Así lo manifestó Fernando Acosta, abogado de los productores misioneros, en diálogo con Radio Up 95.5. Además, expresó su preocupación y descontento con la decisión del gobierno provincial de extender por cinco años el uso del glifosato en Misiones.
La medida, según Acosta, ha sido recibida con indignación y resistencia por parte de los productores locales, quienes sienten que sus derechos y métodos de producción están siendo arbitrariamente restringidos.
En este sentido, uno de los principales puntos de crítica señalados por Acosta es la falta de claridad en las regulaciones impuestas.
“No se establecen límites en el sentido de que no se sabe qué cantidad no van a dejar útil, qué cantidad se le va a dejar utilizar, en cuántas hectáreas se va a poder aplicar el producto”, explicó. Esta falta de información precisa deja a los productores “atados a una decisión totalmente arbitraria por parte del Poder Ejecutivo”.
Además, Acosta destacó que esta medida ha sido percibida como una intervención excesiva del Estado en la producción agrícola. “Esto crea más inseguridad, significa una intervención que nunca se había dado del Estado en la producción”, argumentó, añadiendo que la medida “se mete en el trabajo del productor y es más grave todavía”.
Frente a estas medidas, Acosta mencionó que se están considerando acciones legales. “Estamos evaluando la inconstitucionalidad de todo esto”, afirmó. Una de las áreas más polémicas es el artículo 3 del decreto, que según Acosta, establece requisitos y limitaciones que ni siquiera están previstos en la ley. “Crea más controles y exige otros requisitos, como el estudio de impacto ambiental, que es carísimo. Estamos hablando de cinco o seis millones de pesos que vale ese estudio”, puntualizó.
Leé también: Polémica por el glifosato | “Priorizamos la salud de los misioneros, pero escuchamos el reclamo del sector productivo”
El abogado también criticó la burocracia adicional que estas regulaciones imponen. “Nuestra Constitución provincial tiene una directriz que dice que el Poder Ejecutivo y Legislativo tienen que evitar la burocracia y esto están creando más burocracia, más controles, más intervención del Estado”, señaló Acosta, enfatizando que esta situación va en contra de las políticas del Gobierno Nacional que abogan por un menor intervencionismo en el mercado.
En tanto, Acosta subrayó el impacto económico negativo que estas regulaciones tendrán en los productores. “Esto significa más gasto. Es carísimo ese estudio de impacto ambiental y hay que presentarse en el Ministerio de Ecología, en el Ministerio del Agro y en Salud Pública”, detalló, criticando la carga burocrática y económica que se impone a los productores.
Además, señaló que estas medidas no solo afectan la economía de los productores, sino también su capacidad de producción. “¿Qué sabe el Estado cuánto es la cantidad del producto que se necesita para las plantaciones? No sabe nada, es una barbaridad”, concluyó Acosta.
