedad”.
La dimensión ética: proteger “la casa común”
En el tramo final, Juan Manuel Díaz citó al papa Francisco: “El hombre es un elemento de la naturaleza, no algo excluido de lo natural”.
Y concluyó que la reforma del Código Penal no solo debe ser vista como un mecanismo sancionatorio, sino como una herramienta ética para proteger la casa común, fortaleciendo la conciencia y la responsabilidad ambiental de toda la sociedad.
